Los recursos extraordinarios de revisión del caso Sobornos 2012-2016, la apelación a la sentencia de primer nivel del caso Las Torres, la audiencia de juzgamiento en el caso Vocales, la instrucción fiscal por el delito de obstrucción de la justicia en la causa denominada Independencia Judicial, la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio son, entre otros, los procesos judiciales de los que son parte personajes políticos, que seguirán evacuándose en distintas fases en la justicia ecuatoriana durante los meses para los que fue elegido como presidente de la República Daniel Noboa Azín.

En condiciones normales los casos que se llevan en la Función Judicial no tendrían nada que ver con la elección de un nuevo mandatario, pero la historia reciente en Ecuador ha dejado en el ojo ciudadano las intenciones, con más o menos fuerza, del poder político, de gobernantes y Gobiernos de turno de meter la mano a la justicia, de tener algún tipo de injerencia y control en casos que son de su interés o de cercanos políticamente hablando.

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Relacionado con el tema de justicia, en campaña el nuevo primer mandatario ha anunciado reformas al sistema judicial para acelerar los procedimientos y así garantizar el derecho a un juicio rápido y justo. En esa línea plantea que en los primero 100 días de su mandato el país tendrá una consulta popular que, entre otros temas, incluiría preguntas sobre la inclusión de jurados ciudadanos, jueces sin rostro para los procesos penales actuales y endurecimiento de penas.

Dos empresarios sentenciados en el caso Sobornos buscan echar abajo sus penas mediante recursos de revisión y una prueba nueva

Uno de los casos que tendrán resoluciones judiciales dentro de estos próximos 17 meses de gobierno de Noboa Azín será el llamado Sobornos, en el que por el delito de cohecho se condenó a 20 personas, entre ellas, el expresidente y exvicepresidente Rafael Correa y Jorge Glas. La sentencia en esta causa está en firme desde septiembre de 2020, pero volvió al debate público con los recursos de revisión que plantearon ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a inicios de octubre pasado, los empresarios condenados Ramiro Galarza y José Hidalgo.

El Tribunal de Ejecución ya dio paso a los recursos y al momento están siendo analizados por el Tribunal de Revisión, integrado por los jueces nacionales Byron Guillén, Luis Rivera y Felipe Córdova. Aún no se da a conocer si se los acepta o no para ser tratados en una audiencia. En torno a este proceso judicial ha girado una buena parte del debate político del país en los últimos cuatro años.

La trama de corrupción denominada Las Torres, en la que mantienen sentencias condenatorias por delincuencia organizada el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y otras ocho personas, tendría también una resolución de segunda instancia e incluso podría llegar hasta la casación en este próximo año y medio. Desde febrero pasado la causa tiene una sentencia de primer nivel y los once sentenciados están a la espera de que se defina una fecha en la que se realice una audiencia para apelar el fallo de un tribunal de la Corte Nacional.

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El ex secretario jurídico de la Presidencia de la República Alexis Mera es uno de los sentenciados dentro del caso Sobornos 2012-2016.

El docente universitario y experto en temas penales y derechos humanos Carlos Poveda cree que más que una percepción es una realidad lo que ocurre entre el Poder Judicial y las fuerzas políticas de turno que gobiernan el país. Anota que esa es una realidad con la que hemos vivido más o menos cuatro décadas, tiempo en el que la clase política, dice, ha ido entendiendo que tener la justicia, de manera concreta la penal, es un instrumento de persecución de carácter político.

Poveda sostiene que lo que debe entender el nuevo mandatario es que lo que no necesita la Función Judicial es que la debiliten mediante injerencias, sino más bien que se la fortalezca, por ejemplo, con la creación nuevamente del Ministerio de Justicia o un ente que sirva de enlace para coordinar la entrega de presupuestos adecuados y se dé solución a las necesidades reales y urgentes desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial.

