Estos son los roles que habrían mantenido los cuatro acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, según las hijas del presidenciable victimado

Para Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del candidato presidencial asesinado en 2023, Fernando Villavicencio, la intervención directa o indirecta en el crimen de parte de José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo habría sido determinante para la planificación, coordinación y ejecución del asesinato, al estilo sicariato, dentro de un esquema delictivo que evidencia un alto grado de organización y reparto de funciones, propio de estructuras criminales complejas.

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El próximo 18 de noviembre, quienes aseguran ser “víctimas indirectas” del asesinato producido el 9 de agosto de 2023 contra el político y periodista de 59 años deberán acercarse a la judicatura de la jueza Luz María Ortiz para que reconozcan su firma y rúbrica en la acusación particular que hacen dentro del caso Magnicidio FV contra Serrano, Jordán, Aleaga y Salcedo, los cuatro acusados de ser los posibles autores intelectuales del crimen perpetrado contra el presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye.

En el escrito presentado por la defensa de las hijas de Villavicencio para pedir que sean formalizadas como acusadoras particulares se resalta el poder político de los acusados José Serrano y Ronny Aleaga, ambos vinculados al movimiento político Revolución Ciudadana (RC). José Serrano fue ministro del Interior y de Justicia en el gobierno de Rafael Correa, y Ronny Aleaga, exintegrante de Latin King, fue legislador por UNES, una coalición política de la cual fue partícipe la RC.

Según la parte acusadora, las diligencias practicadas dentro del proceso, que incluyen interceptaciones telefónicas, informes periciales, versiones, testimonios anticipados y análisis de vínculos financieros y comunicacionales, habrían permitido identificar la existencia de actos de preparación y concertación previa entre los procesados, evidenciando un plan común orientado a la eliminación física de Fernando Villavicencio.

Estos actos, se aclara, incluirían coordinaciones logísticas, provisión de recursos económicos y materiales, y el intercambio de información sensible sobre los desplazamientos y rutinas del candidato presidencial, lo cual demuestra un grado de planificación incompatible con una acción espontánea o aislada.

“De las versiones, testimonios anticipados, pericias de análisis forense de dispositivos electrónicos, informes de tráfico y metadatos de comunicaciones, extracción legal de chats, se verifica que los aquí procesados mantuvieron comunicaciones constantes, dirigidas, orientadas y funcionales entre sí y con terceros operadores, comunicaciones que permitieron la planificación, preparación, coordinación, ejecución y posterior aseguramiento del crimen”, afirman Tamia y Amanda Villavicencio en un escrito en el que describen, entre otras cosas, la intervención de cada uno de los procesados hasta el momento como autores intelectuales.

Los roles establecidos en el hecho, según la acusación particular

José Ricardo Serrano Salgado, exministro de Justicia y del Interior de Rafael Correa, exlegislador y expresidente de la Asamblea Nacional

En lo que a este procesado respecta, señalan las víctimas, los testimonios, actas de versiones y registros de contacto con personal policial confirmarían que mantuvo dominio estratégico sobre segmentos de la Policía Nacional, particularmente en unidades vinculadas a la seguridad y contrainteligencia, lo que permitió desviar, obtener y transferir información reservada sobre el esquema de protección de la víctima.

Este acceso ilegítimo y su distribución hacia la estructura criminal no fue accidental, sino sistemática, dirigida y reiterada, lo cual permitió identificar las vulnerabilidades y puntos críticos de exposición de la víctima, constituyendo un aporte estructural y decisivo para la ejecución del atentado.

Daniel Josué Salcedo Bonilla, sentenciado a más de 34 años de cárcel por cometer delitos de corrupción en la venta de insumos médicos y manipular la justicia

Según las “víctimas indirectas”, las pericias financieras y dispositivos electrónicos analizados demostrarían que intervino como administrador de financiamiento ilícito y mecanismos de ocultamiento contable, y que sus comunicaciones se encuentran alineadas temporal y funcionalmente con la fase de preparación del crimen. Las pericias de chats de mensajería y llamadas evidenciarían coordinación logística para pagos, movimiento de recursos y sostenimiento operativo, confirmando su rol de coautor mediato indispensable.

Ronny Xavier Aleaga Santos, exasambleísta por la provincia del Guayas de la RC, exintegrante de la pandilla conocida como Latin King y llamado a juicio en el caso Metástasis

La acusación particular refiere que los chats periciados del caso Metástasis, los testimonios y registros documentales acreditan que actuó como articulador territorial y garante de impunidad, coordinando conexiones entre actores políticos, operadores penitenciarios y estructuras delictivas, asegurando que la ejecución del crimen no enfrentara resistencia institucional y que, posteriormente, se mantuviera protegida frente a investigaciones o filtraciones.

El análisis comunicacional mostraría mensajes directos orientados al aseguramiento de “protección” y “control” después del hecho, lo que confirma su rol como partícipe esencial que permitió la estabilidad del plan criminal. Se afirma que existe claramente un vínculo político entre los acusados, sobre todo entre el exlegislador Aleaga y el exministro José Serrano.

Xavier Edmundo Jordán Mendoza, quien mantiene un llamado a juicio en suspenso en el caso Metástasis y es investigado por un supuesto acto de corrupción en la venta de insumos médicos a casas de salud pública.

A decir de Amanda y Tamia Villavicencio, los chats anexados a esta causa, testimonios anticipados que confirmarían videollamadas y coordinaciones digitales, demostrarían que indujo, promovió y aceleró la decisión criminal, actuando como instigador directo y facilitador operacional. Se indica que sus comunicaciones referirían directamente la necesidad de neutralizar a la víctima por razones retaliatorias y de protección económica.

Posteriormente, como se encuentra documentado, dicen las acusadoras particulares, el hoy procesado las hostigó e intimidó, lo cual evidenciaría la persistencia del dolo y riesgo procesal vigente. La trazabilidad comunicacional que ha sido informada por testigos protegidos, versiones y pericias confirmaría la existencia de un plan unitario, no fragmentado ni espontáneo, sino estructurado, deliberado y ejecutado de forma progresiva.

“En consecuencia, la participación de los procesados no es accidental, secundaria ni circunstancial, sino que corresponde a una coautoría convergente, donde Serrano ordenó seguimientos a la víctima y debilitó deliberadamente la protección del candidato presidencial, valiéndose de su influencia en filas policiales. Salcedo ordenó y realizó seguimientos, administró recursos económicos y logística del magnicidio. Aleaga fungió como nexo entre los grupos de delincuencia organizada y buscó el silenciamiento político de Villavicencio. Jordán instigó, articuló y activó la fase ejecutiva. Todos orientados hacia un mismo resultado lesivo previamente decidido, la eliminación de Fernando Villavicencio”, concluyeron. (I)