Diego Ordóñez, consejero político del mandatario Guillermo Lasso, explica cuáles son las condiciones que pone el régimen a los grupos sociales movilizados para volver a la mesa del diálogo: que su vocero ya no sea el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, y que se detenga la violencia. En ese marco, considera que el titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, ya no tiene “calidad moral” para actuar como “garante” de estas conversaciones, pues votó a favor de destituir a Lasso junto con las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES) y Pachakutik.

¿Qué vías ha pensado el Gobierno para resolver la crisis política una vez que se ha cerrado el diálogo con la Conaie?

No hemos cerrado el diálogo. Lo que el presidente ha dicho es que se va a dialogar con las organizaciones indígenas, no con alguien que no busca la paz, los acuerdos y que propicia actos de violencia. Aquí es importante sacar conclusiones no de lo que Iza dice sino de lo que Iza hace, que es promover los actos de violencia. Convocan a las movilizaciones, apoyan la violencia, la sacralizan, y hablan de la fuerza pública, que está cumpliendo con su deber, en una fuerza de represión… Que paren los “fusilamientos” decían algunos asambleístas. Si esas son las conductas, el diálogo no tiene espacio. Obviamente, vamos a construir un escenario de diálogo con condiciones mínimas: primero, un vocero que quiera solucionar las cosas por la vía de los acuerdos; y segundo, paremos y condenemos la violencia. Si eso no sucede, no se puede llevar adelante el diálogo.

Y si no es Iza el interlocutor, ¿a qué otro dirigente aceptarían como tal?

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Esa decisión tienen que tomarla la Conaie y las otras organizaciones sociales que participan en la movilización. No es el Gobierno el que define los nombres; el Gobierno define un escenario apropiado para poder negociar. Como ellos tienen una dirección colectiva deben ser conscientes de que se desvió la agenda, que nunca fue solo solucionar los diez puntos –que dicho sea de paso ya están solucionados– sino que había otras intenciones, aunque las nieguen, ahí están los hechos. El jueves de la semana pasada hubo un acuerdo con un grupo de delegados de Iza; el viernes, en lugar de que este se formalice, la respuesta pública fue que el presidente tenía que ser destituido –lo dijo al mediodía en la Casa de la Cultura–; luego hubo una convocatoria al diálogo de la sociedad civil, llegó y en 20 minutos despachó la reunión diciendo que no quería dialogar; luego intervino el presidente de la Asamblea, el Gobierno fue a dos convocatorias… Más muestras de interés de diálogo y de solución no pudo haber. En cambio, el señor Iza se sienta al diálogo, pero hay más muestras de violencia, ataques a ciudadanos, destrucción de bienes públicos y privados…

¿Y el desconocer el liderazgo de Iza no ha hecho que se vuelva a encender la mecha con más fuerza? Ya algunos dirigentes de Cotopaxi, su tierra, hablan de “tomarse Quito”?

El Gobierno no ha desconocido el liderazgo del señor Iza, lo que ha dicho es que con él no se puede llegar a acuerdos, sentarse a una mesa a conversar. En el caso que usted menciona, pongámosle nombre y apellido, la señora Lourdes Tibán quiere ser candidata a prefecta de Cotopaxi por Pachakutik y está usando esto como plataforma electoral. Y ella que está llamando a cerrar vías también deberá responder por lo que dice y hace.

¿El Gobierno emitirá otro estado de excepción?

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Si no hay condiciones para el diálogo y la respuesta es más violencia en las calles, el Gobierno tiene que actuar con la fuerza que tiene para imponer el orden. Y será igual como ha sido hasta ahora con una aplicación progresiva de la fuerza. Y si llegamos a un nivel de crisis que demande un estado de emergencia, pues habrá que volverla a aplicar.

Pero si ustedes no quien hablar con Iza y ellos no quieren cambiar de vocero, estamos en un punto muerto, nadie cede.

Le pido que el análisis que usted hace no desconozca los hechos. El Gobierno ha hecho concesiones, ha respondido a los diez planteamientos de la agenda de la Conaie, no es que no hemos cedido y lamentablemente hemos tenido que incrementar subsidios en $ 250 millones. Lo que tenemos que hacer ahora es exigirles a los indígenas que tengan una propuesta que responda a esta buena voluntad del Gobierno. Si creen que la violencia, el chantaje y la extorsión son las vías, tenemos que actuar como corresponda, pero no podemos permitir que se quiera hacer un Estado sumiso a la agenda política de una minoría..

El Gobierno rompió el diálogo con la dirigencia indígena luego de los ataques a un convoy de Petroecuador, la madrugada del 28 de junio. Foto de API Foto: API

Usted dice que han cumplido los pedidos, incluso bajando 10 centavos al precio de la gasolina. ¿Pero hay posibilidades de ceder algo más? La dirigencia indígena decía que con “20 centavitos más” se iban a la casa, y Saquicela afirmó que estuvieron a “centavos” de la paz.

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Es que esto no es un peseteo, no es un regateo, es cuestión de revisar cifras, analizar el presupuesto. $ 250 millones más de gasto significa que hay que quitarles ese dinero a otros sectores, porque no es que hay una capacidad de expandir el gasto. El presupuesto del Estado es lo que se puede gastar en relación a lo que se recauda. Hay un déficit de $ 2.000 millones que no están cubiertos; y ahora son $ 230 millones más. El gasto en subsidios de gasolina, gas y diésel es de $ 3.000 millones. Quítele el gas, que son $ 800 millones, el Estado regala $ 2.200 millones a los que pueden pagar. ¿Cuál es el presupuesto de educación y salud? Van más o menos por ahí. Alguien tiene que entender esta lógica, no reducirla al nivel de “estuvieron a centavitos”.

