Juicio del caso Triple A se reinstaló contra Aquiles Alvarez y otros 21 procesados

En la reinstalación del 21 de marzo se dará paso a la práctica de la prueba con la presentación de los testigos anunciados por Fiscalía.

Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, empieza su exposición señalando que resulta imposible la defensa si representado no se encuentra de manera presencial en la audiencia. Dice que la Fiscalía imputó un delito en específico pero que existe falta de entendimiento por parte de esta institución sobre el delito que acusa al alcalde de Guayaquil. García refuta que en este caso no existe un solo comprador ordenado, pues al tratarse de comercialización debe haber un comercializador y un comprador y eso evidencia, dice, que no se ha encontrado una sola transacción ilícita. La defensa de Alvarez sostiene que el procesado era representante legal de tres comercializadoras y que ninguna de las estaciones de servicio en frontera pertenecen a Aquiles Alvarez. Agrega que todo el combustible que se comercializó a través de las empresas de Alvarez provino de Petroecuador. Ramiro García enfatiza que se comprobará que la cadena de distribución de combustible en los sectores automotriz, industrial y naviero es controlada de principio a fin por la ARCH, que no hay una sola transacción ilícita, que todas las actuaciones de Aquiles Alvarez fueron en derecho y que no hay elementos para que se le impute responsabilidad penal.

Ernesto Pazmiño, abogado de Fausto Vinicio Vaca, señala que los hechos que se le imputan no se configuran en el ámbito penal sino que son hechos administrativos. Recalca que Fiscalía está lejos de establecer conductas penalmente relevantes en contra de Vaca. “¿Cuál es el delito que realmente acusan?”, cuestiona. Diego Chimbo, abogado de Raúl Arnoldo Zambrano, dice que probará que defendido no tiene ninguna participación en este delito y que demostrará la inocencia de su defendido. Xavier Chimbo abogado de Juan Carlos Arias también dice que su defendido es inocente

María Estrella, defensa de Gloria María Salazar y Rosa Ortiz González, señala que hay información tributaria incorrecta y que no participaron de la comercialización, almacenamiento y distribución de combustibles y que sus operaciones fueron lícitas. Y que no existirán bases para demostrar la participación de sus defendidas en este delito, por lo que se deberá ratificar la inocencia de las procesadas. El abogado de Édgar Moisés Flores, Joan Paul Egred, señala que la acusación de Fiscalía es insuficiente, carece de sustento y que su defendido no ha sido parte de ninguna estructura criminal. María Gabriela Galárraga, abogada de Olga Cecilia Ortega, considera que su defendida no ha incurrido en ninguno de los hechos que acusa Fiscalía, la cual, señala, confunde un hecho administrativo con un caso penal. Sostiene que la acusación de fiscalía se basa en presunciones y conjeturas y no se individualizó la presunta participación de su representada.

Oswaldo Piedra, abogado de Juan Leonicio Araujo, dice que la teoría del caso de la Fiscalía es confusa y obscura y que no se probarán las supuestas irregularidades que señala Fiscalía y se deberá ratificar la inocencia de su defendido. Jefferson González, abogado de la empresa Harsajudi, resaltó que la compañía tenía los permisos correspondientes para la comercialización de combustibles y que las ventas fueron efectuadas en el segmento automotriz con normalidad y dijo que se deberá ratificar el estado de inocencia. Freddy Benavides, abogado de María Elisa Criollo, dice que se la acusa no por lo que hizo sino por el cargo que ocupó por un corto periodo y que su conducta fue irrelevante pues no participó en la comercialización, almacenamiento, transporte de hidrocarburos.