Hay un riesgo que rara vez se menciona en los análisis políticos, en los debates electorales o en las evaluaciones de gestión gubernamental. No es el riesgo de perder una elección, de hundir la economía o de quedar mal ante la historia. Se trata de algo más elemental: el riesgo de morir.
Gobernar en el mundo actual es también un acto de valentía física.
El atentado contra Donald Trump en la campaña de 2024 sacudió al mundo, porque reveló la vulnerabilidad del poder. Y esta semana, volvió a ocurrir, y con Trump en funciones.
Si el presidente de EE. UU. –el mandatario más protegido del planeta, rodeado del aparato de seguridad más sofisticado de la historia– puede convertirse en blanco de un francotirador en plena luz del día, ¿qué podemos decir del resto de líderes del mundo?
La respuesta es incómoda: que viven, en mayor o menor medida, con esa posibilidad siempre presente.
La violencia política no es un fenómeno nuevo. El siglo XX ya estuvo marcado por el asesinato de presidentes, primeros ministros y líderes de todo signo. Pero algo ha cambiado en las últimas décadas; el crimen organizado y la delincuencia transnacional han añadido una dimensión nueva y devastadora a esa amenaza.
Ya no se trata solo de la violencia ideológica del fanático solitario. Se trata de estructuras criminales con capacidad de fuego, inteligencia propia y disposición para atacar al Estado en su cabeza más visible, y con presupuestos ilimitados.
En países como Ecuador, esta realidad es mas crítica. El combate frontal contra el crimen organizado, asumido con determinación por el Gobierno actual, ha convertido el ejercicio de la Presidencia en una apuesta que va mucho más allá de lo político: en un oficio peligroso.
Gobernar implica recibir amenazas directas, moverse entre esquemas de seguridad que recuerdan más a una zona de guerra que a una democracia en paz, y saber que cada decisión firme contra las estructuras criminales puede tener un costo personal devastador.
Los aparatos de seguridad que rodean a los mandatarios en estas circunstancias son gigantescos y necesarios. Pero también son un síntoma de algo profundamente perturbador: que el Estado debe blindar a sus propios representantes para que puedan ejercer la función para la cual fueron elegidos.
Vale la pena detenerse en esto. Más allá del juicio que merezca cada gobernante –sus aciertos, sus errores, sus promesas cumplidas o incumplidas–, hay una dimensión que con frecuencia ignoramos: la dimensión humana del riesgo. Quien acepta presidir un Gobierno, ya sea nacional o seccional, pone en riesgo algo más que su reputación o su carrera; pone en riesgo su vida y la seguridad de su familia, con la altísima carga psicológica que supone. Y ello merece reconocimiento. No es adulación ni demagogia. Es justicia intelectual.
En un mundo donde la violencia acecha al poder con mayor audacia que nunca, asumir la primera magistratura de un país es un acto que, independientemente de los resultados, exige, cuando menos, esa cuota de reconocimiento que la sociedad pocas veces otorga. (O)