Aunque espera que no exista una injerencia o manipulación en el sistema de justicia de parte del nuevo gobernante, Poveda reconoce que en Ecuador esa idea es una quimera ante la cantidad de casos que han existido. “Hemos pasado cantidad de casos en los que se utiliza la justicia penal, se presta la Fiscalía para una persecución y una justicia selectiva. Eso deja mucho que desear y además pasa factura porque no toda una vida van a pasar gobernando. En algún momento este actuar pasa factura y quien pierde es el país”.

Caso Las Torres: excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores son condenados a 13 años y cuatro meses de cárcel

Los exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhayya, enfrentarán en los próximos meses una audiencia de juzgamiento por el delito de tráfico de influencias. Los tres recibieron un auto de llamamiento a juicio el 28 de septiembre pasado al supuestamente haber sido parte de una reunión que buscaba tener un fallo a favor en una acción de protección planteada por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para no dejar el cargo.

Otro de los procesos penales que avanzarían a la par del periodo presidencial del binomio Daniel Noboa Azín-Verónica Abad es el nombrado por la Fiscalía como Independencia Judicial. En este caso se busca formular cargos por obstrucción de la justicia contra el presidente del CJ, Wilman Terán, los exvocales Barreno y Morillo, el actual vocal de la Judicatura, Xavier Muñoz, y otros cuatro funcionarios del CJ.

Pese a que casi hace dos meses la Fiscalía solicitó la diligencia de formulación de cargos, el viernes 20 de octubre último, en la primera convocatoria, la audiencia no pudo instalarse en la CNJ debido al pedido de diferimiento hecho por tres defensas de los procesados.

El especialista en temas penales Miguel Revelo tiene claro que el flamante primer mandatario lo que debería hacer es sentarse en el sillón presidencial y dar la figura de un estadista. Es decir, cumplir con la norma, respetar la independencia de poderes y evitar todo tipo de declaraciones sobre procesos judiciales en marcha que tengan que ver con sus allegados o con sus rivales políticos. De actuar de una manera contraria significaría que el nuevo presidente llegó al cargo por temas políticos y particulares.

El nuevo presidente de la República debe evitar a todo momento referirse y actuar sobre juicios de actores políticos, ya sean adversarios o de su misma tendencia política. Debe evitar eso y básicamente lo que debe hacer es gobernar, pues tiene cualquier cantidad de problemas por los que preocuparse dentro de la Función Ejecutiva, como para por lo menos regresar a ver a un caso judicial, ya es hora de que un presidente dé ejemplo y no se refiera a casos judiciales en específico”, indicó Revelo.

Quito, 09 de agosto del 2023 El entonces candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato el 9 de agosto pasado, afuera del colegio Anderson. Fotos:César Pasaca/API Foto: API

Para el penalista, en lo que debe centrarse Noboa Azín, en lo que tiene que ver con el sistema de justicia local, es aprovechar el tiempo que tiene para asignar los recursos necesarios para la Función Judicial, acción que evidenciaría, sostiene el abogado, que el nuevo mandatario quiere la independencia del sector. Además, Revelo piensa que alejarse de la tentación de hablar o entrometerse en procesos judiciales en marcha le ayudarán al gobernante a llevar de mejor forma su mandato.

Entre otros casos que tendrán continuidad en estos próximos meses están la casación solicitada por el exlíder de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) Pablo Romero en el caso por el plagio de Fernando Balda, en el que fue sentenciado a nueve años de cárcel; o el pedido de formulación de cargos por peculado contra Jorge Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, y los exfuncionarios públicos del correísmo Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico, por irregularidades en una obra contratada luego del terremoto de Manabí de 2016.

También está el llamado a juicio por el delito de cohecho, parte del caso China CAMC, que recibieron el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, un empresario, el representante de la empresa china y la persona jurídica CAMC; y la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio de los seis procesados que siguen vivos y son investigados por su participación en el asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, hecho producido el 9 de agosto pasado.

En este último caso, siete sospechosos procesados murieron en dos distintas cárceles en las que cumplían sus medidas cautelares. La Fiscalía sigue las pistas proporcionadas por un testigo protegido para poder dar con los autores intelectuales del crimen. (I)