En la paralización nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que se inició del 13 de junio de 2022, se ha anunciado la creación o la aplicación de figuras o mecanismos que en la historia ecuatoriana no se habían observado. El pasado 26 de junio, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, indicó que habilitaría vías como “corredores humanitarios” para que pasen camiones con alimentos, gas de uso doméstico y oxígeno medicinal a las ciudades porque están desabastecidas debido a los bloqueos que ellos mantienen.

Sin embargo, esta figura solo se la establece en conflictos armados, según analistas consultados, para permitir la entrada de organizaciones de ayuda o para lograr la salida de civiles y salvaguardar sus vidas. Además, se han establecido “peajes”, donde los manifestantes exigen el pago de hasta $ 150 por camión si quieren pasar los bloqueos, y los llamados “guardias comunitarios”, que son personas encapuchadas que rondan ciudades como Otavalo para exigir a los negocios que no abran sus puertas y se sumen al paro.

Salim Zaidán, docente universitario y experto en derecho constitucional y derechos humanos, afirma que lo que actualmente ha aplicado la Conaie es ilegal e inconstitucional. Indica que los corredores anunciados por Iza, y que funcionan a medias, ya que ciudades como Cuenca y Quito siguen con escasez de insumos básicos, no son aplicables en el contexto actual, ya que lo que se tiene son disturbios internos.

No hay un sustento constitucional o en el derecho internacional humanitario para que se haga aplicable esa figura aquí en Ecuador, al menos por ahora, porque no estamos en un conflicto armado. Definitivamente es un abuso, una mala utilización de la figura, una incomprensión de la finalidad”, dice.

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Añade que aplicar esta figura dice mucho del “ejercicio prepotente” del poder por parte de Leonidas Iza, ya que está ejerciendo un rol de autoridad excediéndose de los límites: “Con pretensiones de invadir esferas de competencia de autoridades estatales de los diferentes poderes del Estado como lo que pidió hace poco de conformar una comisión para investigar lo que sucedió en Shushufindi (un convoy del Ejército fue atacado por 100 manifestantes y un militar murió en el enfrentamiento), cuando esto es competencia de la Fiscalía”.

Los llamados guardias comunitarios recorren las calles de Otavalo obligando a los negocios a cerrar y pidiendo sumarse al paro. Foto: Archivo

Afirma que actualmente el Estado, el Gobierno y la sociedad ecuatoriana están “sometidos” a las decisiones de la Conaie, ya que se ve mucha “tibieza” por parte del presidente Guillermo Lasso cuando se ha requerido una respuesta firme y enérgica a actos que no están contemplados en la ley y la Constitución.

Para Pablo Romero Guayasamín, docente y especialista en derechos humanos, si bien la carta magna reconoce derechos a los pueblos y nacionalidades, también establece al Estado ecuatoriano como único e indivisible. Afirma que parte de los derechos de estos pueblos conlleva respetar sus formas de organización social y de autoridad en sus territorios comunitarios: “Aquí entra el tema de guardias indígenas”.

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Sin embargo, asevera que lo que actualmente está haciendo la Conaie en espacios que no son considerados territorios ancestrales es atentatorio contra el Estado y los derechos de las personas.

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En el tema de los corredores humanitarios, por ejemplo, las personas tenemos el derecho de transitar libremente por el territorio nacional por lo que impedir eso o establecer corredores es totalmente violatorio. Tampoco se puede obligar a una persona a hacer actividades que están reñidas por la ley y tampoco puede dejar de hacer algo que no está prohibido por la ley. Entonces, que a alguien le obliguen a cerrar un negocio es violatorio a la Constitución, es una ilegalidad por más que sean actores indígenas”, afirma.

Leonidas Iza, en varios de sus discursos en 16 días de paro, ha asegurado que los pueblos originarios han estado antes que las ciudades y esto les permitiría aplicar estos mecanismos en esos territorios, pero esto es una interpretación “maniquea”, añade Romero.

“Si es así entraríamos a toda esta discusión de que efectivamente el mundo mestizo vino recién hace 500 años con los españoles, y tampoco es cierto. No podemos hablar de que hay pueblos que sí son originarios y otros que son recién llegados y esto resulta una lógica maniquea y absolutamente peligrosa porque se establecería que hay grupos étnicos diferenciados y que el Ecuador le correspondería al mundo indígena y los mestizos serían casi, casi extranjeros”, afirma. Esto también acrecentaría el racismo y la discriminación que han sufrido históricamente los pueblos indígenas en el país.

