El proceso para sustanciar la remoción del alcalde Aquiles Alvarez arrancó con las primeras reuniones de la Comisión de Mesa.
Esta instancia cantonal, que analizará las denuncias, verificará la legitimidad de estas y emitirá un informe que se elevará al Concejo Cantonal.
La comitiva, conformada por los concejales Terry Alvarez, Arturo Escala y Ana Fuentes, sesionó el pasado lunes para revisar si las denuncias ingresadas proceden, cuáles no, y darles el trámite respectivo tal como lo establece el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
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El Municipio registra, hasta ahora, al menos tres solicitudes de remoción, todas basadas principalmente en la ausencia injustificada del alcalde luego de que concluyera su licencia el pasado 26 de marzo.
La Comisión de Mesa del Municipio de Guayaquil prevé emitir este lunes 27 de abril una decisión sobre las denuncias de remoción planteadas contra el alcalde Aquiles Alvarez. El pronunciamiento se dará tras completar el análisis de los expedientes dentro del plazo legal.
Aquiles Alvarez está detenido en la Cárcel del Encuentro afrontando procesos judiciales por el caso Triple A, Goleada y Grillete. Tras ser detenido fue reemplazado por una alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, de las filas de RETO, afín a Alvarez.
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Proceso para remoción
Dar paso a la remoción tiene procesos previos. La Comisión de Mesa debe definir si proceden o no las denuncias planteadas antes que vayan al Concejo.
Según ediles, el proceso podría tomar al menos tres semanas hasta llegar a la sesión extraordinaria que defina la remoción.
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La normativa señala que esta medida se resolverá con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes.
Aunque el actual Concejo Cantonal tiene una mayoría afín al alcalde que busca ser removido y en su mayoría es del movimiento Revolución Ciudadana (RC), ediles de oposición dicen que este proceso requiere una actuación dentro del marco legal más allá de posturas políticas.
Actualmente, de los quince concejales, ocho son de RC y tres del Partido Social Cristiano (PSC).
De los cuatro restantes, tres llegaron a la concejalía por PSC y una por SUMA. En este último grupo figuran quienes han mostrado su apoyo al actual alcalde.
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Las posturas dentro del Concejo
Cinthia García, quien llegó al Concejo Cantonal por el Partido Social Cristiano y se mantiene como voto de oposición, dijo que se busca llegar a una estabilidad institucional en el Municipio.
A su criterio, el proceso ya está en marcha y no puede ser desconocido. Insistió en que la decisión del Concejo debe estar “alejada de afinidades políticas” y centrarse en el bien de la ciudad.
García recalcó que la remoción no debe entenderse como un castigo, sino como un procedimiento administrativo. “No estamos castigando a alguien, el Cootad es el que rige y tenemos que hacer lo que dice”, añadió.
En esa línea, sostuvo que la imposibilidad del alcalde de ejercer funciones activa este mecanismo, por lo que se debe avanzar en este trámite.
García dijo, además, que se podrían generar posibles consecuencias si el Concejo no actúa conforme a la normativa. “Si los concejales llegasen a votar en contra de la remoción al momento de conocerse el informe, se activarían otros mecanismos que, sin duda alguna, sancionarían a los concejales”, mencionó.
La edila ha cuestionado decisiones previas del cuerpo edilicio y calificó el escenario actual como “complicadísimo”, al tratarse de un proceso legal ya iniciado con denuncias formalizadas.
Por su parte, la concejal Ana Chóez, también del Partido Social Cristiano, definió el caso como un proceso “político-administrativo con causales específicas”, entre ellas el incumplimiento de funciones por parte del alcalde de Guayaquil.
Señaló que la situación del alcalde, quien permanece privado de la libertad, genera incertidumbre en la ciudad. “El alcalde no puede ejercer por un tiempo prolongado, la ciudad está en incertidumbre administrativa porque no se puede vivir en la excepción”, mencionó.
Chóez enfatizó que la subrogación es temporal y no puede extenderse indefinidamente. En ese contexto, subrayó la responsabilidad del Concejo de garantizar el funcionamiento del Municipio y la confianza ciudadana en la próxima votación a la que se llegue en el marco de la remoción.
“Una autoridad privada de la libertad debilita la legitimidad institucional”, citó.
La concejala insistió en que la remoción no constituye una sanción penal ni un acto anticipado. “No es un capricho, no es un castigo, es un procedimiento administrativo que permite que la ciudad tenga estabilidad institucional”, dijo.
Tanto Chóez como García ratificaron que, al momento del análisis del informe en la mesa del Concejo, se debe dejar a un lado posturas políticas y votar en función del bienestar de Guayaquil.
Cautela y debido proceso entre ediles
En contraste, la concejal Nelly Pullas dijo que se analizará todo en su momento, en apego al debido proceso antes de tomar una decisión.
“Estamos pendientes de que se cumpla el debido proceso, es lo que nos corresponde”, afirmó, al recalcar que no puede adelantar una votación sin conocer el informe de la comisión respectiva.
Pullas sostuvo que cualquier resolución debe basarse en fundamentos claros. “Si los fundamentos que se exponen son correctos, por supuesto, tenemos que proceder en el marco jurídico que nos corresponde. En todo caso estamos pendientes de cada paso”, dijo la edila.
Además, enfatizó la necesidad de actuar con imparcialidad y garantizar los derechos de todas las partes involucradas, “sobre todo pensando en la institucionalidad de la ciudad”.
En la misma línea, se recordó que la Comisión de Mesa es la encargada de analizar las denuncias y emitir un informe que será puesto a consideración del Concejo Cantonal.
En ese sentido, la concejal July Álvarez, de RC, dijo que los diferentes procesos se deben activar en este trámite y, según eso, tomar una decisión.
El concejal Alfredo Bautista, sin adelantar su postura sobre este tema, indicó que el plazo establecido en el Cootad corre para revisar las pruebas de cargo y descargo.
Bautista es uno de los ediles que ha mostrado su apoyo al alcalde que se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro desde febrero.
“Estamos a la expectativa del trabajo de la comisión”, indicó, al asegurar que su postura se definirá en el debate y estará enfocada en la defensa de la institución y de la ciudad.
Entre los concejales hay cautela para mostrar su postura futura al momento de su votación en la mesa del Concejo sobre este tema.
El Cootad establece que, si la resolución del órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado implica la remoción de la autoridad denunciada, esta autoridad, en el término de tres días de haber sido notificada con la resolución, podrá solicitar que se remita lo actuado al pleno del Tribunal Contencioso Electoral.
La norma señala que este último organismo emitirá su pronunciamiento en el término de diez días.
En la línea del proceso, la secretaria o el secretario titular del Gobierno Autónomo Descentralizado, obligatoriamente, deberá remitir todo el expediente debidamente foliado y organizado, en el término de dos días, para conocimiento y resolución del Tribunal Contencioso Electoral. (I)
