Una acción de incumplimiento de sentencia impulsará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ante la Corte Constitucional como un mecanismo para destrabar el concurso público para la elección del titular de la Defensoría Pública.

El proceso de designación del defensor público no ha avanzado desde hace siete meses debido a problemas en la conformación de la comisión ciudadana, encargada de hacer el proceso y, por la existencia de dos fallos en acciones de protección contradictorios: una que dispone que continúe y otra que retrotrajo a la etapa de admisibilidad.

Para desbloquearlo, por una votación de mayoría de los vocales del CPCCS se resolvió presentar una acción de incumplimiento para que la Corte Constitucional (CC) defina cuál de las dos sentencias debe cumplirse.

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Hubo cuatro votos a favor de los consejeros Andrés Fantoni, Mishelle Calvache, Juan Guarderas y Nicole Bonifaz.

Los consejeros Augusto Verduga y Johanna Verdezoto votaron en contra y Yadira Saltos se abstuvo.

La resolución dispone que se solicite al Ministerio de Trabajo la nómina de los funcionarios de la Función Judicial, que preside la Corte Nacional de Justicia, para escoger a la persona que se incorporará a la comisión ciudadana.

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En tanto, se enviará a la Procuraduría General del Estado una consulta jurídica para que aclare si en medio del periodo electoral en el que se encuentra el Consejo Nacional Electoral (CNE), por el desarrollo de los comicios anticipados presidenciales y legislativos, pueden solicitar que se envíe a su delegado.

El delegado de la Asamblea Nacional, se escogerá de la nómina de servidores que le envió el Ministerio de Trabajo, tomando en cuenta que el pleno de asambleístas fue disuelto el 17 de mayo pasado por decreto del presidente Guillermo Lasso por grave crisis y conmoción interna.

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La falta de estos tres comisionados se debe a que en abril del 2023, el cuerpo colegiado que presidió la exconsejera, Gina Aguilar, cesó de sus funciones a los diez excomisionados al observarse posibles anomalías en el desarrollo del concurso, además de varias acciones de protección de postulantes que sintieron afectados sus derechos.

Se principalizó a los comisionados suplentes electos por la ciudadanía y los delegados suplentes de la función de Transparencia y del Ejecutivo, pero no han podido sesionar por la falta de tres de sus miembros.

Los vocales de mayoría coincidieron en asegurar que el concurso público no está «suspendido» y que avanzarán en los procesos administrativos para completar la comisión ciudadana, que la componen diez personas: cinco representantes de la ciudadanía y cinco de las funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

No obstante, tendrán que esperar que la Corte Constitucional se pronuncie respecto de la acción de incumplimiento.

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Estas acciones se aprobaron con base en un informe jurídico en el que se sugería suspender el concurso por la existencia de «una antinomia jurisdiccional» al estar vigentes dos fallos judiciales en los que, la «una manda y la otra prohíbe».

Una de las acciones de protección la tramitó un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que retrotrajo la elección de la autoridad a la etapa de admisibilidad para que inicie la revisión de los requisitos legales de 55 personas que se inscribieron en noviembre del 2022.

El tribunal declaró la nulidad de cuatro resoluciones tomadas por los comisionados cesados y dejó a quince concursantes en el proceso.

Otro recurso se tramitó en enero pasado, por la jueza, Jenny Freire, de la Unidad Judicial de Quevedo (Los Ríos) en la que ordenó que ningún otro juez, autoridad administrativa o comisionado realice cualquier acto ulterior para paralizar o suspender el normal desarrollo de esta elección.

La magistrada inadmitió una acción de protección que planteaba Wendy Suárez, que se identificó como presidenta de una asociación agrícola y pedía que se permita la participación de un candidato que no había cumplido con los requisitos legales y reglamentarios. La jueza rechazó la petición.

En medio del debate de esta resolución de este miércoles, hubo un cruce de ironías entre los consejeros Guarderas y Verduga, en cuanto al conocimiento de las leyes.

Verduga criticó el informe jurídico por la consideración de que no se podría solicitar un delegado a la Función Electoral, porque se encuentra en periodo electoral. «No se entorpece el proceso electoral», aseveró.

Guarderas le contradijo porque, a su criterio, el Código de la Democracia no permite que los funcionarios electorales sean distraídos de sus funciones durante un proceso eleccionario y hasta le contó que él mismo había elaborado el artículo de la ley.

Verduga le contestó que sus conclusiones le dejaron ver que Guarderas era «alérgico al trabajo» y que no seguiría en el «fango» de la discusión. (I)