Desde el 2000, los órganos legislativos de Ecuador han resuelto amnistías en 19 ocasiones a favor de al menos 1.500 personas

La actual presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, ha sido protagonista de procesos de amnistías desde dos orillas diferentes de la historia. Hace 14 años fue una de las beneficiadas de las concedidas por la Asamblea Constituyente de Montecristi que, revestida de plenos poderes, redactaba la nueva Constitución y hacía las veces del órgano legislativo dictando leyes, amnistiando, indultando y poniendo y sacando funcionarios. Ella era prefecta de Orellana elegida por el movimiento Pachakutik y había participado en una huelga contra las petroleras en la población de Dayuma. Estaba presa, acusada de terrorismo.

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Hoy, bajo su conducción, la Asamblea Nacional acaba de amnistiar a 268 personas. De estas, 60 enfrentaban procesos judiciales por su participación en las violentas protestas de octubre del 2019; el resto son activistas sociales, defensores de la naturaleza y dirigentes de comunidades indígenas.

Llori ha calificado esta resolución, aprobada con 99 votos de una mayoría conformada por las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik y otros sectores, como un acto de “reconciliación”, aunque este ha sido rechazado por varios grupos sociales y políticos que ya advierten con acciones constitucionales para echar abajo la decisión.

En los últimos 22 años, desde el 2000, la entidad legislativa de turno ha otorgado 19 resoluciones de amnistías, que han alcanzado a por lo menos 1.500 personas. Dichas amnistías generales o dirigidas a figuras puntuales fueron publicadas en diez registros oficiales o sus suplementos, según el buscador del estudio jurídico Ediciones Legales (Fiel Web).

Los beneficiarios han sido desde militares insurrectos, luchadores populares, activistas por los derechos de la naturaleza y líderes indígenas hasta exgerentes de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), un expresidente de la República, y dirigentes de agrupaciones políticas.

El exlegislador socialcristiano y académico Henry Cucalón explica que la amnistía es una resolución legislativa por la cual se “perdona y olvida” un hecho político generador de acciones penales por delitos cometidos en ese contexto. Con ello, “tal hecho no existió, se borra y todos vuelven a su estado normal de presunción de inocencia”.

“A lo largo de la historia se ha hecho para cerrar capítulos de momentos políticos difíciles y sanar heridas porque un país necesita avanzar; en la práctica, su efecto es la extinción de la acción penal, ya sea que esté en curso, en investigación o ya sentenciada. El beneficiario sale en libertad y se anula todo el caso”, indica.

El artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica que la Asamblea puede “conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”. El artículo 99 agrega que la amnistía puede ser declarada “por delitos políticos o conexos con los políticos”.

Los del 21 de enero

“Las motivaciones de la amnistía suelen ser de dos clases: la reparación total o parcial de una injusticia, en favor de quien ha sido indebida o excesivamente castigado; o la conveniencia de reconciliar y devolver la paz a una sociedad desgarrada por determinados acontecimientos políticos”, expone el expresidente Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política.

Y fue con esa última intención que el fallecido mandatario Gustavo Noboa pidió al extinto Congreso Nacional el perdón para civiles y militares que participaron en el derrocamiento de Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000. Fueron las primeras amnistías del siglo XXI.

En esa fecha, un grupo de coroneles y capitanes del Ejército se sumó a la protesta indígena y de grupos sociales en contra del Gobierno. Se formó un triunvirato temporal con el coronel Lucio Gutiérrez, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Antonio Vargas. Gutiérrez fue remplazado en pocas horas por el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Mendoza. Luego, Noboa subió al poder.

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Gutiérrez recuerda que cuando se dio la votación en el Congreso había unos 17 militares detenidos, pero en total participaron no menos de 300; esto sin contar los “miles de civiles e indígenas” que los respaldaron en las calles. A su juicio, su protesta era “cívico-patriótica” porque respondía al rechazo al congelamiento y el feriado bancario. “No como la de la actual amnistía”, que si bien empezó como un justo reclamo ciudadano por el incremento de los combustibles se degeneró en actos que él califica como terroristas, como el incendio de la Contraloría General del Estado o la toma de pozos petroleros en la Amazonía.

