CPCCS trata esta tarde pedido de remoción al vocal de la Judicatura Fausto Murillo, quien denuncia intereses de la ‘delincuencia organizada’

“Hay intereses relacionados con la delincuencia organizada” que están buscando “tomarse la administración de justicia”, denunció el vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo, al referirse al pedido que hizo el ministro del Trabajo, Andrés Isch, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que se lo remueva de su cargo.

Este 23 de abril, a las 16:30, el CPCCS tiene previsto conocer en una plenaria virtual un oficio enviado por Isch, en el que argumenta que Murillo consta con impedimento legal para ejercer cargo público y debe ser removido de sus funciones.

El contexto de este pedido surge porque Murillo se acogió en el 2012 a un denominado plan de desenrolamiento por renuncias voluntarias en la Función Judicial, y recibió una compensación que bordeó los $30.000 por 25 años de labor, pues era juez.

Isch argumentó que el vocal podía reingresar al sector público, sin devolver la compensación económica, solo para ocupar “cargos de nombramiento provisional y de libre nombramiento y remoción”.

Ministerio del Trabajo pide la remoción del cargo de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura

Pero que Murillo fue designado para un periodo fijo de seis años en el actual CJ, lo que no está contemplado en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Murillo fue electo en el 2019 por el CPCCS Transitorio y no fue impugnado, pese a que en ese entonces ya registraba dicho impedimento en el Ministerio del Trabajo.

Pero dos años y medio después, el Ministerio revive el tema y pide al Consejo de Participación Ciudadana, entidad nominadora, que lo remueva.

El oficio del Ministerio fue enviado el 20 de abril último al Consejo y está listo un informe del área jurídica que recomienda al pleno “acoger” el pedido de Isch y disponer la remoción de funciones del vocal del CJ porque al “momento de su posesión y durante su ejercicio registra impedimento legal para ejercer” y plantea convocar a la suplente para la respectiva principalización.

Para Murillo, hay otras intenciones detrás de este hecho. “Hay intereses relacionados con la delincuencia organizada, y estos movimientos que empiezan por buscar mi remoción es el primer paso. Disimularán un poco, pero llegarán a conseguir jueces que estén a su disposición. Sin duda se está sirviendo a intereses que quieren tomarse la administración de justicia”, advirtió.

Dejó entrever que pese a que la bancada correísta de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional impulsó el juicio político en contra de Isch no fue destituido y censurado, y a “semana siguiente” se inicia esta acción.

Esto, cree Murillo, estaría vinculado con el recurso de revisión que puede plantear el expresidente Rafael Correa ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) como última medida, en contra de la sentencia en firme en la que es señalado como autor mediato del delito de cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos 2012-2016.

A Rafael Correa aún le queda un recurso para revertir su condena en el caso Sobornos

“Ciertas fuerzas políticas tratan de posicionarse, de tener herramientas y cumplir sus objetivos políticos. La Judicatura hizo una evaluación de la Corte Nacional de Justicia, no superaron la evaluación un 80% de jueces. Querían que se caiga el concurso de selección de los jueces, pero logramos tener jueces que son de carrera. No habría las sentencias que se habrían dado, si no tuviéramos jueces independientes. Se pretende, sin duda, darle un giro al CJ”, increpó Murillo, en una entrevista a radio Sucesos este 23 de abril.

Añadió que Isch al señalar que está ocupando su cargo “ilegítima e ilegalmente está tratando de deslegitimar todos los actos de la Judicatura, se está veladamente pretendiendo deslegitimar lo actuado”.

Gustavo Medina, expresidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, cree que es “extraño” que luego de más de dos años de estar en funciones Murillo, ahora se pida su remoción por un asunto que se debió evaluar en el momento oportuno.

“No es extraño que se lo haga, cuando prácticamente el ministro está en los últimos días de gestión. Luego de que hay un resultado electoral, y que tienen alguna razón los rumores de que se pretende desestabilizar a la Función Judicial, empezando por la correlación de fuerzas en la Judicatura, por los temas de los juicios en los que resultaron sentenciados el expresidente y otros funcionarios”, cuestionó.

Recordó que los miembros del CJ están sometidos a juicio político por parte de la Asamblea Nacional, y, por otra parte, la Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia interpretativa en la que se determinó que las decisiones del CPCCS Transitorio no pueden ser revisadas.

“Entonces no habría capacidad para ser removido por el actual Consejo de Participación Ciudadana, y en todo caso, antes de tomar una decisión, se debe escuchar a Murillo para que ejerza su derecho constitucional a la defensa. Extraña que este asunto en menos de tres días haya caminado con una velocidad tal, que hay hasta informe para que se acepte el pedido del ministro. En la política ecuatoriana se cuecen granizos”, recalcó.

El constitucionalista Ismael Quintana tiene otra visión. Consideró que el CPCCS sí podría removerlo, pues Murillo estaría actuando con impedimento legal.

Dijo que el cargo de vocal de la Judicatura sí es un cargo de periodo fijo porque se establecen seis años de gestión.

“Esta decisión del Ministerio del Trabajo se tiene que cumplir y le correspondería al CPCCS removerlo del cargo. Y si no se lo hace, se aplicaría el artículo 11 de la Losep para que la Contraloría lo remueva”, explicó.

No obstante, alertó que esto tendrá consecuencias. Por ejemplo, “el proceso de evaluación a la CNJ y el proceso de designación para elegir a los reemplazos con el voto de Murillo serían nulos. Porque se trataría del voto de una persona que estaba inhabilitada de actuar. Hay consecuencias legales graves”.

CPCCS deja sin efecto la designación de Elcy Celi como vocal de la Judicatura y elegirá a la nueva autoridad con la terna enviada por Lenín Moreno

Murillo remitió a este Diario un nuevo certificado del Ministerio del Trabajo, fechado el 21 de abril, en el que se menciona que no tiene impedimento para ejercer el cargo.

En todo caso, si el CPCCS resuelve removerlo, se principalizará a la suplente Elsi Cely.

Ella fue designada meses atrás por el Consejo en reemplazo de Aurelio Moreno, quien renunció en noviembre del 2020.

Luego dejó sin efecto esa designación, e inició un concurso con una terna enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno, con el que se eligió como vocales a Xavier Muñoz y Solanda Goyes, como principal y suplente, respectivamente. (I)