A diez años de haber dejado la Vicepresidencia de la República que compartió con Rafael Correa y a casi dos de ser reemplazado como presidente del Ecuador, Lenin Moreno enfrenta los días más complicados de su paso por la función pública. Él, su esposa, su hija, dos hermanos, dos cuñadas y un amigo son parte de una lista de 37 personas procesadas penalmente por el delito de cohecho en el caso Sinohydro.

Moreno pasó a tener la calidad de procesado el 5 de marzo pasado. Ahora está en el mismo lugar que han estado sus excompañeros de fórmula Rafael Correa: en junio de 2018 por el plagio de Fernando Balda y en agosto de 2019 en el caso Sobornos 2012-2016; Jorge Glas: desde septiembre de 2017 vinculado al caso por asociación ilícita Odebrecht y en agosto de 2019 parte del proceso penal por el caso Sobornos por el delito de cohecho; y, María Alejandra Vicuña: a quien en mayo de 2019, se le formularon cargos por el delito de concusión en un caso sobre “diezmos”.

Lenín Moreno llegó al Gobierno en mayo de 2017 tras la gestión de su amigo y compañero de partido Rafael Correa. Pero poco después mantuvo una agria polémica sobre el endeudamiento y el enorme déficit fiscal que había heredado y fue acusado de traición por parte del exgobernante (2007-2017).

Lenin Moreno se califica como un “perseguido” de sus exaliados correístas. El exmandatario dice tener claro que el proceso penal que se le abrió formalmente con una instrucción de 90 días y con la orden de presentarse cada quince días en la secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional es solo la última parte de una persecución que enfrenta desde que ingresó al poder y rescató bienes mayores como la libertad, la democracia, la institucionalidad, la independencia de funciones, la libertad de expresión y que cesen las persecuciones políticas.

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Desde el 18 de agosto de 2021 Moreno y su esposa, Rocío González, también procesada en el caso Sinohydro, no se encuentran en el país. Ambos viajaron por motivos familiares y de trabajo a Miami, Estados Unidos, y luego se conoció que desde finales de enero de 2022 se radicó en Asunción, Paraguay, para liderar la oficina del Comisionado para Asuntos de Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Para agosto de 2021, el exmandatario tenía ya encima la avanzada investigación previa de lo que en ese momento se conocía como el caso INA Papers y hoy la Fiscalía lo denomina caso Sinohydro.

En este caso la Fiscalía analiza la existencia de una red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quede con la construcción de Coca Codo Sinclair.

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Dentro de esa red, ha dicho Diana Salazar, la fiscal general del Estado, como vicepresidente Moreno intervino de manera decisiva para concretar la obtención del crédito y solucionar los impases o malentendidos que existían en relación al financiamiento para la megaobra de la Revolución Ciudadana.

El expresidente Lenín Moreno en la mira de Fiscalía por su participación ‘decisiva’ en el caso Sinohydro; habría concretado la obtención de un crédito y solucionó ‘malentendidos’

Pero el caso Sinohydro, no era el único que tenía Moreno al momento de dejar Ecuador en 2021. Al menos otros tres hechos fueron denunciados en la Fiscalía en 2021 en los que el expresidente aparece como uno de los sospechosos. Dos temas más fueron denunciados en 2022, cuando ya Lenín Moreno estaba en Paraguay. En todas estas causas existen indagaciones que aún se mantienen bajo reserva al estar en etapa previa y no se han formulado cargos.

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Delitos de lesa humanidad por hechos de octubre de 2019

En marzo de 2021, el entonces defensor del Pueblo, Freddy Carrión, sentenciado a tres años de cárcel por el delito de abuso sexual, presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad ocurridos supuestamente durante las protestas registradas en octubre de 2019. El principal sustento de la acusación: un informe de la denominada Comisión de la Verdad, establecida por la propia Defensoría del Pueblo, señalaba presuntas graves violaciones a los derechos humanos de quienes participaron en las protestas de octubre de 2019, las cuales se produjeron luego que el gobierno de Moreno emitió un decreto que elevaba el precio de los combustibles.

Carrión sostuvo que la gravedad de los elementos encontrados por la Comisión generaban indicios de responsabilidad suficientes sobre delitos de lesa humanidad. La denuncia apuntó no solo a Moreno, como presidente. También alcanzó a los entonces ministros de Gobierno y Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, respectivamente, y la cúpula policial que estaba al frente de las protestas.

Al mes siguiente, dos denuncias más se colocaban contra quien en ese momento ya era ex primer mandatario. La primera de ellas fue planteada el 14 de junio por el entonces asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Fausto Jarrín, mientras que la segunda fue interpuesta el 30 de junio por Carlos Soria a favor del sueco Ola Bini. En ambos casos se coincidía en el pedido para que la Fiscalía investigue a Moreno, a la exministra Romo y a miembros de la Policía Nacional.

La denuncia de Jarrín buscaba que se indague además de todos los señalados a las Fuerzas Armadas por una supuesta entrega de gases lacrimógenos y proyectiles de distintos tipos para el uso de la fuerza pública boliviana contra la población civil y la participación en el golpe de Estado en Bolivia en 2019.

