Elegir a las principales autoridades de control del Estado, fomentar la participación ciudadana y el control social y promover la lucha contra la corrupción, son los ejes generales sobre los cuales los siete nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) apuntalan a concentrar su gestión para los próximos cuatro años.

Desde este 15 de mayo arranca el periodo 2023-2027 de una segunda conformación del pleno del Consejo de Participación Ciudadana elegido con el voto popular en los últimos comicios del 5 de febrero del 2023.

La Asamblea Nacional prevé posesionar este domingo 14 de mayo a Mishelle Calvache, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Andrés Fantoni, Augusto Verduga y Alembert Vera, como los nuevos consejeros, en cumplimiento de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana.

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Con ello, desde este lunes asumirán sus despachos y su primera tarea será elegir a sus dignidades internas como presidente y vicepresidente, que deberá cumplir con la paridad de género, para un periodo de dos años.

Para llegar a ser electos sus propuestas están relacionadas con la elección de autoridades de control del Estado, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción que son parte de las doce atribuciones que tiene el Consejo y que están contempladas en el artículo 218 de la Constitución.

No obstante, hay también mensajes idílicos expresados en sus cartas de motivación que varios de los ahora consejeros presentaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la inscripción de sus candidaturas, como parte del cumplimiento de requisitos.

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En marzo pasado, se realizó la primera reunión de transición entre los consejeros salientes y entrantes al Consejo de Participación Ciudadana. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Entre ellas está la del consejero Alembert Vera, reconocido por ser el abogado del expresidente Rafael Correa en el caso EL UNIVERSO, que parafraseó la histórica expresión del expresidente Jaime Roldós Aguilera (+) que Ecuador es un ‘país Amazónico’; o de escritores como Juan Montalvo y Gabriel García Márquez para ofrecer la construcción de un “mejor país”.

Vera figura como uno de los candidatos a presidir el CPCCS para lo que tendría comprometidos al menos tres votos, y entre sus propósitos está el de “transformar y refundar la institucionalidad del país”.

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Reprocha que hay un deterioro de los poderes del Estado que ha llevado a que las instituciones sean tomadas por “audaces, improvisados y deshonestos” y, por ello, cree que es el “momento de una reconciliación histórica y una refundación del Estado… Una reconciliación con la verdad”.

Llegó con la propuesta de fomentar e incentivar la participación ciudadana, prevenir y combatir la corrupción y seleccionar a los “mejores y más preparadas autoridades para que ejerzan cargos públicos”.

El consejero Augusto Verduga asume con la oferta de “devolver al Consejo de Participación Ciudadana el prestigio plebeyo que le dio la Constitución”.

En su carta de motivación expresa que se postuló no para “calentar la silla o pasar desapercibido durante cuatro años, ni mucho menos para utilizar el Consejo como herramienta de persecución o vendetta política, sino para levantar un nuevo optimismo ciudadano”.

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Su objetivo es “construir pueblo, construir institucionalidad”, generar transparencia, que se paguen las inversiones sociales y no la deuda externa y poner en marcha programas culturales que incentiven a la gente a participar de la toma de decisiones.

El vocal Andrés Fantoni fue más concreto en su carta de motivación y se propuso ser un “veedor constante de las gestiones de las autoridades que inciden en el desarrollo de los derechos y garantías de todos, y cuando quepa, un investigador y denunciante de aquellos actos que afectan directamente a todo el Ecuador”.

La consejera Johanna Verdezoto evoca los cargos públicos que ha ocupado en la Función Judicial para impulsar la selección de los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) con “transparencia y sin vínculos políticos”. Además, que su paso como funcionaria de la Defensoría Pública la prepararon para la atención a víctimas de violencia de género que será una “política institucional” en el CPCCS.

La vocal Mishelle Calvache se perfila como una “autoridad positiva” y prometió ser una “líder que se compromete con un estado social de derecho, que funcione en favor de los habitantes y no debiéndose a un partido político de turno”.

Apuntala a impulsar los derechos de participación, con un plan “estructurado para hacer un correcto control social de rendición de cuentas a las instituciones”, luchar en contra de la corrupción, combatir la impunidad “liderando los procesos adecuados para la selección correcta y transparente de las autoridades; así como vigilar el uso adecuado de los recursos públicos”.

La consejera Yadira Saltos se postuló por “siete razones” que centrarán el eje de su gestión. Entre ellas, contribuir con sus conocimientos sobre el sector público al servicio de la sociedad, promover el bien común, exigir a las autoridades que rindan cuentas, que los ciudadanos conozcan y ejerzan sus derechos.

Además, garantizar la participación de las mujeres en lo público; representar los intereses ciudadanos; y, gestionar el control en los diferentes niveles de gobierno.

Otra de las consejeras, Nicole Bonifaz centra sus expectativas en la lucha contra la corrupción, porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene una “enorme responsabilidad para alcanzar ese objetivo”. “Quiero luchar contra la corrupción y mejorar la eficiencia del gasto público para dedicarlo a sectores más importantes como educación, salud y seguridad”, es su propuesta de gobierno.

La Constitución otorgó al CPCCS doce atribuciones, que se resumen en promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.

Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social; instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo.

Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción; emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad; actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones; coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción.

Además, tiene la facultad de solicitar a cualquier entidad o funcionario del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos; y, quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley.

Este 14 de mayo, terminará el periodo del primer pleno del Consejo de Participación Ciudadana que se eligió por voto popular en el 2019, que en los últimos 100 días fue integrado por vocales suplentes de los suplentes, debido a la inestabilidad que experimentó la institución. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Debe organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales; designar a las autoridades de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por el presidente de la República.

Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado; a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.

Según cifras oficiales recogidas por el Gobierno nacional, desde el 2010 se ha destinado “$ 142 millones para el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana del que el 96, 9% fue para gastos administrativos; el 0,29 % para la promoción de la participación ciudadana”.

El “0,00 % en lucha contra la corrupción y el 1,10 % para la designación de las autoridades de control”.

Esta última atribución del organismo ha sido una de las más controvertidas del CPCCS que en la actualidad tiene en marcha la realización de tres concursos para elegir a los titulares de la Contraloría General del Estado, de la Defensoría Pública y la renovación parcial de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En cuanto a la lucha contra la corrupción, las estadísticas del Consejo muestran que durante el año 2022 se elaboraron 30 informes de investigación, de los que 19 fueron presentados para conocimiento y aprobación del pleno del CPCCS, 10 se encuentran en trámite y 1 no fue aprobado.

Sobre estos casos, que son tratados con reserva hasta que sean aprobados por los consejeros, del pleno saliente que lideraron los exconsejeros Sofía Almeida, Hernán Ulloa y finalmente, Gina Aguilar, se desconoce cuántos informes sobre investigación fueron aprobados y enviados a la Fiscalía General u otros órganos para su investigación.

No obstante, de acuerdo con el informe de rendición de cuentas del CPCCS, en lo que fue el 2022, la Subcoordinación Nacional de Patrocinio impulsó 271 causas ante los organismos judiciales de informes de investigación.

Mientras que, respecto de actuaciones indebidas de parte de servidores públicos que han llegado a conocimiento del Consejo, se gestionaron 304 seguimientos y actos administrativos a diferentes entidades como la Contraloría y las superintendencias.

En el ámbito del control social y participación ciudadana, el año anterior se crearon 75 veedurías ciudadanas, de las que 21 vigilaron procesos de contratación pública que se realizaron en gobiernos autónomos descentralizados por un monto de $ 175′655.688. (I)