Este domingo, 16 de noviembre, la ciudadanía decidió no levantar la prohibición para tener bases militares extranjeras en territorio nacional. Esta fue la primera pregunta del referéndum y consulta popular de 2025, en la que ganó el no con el 60,55 %, según el último reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE) cortado a las 21:15.

Este porcentaje, según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ya representa una “tendencia marcada” en los resultados.

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Con el rechazo a esta interrogante seguirá vigente el artículo 5 de la Constitución de la República, que dice: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

Antes del referéndum, el presidente Daniel Noboa había adelantado que había interés de países como Brasil y Estados Unidos, así como de organismos como la Europol, para instalar bases militares en la Amazonía, en Manta y en Salinas.

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Para Carla Álvarez Velasco, docente y experta en políticas de seguridad en contextos nacionales e internacionales, que el no haya ganado en esta propuesta genera un cambio en el escenario político, pues el Gobierno tendrá que enfrentar la crisis de seguridad con las herramientas que ya tiene, sin la narrativa del “Necesitamos más presencia militar externa”. En ese sentido, dice, “perdería un atajo discursivo, pero no una herramienta real”.

La especialista sostiene que, con estos resultados en el referéndum y consulta popular, el Ejecutivo se ve obligado a reformular su discurso.

“Ya no podría insistir en la idea de una presencia militar extranjera permanente, y tendría que buscar mecanismos de cooperación menos intrusivos en lo jurídico y más aceptables políticamente. Es decir, tendría que aterrizar la cooperación a lo que realmente es viable y dejar de depender del anuncio grandilocuente”, resalta.

Asimismo, Álvarez observa que la política exterior de Ecuador en temas de seguridad ha sido poco coherente, ya que el Gobierno ha apostado fuertemente por visibilizar su cercanía con Estados Unidos, pero al mismo tiempo menciona a Israel, Brasil, Corea del Sur y a la Unión Europea sin que haya una estrategia clara detrás.

“A eso se suma que no hemos visto señales reales de estos países de querer ampliar significativamente su cooperación con Ecuador. Tampoco están definidos los criterios: ¿con quién cooperamos, para qué y bajo qué límites?“, cuestiona.

La experta en seguridad también examina que, sin tener una base militar, Ecuador mantiene una cooperación fluida con Estados Unidos desde 2019, con intercambio de inteligencia, asistencia técnica, patrullajes marítimos, control del espacio aéreo y acuerdos operativos, como los SOFA.

“Todo esto funciona sin necesidad de una base militar permanente. Ahora que ha ganado el no, lo cierto es que no veremos grandes cambios. No habría un impacto real sobre la seguridad, porque la colaboración ya existe y seguiría tal cual”, puntualiza la analista.

A la vez, dice que la lucha contra el crimen organizado no depende del número de soldados en un territorio, sino de la calidad de las estrategias.

“Aunque vinieran cien ‘rambos’, eso no sustituye el trabajo fino: inteligencia policial, uso adecuado de tecnología, control del lavado de dinero, cooperación judicial y fortalecimiento de las capacidades investigativas del Estado. Ahí es donde se juega la eficacia, no en el alojamiento físico de tropas extranjeras”, recalca Álvarez.

Por su parte, Lorena Piedra, experta en seguridad y presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales, comenta que el resultado adverso para el Gobierno en esta pregunta no debería implicar una mayor afectación en su objetivo de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, ya que, sustenta, la propuesta del Ejecutivo no tiene en realidad una incidencia directa en la capacidad que tiene Ecuador en las condiciones actuales para coordinar operativos antinarcóticos.

“De hecho, en semanas anteriores se ha hecho una serie de decomisos de grandes cargamentos de droga en coordinación con los Estados Unidos con base en los acuerdos que ya existen. Una cosa es cooperar temas de narcotráfico y otra cosa es el establecimiento de una base militar”, aclara.

La analista también observa que el no tener una base militar de otro país no afecta el trabajo real de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional sobre antinarcóticos. Además que, agrega, en el país no existen las condiciones constitucionales para tener una base militar extranjera.

“Lo que hay que hacer es fortalecer a las Fuerzas Armadas y dotarles de la tecnología que ellos necesitan para poder hacer el trabajo. Uno de los elementos que se necesitan es el tema de dotar de radares. Pero quizás una de las medidas más fáciles de implementar sería definitivamente sacar a las Fuerzas Armadas de las cárceles para que se dediquen a hacer el trabajo para el cual están destinados, que es el tema de fronteras, de armamento de la manera ilegal”, sugiere la experta.

Piedra, incluso, plantea la creación de una fuerza de seguridad especial dentro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional especializada en la lucha contra la minería ilegal, que es uno de los grandes problemas que ha reiterado el presidente Noboa, ya que, dice la especialista, la minería ilegal es el negocio de la delincuencia organizada transnacional que más réditos da económicamente a estos grupos en Ecuador. Aunque para esto, precisa, tampoco se necesita una base militar extranjera.

Por otro lado, Luis Altamirano, excomandante general del Ejército y analista en temas políticos y de seguridad, explica que el hecho de que no se haya aprobado la propuesta del Gobierno no implica que la cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y otros países se vea impedida.

El experto aclara que no es necesaria una base militar para tener cooperación de la Policía, de equipos de enlace, equipos conjuntos que puedan trabajar en determinados casos, porque inclusive hay protocolos para el respeto entre las naciones al suscribir estos acuerdos.

“Para mí, no es algo adecuado lo que se planteó de tener una base militar, cuando hay mecanismos que sí permiten luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, que se lo está haciendo y no solo ahora”, puntualiza Altamirano, y agrega que lo que el Gobierno debe hacer es profundizar y reforzar las medidas que ha adoptado en seguridad.

“Son mecanismos que eliminan la posibilidad de algún tipo de riesgo cuando se ceden bases militares o se comparte el uso de instalaciones. Los datos nos indican que desde 2019 se mantiene la misma capacidad de despliegue de aeronaves para el control del narcotráfico que existía con la base de Manta”, añade.

El general en servicio pasivo también considera que esta primera pregunta de referéndum estuvo enfocada desde un punto de vista político más que técnico, ya que, precisa, los mecanismos de cooperación que tiene Ecuador con otros países son diversos, que pasan por la asistencia financiera, operacional, de información y provisión de material y equipo militar que se ha venido usando a lo largo del tiempo.

“Es decir, existen múltiples mecanismos. No es que Ecuador queda en una mala situación. Al contrario, porque hay que ver cuáles, en cambio, son los riesgos de tener una base militar. Recuerde usted que para firmar un acuerdo de cooperación de carácter militar se requiere institucionalidad en un país, y eso significa contrapesos políticos y transparencia. Aquí tenemos una serie de procesos que se han declarado bajo reserva y que uno no entiende cuál es el motivo”, indica Altamirano.

Por último, el excomandante general contextualiza que Ecuador debe ser cuidadoso con los acuerdos que celebre en materia de seguridad con otros países. Sobre todo, aclara, con Estados Unidos y China, ya que existe un conflicto geopolítico entre estas naciones, por lo que nuestro país, resalta, “debe tener un juego inteligente y no irse a un lado o hacia el otro”.

“Mantenemos un comercio muy importante con los Estados Unidos, lo propio con China. Los dos socios para nosotros son bastante importantes; no podemos hacerlos de menos. De hecho, me preocupan eventuales repercusiones en el mediano plazo con el cambio del orden geopolítico, y un acuerdo firmado por un periodo extenso podría ser lesivo con el cambio del orden internacional, que realmente nos ponga en una situación muy compleja, especialmente en esta competencia entre Estados Unidos y China”, finaliza. (I)