La Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) generará un ahorro al Estado de $ 22,74 millones para el 2026, de continuar con los despidos de los funcionarios que laboran en el sector público.
Las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) plasmadas en la Ley Orgánica de Integridad Pública, que actualmente enfrenta 26 demandas de inconstitucionalidad por una posible regresión de derechos, generarían un ahorro de “$ 22,74 millones en el 2026″, precisó la viceministra de Economía y Finanzas, Andrea Sánchez.
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Este 28 de agosto de 2025, el juez sustanciador de la Corte Constitucional (CC), José Terán, cerró una jornada de dos días de una audiencia pública, antes de resolver 26 acciones públicas de inconstitucionalidad interpuestas por casi 70 legitimados activos, agrupados en sindicatos, asociaciones, gremios de trabajadores de gobiernos locales, universitarios, de transporte, de educadores, médicos, agrupaciones de abogados, funcionarios judiciales y activistas de derechos humanos, que consideran que la LOIP afecta sus derechos.
En el otro lado estuvieron los patrocinadores de la Asamblea Nacional, de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General del Estado, esta última como abogado del Estado para defender la LOIP, que fue la segunda ley de carácter económico urgente que envió el presidente de la República, Daniel Noboa, y que se aprobó con el voto de su bancada legislativa Acción Democrática Nacional (ADN).
En la diligencia participaron ocho jueces y el ponente José Terán Suárez empezó la diligencia el miércoles con un mensaje para las partes procesales de que se actuará conforme a la ley y la Constitución, sobre todo por el número de recursos de impugnación contra este cuerpo legal: 26 en total.
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Además, que se inscribieron 50 amicis curiae, pocos de ellos, en defensa de la ley, como los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fue la viceministra de Economía, Andrea Sánchez, quien justificó que el objetivo de esta ley es garantizar la sostenibilidad fiscal, tomando en cuenta que en la última década ha crecido el déficit.
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De acuerdo con los datos oficiales, en el 2023, el déficit fue de $ 5.373 millones y en el 2024 de $ 2.483 millones, por lo que se requiere equilibrar las cuentas del Estado.
Con ese escenario, en el 2023 el gasto en personal “son significativos” y estas medidas de reducción permitirán “generar ahorros de agosto a diciembre de $ 9,4 millones” y en el 2026 de $ 22,74 millones.
Los datos llamaron la atención de los magistrados, que aprovecharon para hacer preguntas relacionadas con el número de funcionarios que están vinculados al Gobierno central.
Aunque no pudieron subsanar todas sus inquietudes, porque la funcionaria no contaba con esa información y se comprometió a enviarla por escrito.
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Con más dudas que respuestas se quedaron los jueces de la Corte Constitucional
En estos dos últimos días, el reclamo similar de las organizaciones de la sociedad civil en contra de la LOIP se dirigió hacia la inconstitucionalidad por la forma, porque no gozaría del principio de unidad de materia y, por el fondo, porque habría una “regresividad de derechos” al eliminar de la Ley Orgánica de Servicio Público la garantía de la ‘estabilidad laboral’ para quienes desempeñan cargos en el Estado.
También hay preocupación por una disposición transitoria décimo primera que establece un procedimiento para que las cooperativas de ahorro y crédito se conviertan en instituciones bancarias que, a criterio de los accionantes, violaría el derecho constitucional a la libertad de asociación.
La Unión Nacional de Educadores (UNE), a través de su abogado Ramiro García Falconí, calificó de un “frankestein” a este articulado que se envió con el “camuflaje” de económico urgente, por lo que pidió que se declare su inconstitucionalidad.
La defensa técnica de la Asociación de Cooperativas, André Benavides, increpó a la defensa de la República, en el secretario jurídico Stalin Andino, por insinuar que estas entidades son de “pillos” y “lavadoras de dinero”, y pidió que se declare la inconstitucionalidad total de la ley.
Durante la audiencia, los abogados defensores de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de Daniel Noboa dejaron más dudas que respuestas para los jueces constitucionales sobre este cuerpo legal que reformó 19 leyes y códigos orgánicos en 30 días.
En este segundo día, los abogados defensores de la Presidencia y la Asamblea optaron por descalificar las preguntas que les hacían los jueces pese a que en momentos no lograban articular respuestas concisas.
Por ejemplo, la jueza Alejandra Cárdenas preguntó cómo se va a garantizar el derecho superior de los niños y adolescentes a la reinserción si la norma propone endurecer penas para los menores infractores e incluso enviarlos a las cárceles para adultos.
La procuradora de la Asamblea Nacional, Mercedes Mediavilla, le reprochó que está haciendo un “prejuzgamiento” y que, al contrario, lo que busca la norma es proteger el derecho superior de los niños, pero prefirió no ahondar y dio paso a su colega Édgar Lagla.
El abogado dijo que esta medida ataca a una “debilidad” en la aplicación de la justicia juvenil contemplada en el Código Orgánico de la Niñez y que ha sido aprovechada por los grupos criminales para usar a los menores.
Al final, la jueza lamentó que no entendió la respuesta y que no le respondieron.
A propósito de la reforma a la Losep, el juez Raúl Llasag preguntó si el haber eliminado el artículo que garantizaba la estabilidad laboral se afecta el principio de no regresividad.
“No se está violentando el núcleo central del derecho al trabajo, no se violenta la estabilidad laboral”, aseguró Mediavilla, ya que para la desvinculación de personal se seguirán los procesos administrativos.
“Gracias. No ha contestado mi pregunta”, señaló Lagla.
El juez José Terán preguntó al secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, sobre la aplicación de la evaluación de los servidores para desvincularlos.
Andino le dijo a Terán que hace preguntas “capciosas” y que se aparta del hecho de que esta es una “audiencia de control abstracto de constitucionalidad”.
Finalmente, la Presidencia y la Asamblea Nacional, además de la Procuraduría defendieron esta ley que cumplió con la unidad de materia y que no afecta derechos laborales, porque incluso la estabilidad laboral tiene límites y el fin es mejorar las condiciones del país volviéndolo eficiente.
Pidieron a los magistrados que no se acepten las demandas que provienen desde los “miedos” y “suposiciones” de los accionantes.
A las 17:00 terminó la audiencia y, superada esta fase, el juez Terán preparará el proyecto de sentencia para conocimiento y resolución del pleno. Aunque los plazos dependerán de los mismos jueces. (I)
