Ramiro García Falconí, abogado dentro del caso Triple A del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, confirmó el allanamiento realizado la madrugada de este miércoles, 8 de octubre, a un inmueble de su defendido en la provincia del Guayas, pero asegura que desconoce los hechos que son investigados por la Fiscalía, al momento, de forma reservada.

En la cuenta institucional de la Fiscalía general en la red social X, la mañana de este miércoles se conoció de la operación realizada en las ciudades de Guayaquil y Samborondón, en la provincia del Guayas, en el marco de una investigación ante hechos que configurarían el delito de lavado de activos. Seis personas naturales y cinco jurídicas serían investigadas de forma previa con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas.

“Entiendo que (los allanamientos) fueron a varias viviendas, una de ellas la casa del alcalde. No conocemos el caso, al parecer han iniciado una nueva investigación previa por lavado de activos, que no sabemos bien de qué se trata, por lo que difícilmente puedo dar más información que esto”, sostuvo el abogado García.

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Según la Fiscalía, el operativo liderado por la fiscal Ivonne Proaño y ejecutado con el apoyo de la Policía se levantaron como indicios teléfonos celulares, laptops, documentos que estarían relacionados con los hechos que se investigan, entre otros. Aparentemente existirían órdenes para allanar inmuebles de familiares cercanos al alcalde Alvarez.

Por su parte, el alcalde guayaquileño sostuvo en un mensaje de la red social X: “Nada va a empañar la fiesta de mañana en Guayaquil. Quieren volumen para distraer todos sus problemas, no se los voy a dar. Aquí seguimos parados y seguiremos parados. Ya todos saben cómo actúa este Gobierno, siempre jodiendo antes de las fiestas de Guayaquil. (...) Mientras en Ecuador matan comuneros, matan artesanos, nos matamos entre hermanos en las calles, ellos persiguen. Nosotros seguiremos trabajando. Mañana a llenar la 9 de Octubre y a celebrar a Guayaquil”.

QUITO (08-10-2025).- Operativo de allanamiento en Guayaquil relacionado a un caso por el delito de lavado de activos. Cortesía FGE / EL UNIVERSO Foto: Cortesía

La defensa de Alvarez adelantó que se acercarán hoy mismo a la Fiscalía para conocer detalles de la investigación previa que se lleva adelante, pues quieren saber cuál es el supuesto delito base en función de lo cual tratan o pretenden justificar un lavado de activos. García fue claro en decir que en ningún momento la Fiscalía les ha comunicado que se adelantaba una investigación previa con Aquiles Alvarez por lavado de activos o cualquier otro delito.

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El ministro del Interior, John Reimberg, fue consultado sobre este tema en Guayaquil y se limitó a decir que es la Fiscalía la instancia que deberá pronunciarse sobre estas acciones. Pese a ello, el secretario de Estado, ante la pregunta hecha por un periodista sobre si la operación tiene que ver con el caso Triple A, dijo: “Entendería que sí, pero es la Fiscalía quienes están llamados a hablar sobre los allanamientos realizados”.

El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade decidió llamar a juicio a Alvarez, quince personas naturales más y seis empresas que recibieron un dictamen acusatorio de Leonardo Alarcón, exfiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y actual fiscal general subrogante, en reemplazo de Wilson Toainga. Todos son acusados por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

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Alarcón pidió que sean llamadas a juicio como autores del delito investigado diez personas naturales y seis empresas, mientras que seis personas más fueron acusadas en calidad de coautores de la comercialización ilegal de hidrocarburos. Para enero del 2026 se ha fijado la audiencia de juzgamiento.

En el caso Triple A la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas jurídicas (empresas) investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Con base en las pericias existentes, la Fiscalía determinó que en Triple A se habría cometido un delito en alta escala, al existir un perjuicio económico de $ 61.502.658,39, correspondiente a 22.777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.

A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron combustibles se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotor, industrial y naviero. (I)