Cuatro juicios políticos en siete meses de actividad fiscalizadora de la Asamblea Nacional

Cuatro juicios políticos que terminaron en censura y destitución, dos procesos archivados y cuatro solicitudes de interpelación pendientes son el saldo de la tarea de fiscalización política de la Asamblea Nacional en los primeros siete meses de gestión.Adicional a ello, la Comisión de Fiscalización aprobó dos informes de fiscalización que incluyen conclusiones y recomendaciones referentes al caso Flopec y Sucre-Foglocons.También abrió investigaciones en los casos universidades emblemáticas, Coca Codo Sinclair, comercio internacional de crudo-Petroecuador, (Petrochina, Gunvor, Petrotailandia), INA Papers y Tranvía. Estos procesos están en la fase final y entre enero y febrero próximos se aprobarán los informes.Los cuatro procesos de juicio que llegaron al pleno de la legislatura fueron en contra del contralor subrogante, Pablo Celi; del exministro de Energía René Ortiz; del defensor del Pueblo, Freddy Carrión; y, del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia.En cambio, se archivó el proceso en contra del exministro René Ortiz, pero se lo retomó de manera inmediata y terminó con la censura, y el pedido de juicio en contra del exministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, por agotarse el plazo.Los cuatro procesos pendientes son en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui; el procurador del Estado, Íñigo Salvador; y, en contra de cuatro integrantes del Consejo Nacional Electoral y un exconsejero.El proceso en contra de Arregui se reactivará el 3 de enero de 2022 cuando empiece a correr el plazo para que presenten las pruebas de cargo y de descargo de esta funcionaria que enfrenta ocho acusaciones relacionadas con falta de control en operaciones no autorizadas como el Big Money, en el cantón Quevedo, en las actividades de las instituciones financieras e incumplimiento de funciones en los problemas de ciberseguridad registrados en el Banco Pichincha.El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, considera que hay un cambio de parte del sector oficial respecto al acceso a la información en el momento de la fiscalización, por ejemplo, en el caso Petrochina, los periodistas llevan solicitando información más de una década y sin resultados, pero como asambleísta las autoridades de Petroecuador han facilitado información que estuvo bajo reserva y que confirma la existencia de una trama de corrupción en la entrega del petróleo a China y en las líneas de crédito con los países asiáticos.Pero lo más empinado para la Comisión estuvo en el juicio político en contra del excontralor Pablo Celi, porque al comienzo hubo resistencia de parte del contralor subrogante encargado, Carlos Riofrío, en la entrega de la información que fue calificada como reservada por el mismo funcionario y que se refería a los legisladores glosados.Sin embargo, agrega Villavicencio, el subrogante tuvo que cambiar de criterio y facilitar la información sobre los quince legisladores que tienen informes con responsabilidad penal y glosas, cuyos procesos investigativos continúan.El presidente de la mesa considera que a nivel de mandos medios hubo miedo de los funcionarios para entregar información, pues en el caso de Álex Saab se detectó temor de los funcionarios que provienen de los gobiernos anteriores y que fueron parte de estas estructuras y obedecían órdenes.Pero, al sentirse respaldados por las actuales autoridades, la información fluyó y por esa razón la Comisión pudo acceder a gran parte de los datos que se manejaron bajó reserva en el Banco Central del Ecuador y en la Superintendencia de Bancos. Se pudo obtener un informe en el que el exgerente del Banco Central Mateo Villalba alertó sobre operaciones fraudulentas o de dudosa procedencia, ligado al incremento explosivo de transferencias procedentes de Venezuela a través del sistema Sucre, que amenazaría la liquidez total de la economía por la salida de capitales.En el juicio al excontralor Pablo Celi, según Villavicencio, algunos funcionarios durante sus comparecencias defendían la estructura, defendían a sus jefes, defendían la institucionalidad; es decir, se protegían unos a otros bajo el manto de que su responsabilidad llegaba hasta cierto punto, total que ninguno era responsable.Pero la información que entregó la exsubcontralora Valentina Zárate fue clave para identificar la existencia de una estructura criminal en el interior de la Contraloría, porque desvanecían glosas, guardaban documentos o dejaban caducar los procesos de exámenes. Todo eso llevó a estructurar un informe que terminó con la censura de Pablo Celi.En el momento de investigar los casos de corrupción desde la Comisión de Fiscalización, los asambleístas que representan al correísmo en esa mesa legislativa tienen un comportamiento lineal, afirma Villavicencio, al principio aprueban el inicio de las investigaciones y luego torpedean y bloquean el proceso.En el caso Álex Saab, asegura el representante nacional, los asambleístas de UNES llegaron en tres ocasiones a plantear de manera indirecta y oculta la remoción de Villavicencio, ese planteamiento lo hicieron a los legisladores Pedro Velasco (BAN), Bruno Segovia (antes de PK) y a Ana Belén Cordero (CREO), para que asumieran la presidencia. Pero no lograron su propósito.Fueron contactados los legisladores de UNES María Gabriela Molina, Roberto Cuero y Comps Córdova para receptar su versión, pero no hubo resultados, no respondieron la llamada ni a los mensajes de texto.Pedro Velasco, delegado de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), precisa que los procesos de juicio político tuvieron los suficientes argumentos y pruebas que motivaron la censura y destitución, que están sustentados y que siempre se respetó tanto el debido proceso como el derecho a la defensa.En esta primera etapa, la Asamblea Nacional registró dos archivos de juicio político, uno en contra del exministro de Energía René Ortiz, pero que se reactivó de manera inmediata y terminó con la censura del exfuncionario por incumplimiento de funciones.El otro archivo tiene relación con las cinco solicitudes de juicio contra el exministro de Economía y Finanzas Richard Martínez. En este proceso, según Fernando Villavicencio, hubo complicidad entre la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y el Ejecutivo, porque el juicio se archivó en la presidencia del Parlamento, se esperó que precluyeran los tiempos y cuando faltaban tres días y estaba otro juicio aprobado y en curso, remitió el expediente a la Comisión, pero cuando la mesa pudo entrar a conocer las solicitudes de interpelación concluyó el plazo de un año para poder enjuiciar a Martínez.En ese caso hubo un juego político, dice Fernando Villavicencio, porque por cinco ocasiones solicitó que se remita el expediente; en ese proceso “había un ánimo de proteger a Richard Martínez”.Al legislador Velasco le molesta que haya habido una inacción y una falta de celeridad oportuna del cumplimiento del deber y que se haya guardado en el escritorio desde el periodo anterior el proceso de juicio político contra Martínez. Quienes hicieron ese juego deben responder al país.Para el 2022, la Comisión de Fiscalización espera construir contraloría social en cada capital de provincia, con ello, las casas legislativas se convertirán en centros de participación ciudadana y lucha contra la corrupción.En esos espacios los ciudadanos podrán presentar desde sus críticas a la tarea de fiscalización hasta denuncias fundamentadas contra cualquier autoridad o funcionario público.Hasta el momento se han realizado tres ensayos, el primero en Cuenca, donde la gente planteó la fiscalización de los contratos del Tranvía; el segundo en Riobamba y Alausí, donde se registró un cuestionamiento sobre la falta de reconstrucción de un hospital; y, el otro ensayo fue en el Puyo, provincia de Pastaza, donde se receptó información sobre las operaciones petroleras en los pueblos indígenas.Un cuarto ensayo se realizará en Orellana a pedido de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que se investiguen todos los contratos petroleros de esa provincia. Luego será Manabí, sobre los recursos del terremoto y los proyectos Cabezal-Chone y Multipropósito-Chone. También se fiscalizarán los cuatro hospitales de esa provincia. (I)

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