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“Presentamos la denuncia por haberle entregado, sin ninguna justificación, pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines al gobierno de facto de Jeanine Áñez (en Bolivia) en 2019. Con lo cual claramente el gobierno de facto reprimió a la ciudadanía en Bolivia, como la entonces ministra Romo reprimió a la ciudadanía en Ecuador en octubre de 2019″, explicó Jarrín.

Sobre este tema, la entonces comandante de la Policía, general Tannya Varela, en una versión aseguró que la Policía de Ecuador prestó a su similar en Bolivia en 2019, como parte de la cooperación internacional existente, armamento no letal, como gases lacrimógenos, pero no municiones ni material de guerra.

Ola Bini y su denuncia ante un posible fraude procesal

Por su parte, la defensa de Bini presentó una denuncia para que se investigue un supuesto fraude procesal. Según Soria, en el proceso por el delito de acceso no consentido a un sistema informático se inventaron las pruebas para acusar penalmente al programador. En febrero pasado, de forma unánime Ola Bini fue declarado inocente por un Tribunal de Pichincha que señaló falta de pruebas que lo involucren.

Ola Bini plantea denuncia por fraude procesal, un día después de que fue llamado a juicio por acceso no consentido a un sistema informático

Soria, quien ha dicho que la causa contra el programador de 39 años fue una persecución con tintes políticos, asegura que existen las evidencias del delito que habría ocurrido y por el que pide a la Fiscalía investigue desde el entonces presidente Moreno, la hoy exministra Romo, hasta el policía que participó en las acciones que llevaron a la detención de Ola Bini el 11 de abril de 2019.

“La Fiscalía debe investigar a todas las personas que conllevaron al arresto ilegal y arbitrario de Ola Bini. (...) Será tarea de la Fiscalía determinar quiénes fueron los autores, cómplices y encubridores. Nosotros lo que hacemos es la denuncia del hecho con base en la evidencia que tenemos, evidencia documental certificada por la misma Policía Nacional”, apuntó Soria.

Moreno señalaba haber visto las acusaciones en su contra y decía de ellas que “cada una es más torpe que la otra”. Pese a ello y a que el ex primer mandatario aseguraba que las denuncias contra él no tenían ningún asidero, la Fiscalía abrió una nueva investigación previa. Esta vez por el delito de peculado, ante una denuncia de la asambleísta del correísmo Pamela Aguirre.

Nuevas denuncias desde la Revolución Ciudadana

La legisladora aseguraba que en el mandato del presidente Moreno desaparecieron más de 8.000 bienes del museo del Palacio de Carondelet e indicaba que el mandatario no había registrado ni entregado los obsequios que recibió como presidente. Todo apuntaba a Moreno, debido a que, a decir de Aguirre, él debía ser el encargado de “salvaguardar los bienes públicos”.

Respecto a este caso, el exmandatario ha referido que son “fanáticos de la revolución ciudadana” quienes inventaron el cuento de que habían desaparecido bienes patrimoniales. Como parte de esta investigación, la Fiscalía ha realizado allanamientos en el departamento de Moreno en Quito y en el Palacio de Carondelet, en el centro histórico de la capital.

Ronny Aleaga, también legislador del correísmo, el 5 de mayo de 2022 pidió a la Fiscalía que investigue a Lenín Moreno dentro de la trama de corrupción por la supuesta repartición de hospitales en Ecuador. A esa lista de sospechosos se incorporaba nuevamente a la exministra Romo, al exlegislador por la provincia de Manabí Daniel Mendoza, entre otros entonces funcionarios públicos.

Un total de 28 anexos con la desmaterialización de chats encontrados en dispositivos electrónicos del exlegislador Mendoza, condenado por el delito de delincuencia organizada relacionado con el proyecto de construcción del hospital de Pedernales, servirían de base para que se indaguen hechos que podrían configurar un posible tráfico de influencias. Según Aleaga, en los chats desmaterializados estaban en comunicación la ministra Romo, el legislador Mendoza y el presidente Lenín Moreno.

Hace poco, el actual abogado de Lenín Moreno, David Meza, reconocía no haber hablado de las otras investigaciones previas que podría mantener su cliente, pues ha sido nombrado directamente para ejercer en el caso Sinohydro. De lo poco que conoce de estas indagaciones, apunta, ellas no habrían avanzado y se encontrarían en “stand by”.

A Lenin Moreno y su esposa se les ha negado la revisión de la medida cautelar de presentación periódica cada quince días que se les dispuso luego de la formulación de cargos. Lo que se pretendía es que se las cambie la presentación periódica en la secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional por la presentación periódica en la Embajada de Ecuador en Paraguay.

Ese planteamiento fue negado, pese a que de forma insistente Moreno y su defensa señalaron que situaciones graves de salud podrían darse si realizaba un viaje aéreo dos veces por mes para cumplir la disposición judicial.

Al momento el expresidente, su esposa, su hija Irina Moreno y al menos otros cinco procesados no habrían cumplido las medidas dispuestas en esta causa, por lo que se está a la espera de que la Fiscalía solicite una audiencia de revisión de medidas para, ante el incumplimiento, se emita una orden de prisión preventiva, lo que podría desembocar en que se pida una difusión roja a la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que se ubique y detenga al exmandatario, su pareja y a las demás personas identificadas en el incumplimiento. (I)