Una vez que se han definido los parámetros para la selección de quince conjueces nacionales temporales, desde este jueves 8 de febrero el Consejo de la Judicatura (CJ) arranca el procedimiento para cubrir las necesidades de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La decisión se tomó el 7 de febrero pasado con el voto unánime de los vocales Fausto Murillo, Yolanda Yupangui y del presidente encargado, Álvaro Román.

El proceso arranca con la publicación de la convocatoria, la cual es una de las cuatro fases previstas para el proceso que se prevé concluya el 28 de febrero próximo. El documento aprobado define los parámetros que se aplicarán para la selección en la que podrán participar jueces de cortes provinciales y de Tribunales de lo Contencioso Administrativo que prueben haber trabajado al menos diez años como juez en cualquier nivel de la carrera judicial jurisdiccional y acrediten su formación académica y profesional.

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La postulación en la plataforma tecnológica de la página web del CJ será la segunda fase, mientras que la tercera y la cuarta serán la selección, revisión de requisitos, calificación y recalificación de méritos y finalmente la designación e informe final. En la fase de selección un equipo técnico de la Dirección de Talento Humano verificará los requisitos y calificará sus méritos. De existir reclamos se mantendrá una subfase de recalificación.

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Finalmente habrá un informe con las calificaciones, de esa lista el pleno del CJ designará a los quince jueces temporales. Ellos conformarán el banco de elegibles de la CNJ que asumirán despachos en ausencia de jueces y conjueces titulares.

El presidente de la Judicatura, Álvaro Román, en una comparecencia en la Asamblea explicó que esta declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente en cuanto a vacantes de conjueces se da porque el CJ tiene que proveer de conjueces a la Corte Nacional. “Serán jueces de Corte Provincial los que irán asumiendo los cargos de conjueces nacionales en el número de 15″, aclaró.

Desde el Consejo de la Judicatura se ha dicho que la declaratoria tiene el objetivo de garantizar la continuidad del servicio judicial a la ciudadanía. La declaratoria de emergencia, se sostiene, permitirá cubrir, de forma temporal, las vacantes que en la Corte Nacional quedan, a partir del 3 de febrero pasado, fecha en la que los jueces nacionales Luis Rivera, Walter Macías, Byron Guillén y Fabián Racines fueron cesados en funciones, una vez que cumplieron el periodo para el que fueron designados.

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Estas vacantes no fueron cubiertas de forma permanente, al haberse declarado la nulidad insanable total del concurso público para seleccionar jueces de la CNJ que inició el ahora expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. La nulidad la adoptó el pleno del CJ el pasado 18 de enero, en virtud de que se definieron una serie de anomalías encontradas en ese proceso.

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“Esta decisión permitirá al país contar con un número de conjueces que evite dilaciones en el servicio de justicia, garantizando los derechos constitucionales de la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y debido proceso; pues de la Corte Nacional depende el mantenimiento y desarrollo del ordenamiento jurídico nacional, mediante el despacho de causas, la resolución de recursos judiciales de cierre, interpretación obligatoria de la ley y expedición de jurisprudencia vinculante”, sostuvo la Judicatura en un comunicado público. (I)