Señala que las autoridades militares de la época finalmente no acataron la amnistía en su totalidad porque fueron dados de baja de la institución, pese que se suponía que el hecho “no existió”.

De todos modos, en su caso particular, este momento de tensión que vivió el país lo catapultó como figura política y dos años después ganó la Presidencia de la República.

El texto publicado en el Registro Oficial del 5 de junio de 2020 fue el siguiente: “El Congreso Nacional resuelve: Conceder amnistía general a favor de los ciudadanos civiles y miembros de la Fuerza Pública, autores y partícipes de los hechos ocurridos el veintiuno y veintidós de enero del año 2000 y guarden relación antecedente, concomitante o consecuente, con los acontecimientos de conmoción política social, que causaron el cambio de Gobierno Constitucional. Esta amnistía se concede exclusivamente para los delitos políticos y las causas penales que se hayan iniciado o puedan iniciarse por las infracciones de tal carácter político, perpetradas en la realización o con ocasión de los hechos antes referidos”.

Las de Montecristi

Ocho años después de haber pedido el perdón para los del 21 de enero, Noboa fue uno de los beneficiarios de los paquetes de amnistías que dio la Constituyente, que funcionó entre 2007 y 2008. La petición la hizo el entonces presidente Rafael Correa, quien tenía gran amistad con él, aunque luego se distanciaron.

Noboa fue procesado por peculado por un supuesto perjuicio al Estado de alrededor de $ 73 millones en la emisión de bonos de deuda externa. El caso se inició en mayo del 2003 luego de que el entonces diputado socialcristiano León Febres-Cordero hiciera la denuncia. Estuvo asilado en República Dominicana y retornó al país cuando la llamada ‘Pichi Corte’ declaró la nulidad de sus juicios, pero esto luego se echó abajo. Se quedó en el país y cumplió arresto domiciliario.

En total, la Constituyente dio trece amnistías por diversos motivos, además de otros paquetes de indultos. Un informe del Centro Carter sobre el trabajo de la entidad señala que unas 2.000 personas se beneficiaron de ambas figuras: unas 600 en las primeras y unas 1.400 en las segundas.

Entre esos amnistiados constaban, por ejemplo, decenas de defensores de la naturaleza que protestaron contra mineras, petroleras y madereras; los 62 Comandos de Taura que secuestraron al fallecido expresidente Febres-Cordero en 1987; 23 manifestantes del caso Dayuma; los exgerentes de la AGD, Alejandra Cantos, Luis Villacís, Wilma Salgado y Carlos Arboleda; y trabajadores de Correos que rechazaron la tercerización laboral.

César Rodríguez, quien fue presidente de la mesa de Legislación y Fiscalización de la Constituyente e integraba la bancada de Alianza PAIS, señala que a esta instancia llegaron cientos de peticiones de amnistías de parte de grupos sociales y políticos, pero no todas fueron acogidas. Como las de los exmandatarios Abdalá Bucaram y Alberto Dahik.

Recuerda que los casos más polémicos fueron el de Gustavo Noboa y el de Guadalupe Llori. En el primero hubo una férrea oposición de algunos constituyentes del mismo bloque del Gobierno, incluyendo al expresidente del organismo, Alberto Acosta; y en el segundo, del mismo Correa, pues la consideraba como terrorista, “y hasta nos amenazó con renunciar a la Presidencia, y no lo hizo”.

También Gina Godoy, que era del mismo oficialismo, recuerda una amnistía que le “dolió” particularmente: la del líder comunitario Floresmilo Villalta. “Si bien fue identificado en el debate y en informes como defensor de la naturaleza, tenía un proceso por violencia sexual y eso no se nos dijo, no se nos previno. Fue una bomba que luego reventó en nuestras manos, debieron activar alertas quienes eran los responsables de la Comisión (de Legislación) y no lo hicieron… Nosotros nos pronunciamos sobre el tema político, no sobre el proceso penal por el tema sexual”, expresa.

