Hasta que sean capturados o se presenten voluntariamente ante la autoridad, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova, que lleva el caso Las Torres, dispuso que se suspenda la etapa de juzgamiento contra Pedro Saona y Roy Calero, dos de las trece personas acusadas del delito de delincuencia organizada.

La decisión la dio a conocer Córdova la tarde del martes último en la parte final de la resolución oral que entregó, tras más de un mes de deliberación, ocho días de audiencia preparatoria de juicio y dos días de lectura de la fundamentación del auto de llamamiento a juicio.

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La suspensión del juzgamiento, dijo el juez, se da de acuerdo con el artículo 563, numeral 14, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica si la persona procesada está prófuga, después de resuelta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, el juzgador suspenderá la iniciación de la etapa de juicio hasta que la misma sea detenida o se presente físicamente de manera voluntaria.

Saona y Calero son parte de los procesados que fueron llamados a juicio en calidad de autores directos, pues habrían sido colaboradores de la “organización criminal”. Esa lista se completa con Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Adolfo Agusto Briones, Silvia López, Ángelo Rodríguez y Andrés Luque.

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A los colaboradores se los acusó por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso segundo, del COIP, norma que mantiene penas de cinco a siete años de cárcel.

El juez de la CNJ también llamó a juzgamiento, pero como líderes de la organización y en calidad de autores directos al excontralor Pablo Celi y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores. La conducta de ambos estaría encuadrada en el artículo 369, pero en el inciso primero, que deja una pena para los mismos de siete a diez años de prisión.

Los hechos que pasan a juicio se habrían dado entre los años 2017 y 2020, en Quito, cuando mediante un acuerdo de funcionarios públicos de nivel directivo y con la colaboración de otros funcionarios públicos y privados se habría consolidado una estructura compleja y de presunta jerarquía, a través de la cual posibles líderes ostentaban cargos directivos en la Contraloría General del Estado, Petroecuador, la Contraloría General del Estado y la secretaría de la Presidencia de la República.

De lo que se conoce, Roy Calero sería un ciudadano que mantiene nacionalidad ecuatoriano-estadounidense, de 55 años, que estaría domiciliado en Miami, Estados Unidos; mientras que Pedro Saona sería un ecuatoriano de 67, domiciliado en Quito. El juez Córdova ofició nuevamente a las instancias de la Policía para que procedan a la ubicación, búsqueda y captura de ambos sospechosos.

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Tanto Saona como Calero son identificados por la Fiscalía en este caso como personas que recibieron en sus cuentas dineros que eran parte de los beneficios económicos que buscaba la organización. El primero habría recibido un depósito que provenía de Esteban Celi, hermano del excontralor, y a Calero le depositó dinero Roberto Barrera, quien fue uno de los dos sentenciados en Estados Unidos en 2019 por ser parte de una trama de corrupción en Petroecuador.

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Las defensas de ambos no han desconocido la existencia de los depósitos, pero han deslindado su responsabilidad en el hecho asegurando que no conocían el supuesto origen ilícito de estos.

Felipe Córdova llamó a juicio a todos los acusados ante la existencia de elementos que hacen presumir que en el caso hay un grupo estructurado jerárquicamente, que existe la permanencia del grupo en el tiempo, que la organización tenía finalidad de ejecutar delitos castigados con una pena superior a cinco años y que el objetivo de la estructura era obtener un beneficio económico.

Sin acuerdos probatorios entre las partes y luego de que fueron notificados con la resolución oral, el juez dio por concluida la etapa intermedia preparatoria de juicio. Aclaró que una vez que se ejecutoríe este llamamiento a juicio se remitirá el proceso al Tribunal que por sorteo corresponda. (I)