La Procuraduría General del Estado (PGE), como instancia responsable del proceso de ejecución del caso Sobornos 2012-2016, logró que un total de 51 bienes ubicados en el cantón Guayaquil a nombre de ocho de los 20 sentenciados por el delito de cohecho pasivo agravado sean comisados y pasen al poder del Estado ecuatoriano.