Rodríguez señala que mientras más cercano está el hecho generador del conflicto social o político más crispadas están las posiciones o visiones sobre las amnistías. “Cuando el tiempo da un espacio para reflexionar, hay una mayor capacidad de análisis y las decisiones son más fáciles”. Un ejemplo de ello, opina, fue la de los comandos de Taura. “Fue una reparación histórica luego de 20 años”, dice.

Y quizás por ello, refiere, es que las que acaba de dar la actual Asamblea han generado tanto rechazo. “Las de ahora por la inmediatez de la decisión, que para mí no busca reparar un hecho sino aprovechar la coyuntura de una mayoría legislativa, genera conflictos. Se metió en el mismo saco a ‘tirios y troyanos’, y al no procesar de manera más sesuda cada caso fueron amnistiados elementos que a lo mejor no lo merecían, lo cual crispa la lectura de la sociedad sobre ese tema y negativiza o afecta a todo el proceso general”, señala.

Godoy, en cambio, dice que lo resuelto por la Asamblea Nacional la semana anterior fue legítimo. “No voy a negar mi alegría, me identifico con mis tres compañeros Virgilio Hernández, Paola Pabón y Christian González, tres grandes líderes, víctimas de la persecución de Lenín Moreno y María Paula Romo… Muchos de los procesos que se extinguieron estaban en indagación previa porque la Fiscalía no los podía sostener”, dice.

Las que dio la Asamblea Nacional

Bajo la denominación de Asamblea Nacional, desde el 2009 a la fecha se resolvieron cinco amnistías, principalmente a luchadores populares.

Henry Cucalón, que fue legislador entre el 2013 y el 2021, recuerda que él mismo fue ponente en el caso del líder indígena Manuel Anastacio Pichizaca que cerró vías de Cañar en una protesta del 2015. “La Conaie presentó un paquete grande de amnistías. Pero no porque te llegan 200 hay que tramitar 200 porque se pueden pasar de agache los nombres. Esto es algo muy serio, una atribución especial, por eso se aprueba con la mayoría calificada (92 votos)”.

La última que se dio en el periodo legislativo anterior fue para 20 líderes indígenas de la comunidad de San Pedro de Cañar. Luis Ángel Saavedra, coordinador de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), explica que estos dirigentes ejercían la justicia indígena en sus comunidades, lo cual empezó a molestar a jueces y fiscales de la justicia ordinaria. Fue por ello que, según el activista, los acusaron de secuestro y extorsión. Unos fueron encarcelados, otros huyeron del país.

Inredh presentó el pedido para 23 personas, pero finalmente se les concedió a 20, pues no lograron completar los documentos de las otras.

Saavedra se queja, no obstante, de que las autoridades de justicia de Cañar no están cumpliendo con la disposición de la Asamblea, pues insisten en cobrar a los amnistiados multas y costas judiciales derivados de sus procesos penales, cuando se supone que estos se extinguieron en todo sentido. Adelanta que la oenegé pedirá un pronunciamiento a la actual Asamblea sobre el tema.

Hasta este caso, dice Cucalón, los legisladores habían concedido el “perdón” bajo la lógica de un “hecho político puro”, como la sublevación del 21 de enero, o de un “hecho político causado por una persecución política”, como los juicios contra Noboa.

Las recientes amnistías, asegura, rompieron esa dinámica porque se analizó el cometimiento de delitos comunes bajo un “hilo conductor del hecho generador de la protesta política”.

Por ello es que en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales se lee, por ejemplo, que los manifestantes de Chimborazo no secuestraron a los policías y militares sino que los movilizaron a sus comunidades para participar en un diálogo intercultural.

Tanto Cucalón como Saavedra coinciden en que hay un vacío en la legislación ecuatoriana en la definición de los delitos políticos.

“El Código Penal habla de delitos políticos, pero no desarrolla cuáles son, por eso hay que irse a la ciencia política y a la historia. La tradición habla de la sublevación, la rebelión, el golpe de Estado, el alzamiento en armas… Pero la valoración de lo que es un delito político lo hace un órgano político, en este caso la Asamblea. Los legisladores no son jueces jurisdiccionales, sus valoraciones son subjetivas, discrecionales, de oportunidad”, dice el exlegislador. (I)