Seis meses después de haber iniciado el Consejo de la Judicatura (CJ) el concurso público para designar 14 jueces especializados en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, el 72 % de los 36 aspirantes que quedan en carrera para uno de esos cargos proviene de la carrera judicial, es decir, actualmente ocupan puestos como jueces penales, fiscales y defensores públicos.