Para los primeros meses de 2023 espera la defensa del expresidente Rafael Correa conocer la decisión que habría adoptado el Comité Permanente de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto a la denuncia colocada contra el Estado ecuatoriano por la supuesta violación de derechos y la persecución política que se habría efectivizado desde que dejó el poder el líder de la Revolución Ciudadana (RC), en mayo de 2017.

Según Fausto Jarrín, defensa de Correa, el proceso de análisis habría llegado a su término en el Comité Permanente de los Derechos Humanos y lo que restaría únicamente es que el tema sea tomado en cuenta para la sesión ordinaria respectiva y se emita la decisión.

Para el abogado, eventualmente podría darse este año la sesión, pero cree que es un poco difícil, pues hay una agenda complicada en el Comité Permanente debido a que la guerra entre Rusia y Ucrania ha modificado las sesiones.

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Ante esa realidad y aunque pensaba Jarrín que entre octubre y noviembre de este año debió haberse resuelto, lo más probable es que los primeros meses de 2023 la sesión se dé y se conozca su decisión.

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“Tenemos la absoluta certeza de que será una decisión que condene las prácticas violatorias de derechos humanos que se han dado en el Ecuador”, señala Jarrín, al tiempo de asegurar que está anunciado el futuro que le depara al Ecuador en relación a todo lo que él califica como “procesos de abuso” que se han dado desde hace años utilizando la justicia, sobre todo a la Fiscalía y a los medios de comunicación, “para atacar a opositores políticos, para tratar de negar un legado y de esa manera destruir honras, vidas, proyectos de vida”.

A septiembre de 2020, en momentos que el caso Sobornos 2012-2016, en el que se investigó el delito de cohecho pasivo agravado, estaba por tener su sentencia en firme contra 20 condenados, la defensa del correísmo anunciaba el impulso de procesos fuera del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión y Corte Interamericana) y en el Sistema Universal de las Naciones Unidas, organismo en el que se decía ya se les había aceptado a trámite un proceso contra el Estado ecuatoriano por los abusos y lo que se ha calificado como lawfare.

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En el caso del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por asociación ilícita, cohecho y peculado, las demandas internacionales están a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que las relacionadas con Correa, en las Naciones Unidas. Jarrín explica que se lo hizo así, pues la estrategia fue dividir: unas víctimas al Sistema Interamericano y otras al Sistema Universal, debido a que no se puede presentar en ambos sistemas, apuntó.

Jarrín explica que la denuncia incluye a todos los procedimientos de abuso que se han efectivizado contra el expresidente Correa en estos años, sobre todo en los procesos judiciales en el denominado caso Balda y el caso Sobornos.

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Contra el exmandatario ecuatoriano, quien vive en Bélgica desde que dejó el poder, se iniciaron dos procesos penales como tal, aunque mantiene varios casos en investigación previa. En ambos el presidente ha alegado la existencia de una persecución política en su contra, la violación al debido proceso tanto desde la investigación hecha por la Fiscalía como en las etapas del juicio a cargo de jueces de la Corte Nacional de Justicia.

El primer caso fue por el plagio del político Fernando Balda, hecho que ocurrió en Bogotá (Colombia), en 2012. El 7 de noviembre de 2018, Correa fue llamado a juicio junto con el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero y dos agentes de inteligencia. El proceso únicamente avanzó hasta el juzgamiento para los tres últimos, mientras que al líder del correísmo se le suspendió la etapa de juicio, porque el delito de plagio no puede ser sentenciado en ausencia.

QUITO. Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, exfuncionarios de Rafael Correa, durante la audiencia de reformulación de cargos.

En cambio, en el denominado caso Sobornos, Correa fue acusado junto con Glas de ser autores mediatos por instigación, se les dio una pena de ocho años de cárcel y se empezó en septiembre de 2020 la ejecución de la pena pecuniaria que era de $ 778.000. Otros exfuncionarios públicos del correísmo y diez empresarios también fueron sentenciados en este caso.

Para Correa, esos abusos judiciales estaban claramente dirigidos a desacreditarlo e impedirle participar en las elecciones presidenciales del 2021.

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A decir de Jairo Lalaleo, parte de la defensa de Fernando Balda en el caso de secuestro, el discurso correísta de los últimos años ha sido de que todo está viciado, que se les ha perseguido políticamente y que todo ha sido manipulado como parte de una venganza. Al menos en el caso Balda, Lalaleo dice que no es así y no le ve futuro a nivel internacional que se intente decir que en este proceso se le persiguió por un tema político, cuando en el fondo era que un presidente mandó a secuestrar a un rival político en otro país para callarlo y para eso abusó de recursos estatales.

A nosotros nos han dado la razón tres países. Colombia, Ecuador y España. Esto no ha sido un invento nuestro. Si hubiese estado mal fundamentado sí habría existido un tema de persecución, no habrían extraditado desde España a Pablo Romero. Nunca lo habríamos extraditado, y sin embargo lo tenemos a Romero pagando una condena”, apuntó.

Lo que no comprende el abogado es por qué en estos casos contra personajes como el expresidente no se ha dado paso a las difusiones rojas solicitadas a la Interpol.

La presentación de demandas a nivel internacional es parte del mismo libreto que han tratado de implantar en Ecuador. Recuerda que desde el día uno en el caso Balda, el correísmo siempre ha denostado y descalificado a la justicia ecuatoriana, pero jamás ha dicho nada con pruebas del fondo del caso jurídico.

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“Así lo hacen todos los socialistas del siglo XXI. A nivel de sus propios países tratan de desacreditar a la justicia, pero cuando otro país distinto ha procedido en lo judicial, de ellos no dicen nada. Díganme si hay alguna referencia de una rueda de prensa respecto a la extradición de Pablo Romero desde España. Jamás”, agregó Lalaleo.

En el contexto internacional las cosas siguen avanzando a pasos acelerados como corresponde, señaló Jarrín, y cree que no falta mucho más para que el Ecuador empiece a “ser observado en cuanto a los mecanismos utilizados contra las personas”. (I)