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¿Qué lectura tiene usted de la votación que “salvó” al presidente Lasso de la destitución?

Lo que nos queda de la votación de ayer es que hay una ciudadanía que está comprometida con la democracia, porque hubo una reacción espontánea de defensa; y que hay una agenda en la Asamblea que cada vez se vuelve más agresiva de quienes quieren la impunidad frente a la corrupción. Ese es el correísmo, al que no le interesan sus electores sino cómo logra que los presos salgan de la cárcel y que los prófugos regresen. ¿Cuándo se acrecienta la violencia en las calles? Cuando le niegan el habeas corpus a (Jorge) Glas. ¿Quiénes son los que están propiciando la violencia urbana? Son gentes vinculadas a células terroristas y movimientos políticos. Los mismos que buscaban la caída de Lenín Moreno. El movimiento indígena dice que son infiltrados, pero nunca condena lo que hacen. Lea el Twitter de la Conaie: apoyan la violencia. Todo lo que pasa no es casual, el correísmo quiere forzar una agenda de impunidad y está dispuesto a hacer lo que sea.

¿Qué opina el Gobierno de la actuación de Saquicela que primero se presentó como “mediador” del diálogo y luego votó por la destitución del presidente?

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El señor Saquicela llegó con los votos del Gobierno a la vicepresidencia de la Asamblea, y se apropió de la presidencia con los votos del correísmo; obviamente tiene que responder a los que lo eligieron. Ya veremos más adelante las alianzas electorales en su provincia. Seguramente ya habrá negociado que lo apoyen a él o a alguien de su familia para alguna dignidad seccional. Así operan.

¿Y por qué confiaron en él entonces?

No confiamos en él, para nada. Pero al final del día, sea quien sea este señor, es el presidente de la Asamblea y si hay una convocatoria al diálogo, el Gobierno tenía que mostrar que siempre está dispuesto a ello.

Y en el caso de que se den las condiciones para retomar las negociaciones, ¿aceptarían a Saquicela como garante?

No, pues Saquicela no tiene ninguna autoridad moral para sentarse ahí, ya se quitó la máscara. Pero lo que sí es claro, en cualquier escenario, es que el Gobierno tiene la obligación de mantener diálogos con todos los sectores de la sociedad.

¿Y cuál sería entonces el foro adecuado para ese diálogo?

Tendríamos que evaluarlo, lo principal es que se cumplan las condiciones mínimas.

¿La votación muestra quizás que no tienen ninguna posibilidad de lograr apoyo en la Asamblea para sus proyectos de ley?

Habrá que ver los intereses que hay detrás de esos votos. El correísmo defiende una agenda de impunidad y quieren desestabilizar sin ningún escrúpulo el país; y hay otros sectores que tienen un deseo de que el presidente cambie, conversemos sobre esos cambios. Creo que aún hay espacios para conversar con la Izquierda Democrática y con el Partido Social Cristiano, pues se nota que con ellos hay un acuerdo sobre el tema fundamental de la institucionalidad democrática, y también con Pachakutik.

¿Habrá una reconciliación entre Guillermo Lasso y Jaime Nebot?

Veámoslo desde el punto de vista político: hay fuerzas políticas que pueden encontrar un canal de comunicación y diálogo.

En redes sociales, otro asesor del presidente, Aparicio Caicedo, decía que tras la votación de la Asamblea era el momento de hacer cambios. ¿Cuáles han sido los errores que ha cometido el Gobierno en el manejo de la crisis y en general en la conducción del país?

Creo que hemos obrado con prudencia, responsabilidad, con la fuerza cuando ha sido necesario; hubo un manejo de la situación en varios ámbitos coordinados en una mesa de crisis, las áreas de seguridad, política y de comunicación. En la gestión del Gobierno, sí, hay que hacer modificaciones; una de ellas es acelerar la gestión en salud y educación, por ejemplo. Ahora que ya hemos puesto en orden las finanzas públicas, hay que implementar la agenda a favor del sector rural e indígena que consta en el plan de gobierno.

Ustedes tienen una secretaría de Pueblos y Nacionalidades, pero lo que ha pasado quizás muestra que no está funcionando bien.

Creo que tiene que ser una gestión más técnica, orientada al desarrollo de proyectos de desarrollo productivo, fomento a la actividad agrícola, construir no solo una agenda política, sino productiva, créditos, asistencia técnica, cadenas de valor, mercados externos...

¿Cree que subestimaron al movimiento indígena?

No, pero tampoco hay que sobrestimarlo. El Gobierno ha tomado una serie de decisiones importantes que hay que comparar con octubre del 2019. La violencia llegó a tales niveles que llevaron a Moreno a sentarse en una mesa a capitular. La gente decía: trece días de paro para terminar derogando el decreto.

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¿El Gobierno no ha capitulado?

No, hemos hecho concesiones, que además tenían que ver con preocupaciones de otros sectores de la sociedad. El hecho de que se baje el precio de los combustibles o se deje sin efecto el incremento que llevó al congelamiento, o que el presidente anuncie, de forma voluntaria, medidas compensatorias no solo para el pueblo indígena sino para todo el país, no es capitular. Esta crisis ha sido administrada con paciencia, con prudencia, aplicando la fuerza cuando corresponda.

Y en medio de esta situación política, ¿ya no piensan en la consulta popular?

Hay cosas que necesitamos elevar a una consulta popular, pero evaluemos los momentos.

¿Y la disolución de la Asamblea?

Igual, evaluemos los momentos. Son cosas que no se deciden sin hacer un análisis profundo de los impactos. (I)