En varios de los bloqueos de calles y carreteras manifestantes cobran "peajes" para dejar pasar a conductores. Foto: Archivo

Afirma que hay grandes diferencias entre el levantamiento indígena de la década del 90 y los sucesos ocurridos en octubre de 2019 y los actuales, ya que en la primera gran movilización de los indígenas e incluso en su participación en la destitución de presidentes a inicios del 2000 no se observó la figura que actualmente la Conaie está aplicando.

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El levantamiento del 90 se articuló en sus reivindicaciones de carácter étnico, el tema de tierras, la salud ancestral, educación intercultural bilingüe. En 2019 y este año es otro el movimiento indígena y si uno revisa el libro de Iza (Estallido), está claramente establecido que no se plantean reivindicaciones de carácter étnico sino que la Conaie actual se establece en el concepto de lucha de clases”, dice.

Es decir, el actual levantamiento está enmarcado en el concepto marxista y, por lo tanto, las acciones que se han aplicado buscan el cuestionamiento al Estado y tomarse el Estado para implementar el comunismo indoamericano: “Entonces tienen lógica y sentido las actuales figuras que estamos viendo. En la lucha de clases uno tiene que terminar y exterminar el Estado, ya que es la representación de los grupos de poder”.

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De hecho, el ataque y persecución que han vivido periodistas y medios de comunicación en estas protestas también responden al concepto de lucha de clases, ya que los medios “están con los grupos de poder”.

Además, hay un relevo generacional muy marcado, ya que los actuales líderes son radicales y han estado vinculados a dinámicas universitarias donde se han ahondado estos procesos. “Todos podemos identificar que el mariateguismo está activando en las universidades. Antes era el MPD (Movimiento Popular Democrático)”, dice Romero.

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En estos 16 días de protestas se han registrado varios enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Foto: Archivo

Ismael Quintana, constitucionalista, concuerda con Zaidán y Romero en que estas figuras vistas en el paro no son legales y los califica como delitos que deben ser investigados por la Fiscalía. Critica a Iza por aludir a los derechos y cosmovisión indígenas para aplicar estos métodos.

Los derechos de ellos no los hace un Estado aparte de la nación ecuatoriana. Una cosa es que nosotros reconozcamos en la Constitución que estos pueblos tienen derechos específicos, pero otra cosa es creer que ellos manejan sus territorios. Las comunidades indígenas, como los montuvios, afrodescendientes y los mestizos, se someten al sistema jurídico nacional. Ellos no están exentos del cometimiento de delitos”, afirma.

También coincide con Zaidán en que el Gobierno y la sociedad ecuatoriana han sido secuestrados, en este caso, por la Conaie: “Eso de que usted debe de hacer lo que ellos quieren, que piden que deroguen decretos, que no se los judicialice. Eso de que piden derogar decretos para levantar la paralización petrolera en la Amazonía, pero la política de sectores estratégicos, política pública es competencia del Gobierno central, no de las comunidades indígenas”.

Romero indica que el Estado debe actuar y frenar estos hechos que están atentando contra los derechos de civiles en Ecuador.

“Yo digo esto desde alguien que cree en los derechos humanos y alguien que ha militado en organizaciones sociales, creo que el Estado debe actuar porque queramos o no vivimos en un Estado de derecho y esto implica que el Estado garantice los derechos y no podemos ir por el mundo haciendo lo que nos dé la gana. Esto no significa que se utilicen la fuerza y la violencia sin medida”.

Añade que en el país se piensa, erróneamente, que en el tema de derechos humanos el Estado solo debe dejar hacer, aunque también tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos.

Hay como un mito de que como es el movimiento indígena el que protesta y si se actúa sobre ellos se tildará de racismo. Pero uno puede ver que la actuación militar y policial, hasta el momento, ha estado en el marco del respeto. Ahora, en estos procesos uno debe construir narrativas y la izquierda, los sectores vinculados con los indígenas van a construir la narrativa de no más represión, tortura, asesinatos, masacre, pero son narrativas, no la realidad”, señala. (I)