La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Ciudadana fracasó en su intento por reunirse, este 27 de noviembre, para recibir a expostulantes del concurso de designación del contralor general del Estado, cuyo ganador será posesionado este martes ante el pleno de la Asamblea Nacional.

A la reunión también fueron convocados los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pero no acudieron. Los que sí se presentaron fueron expostulantes que perdieron el concurso, como Juan Falconí Puig y Alejandra Vivanco, quienes se sentaron en la mesa principal, pero luego tuvieron que abandonar el lugar tras suspenderse la instalación de la sesión.

Asamblea Nacional posesionará al nuevo contralor del Estado este martes 28 de noviembre

Los tropiezos y el desorden en la conducción de la sesión por parte del presidente de la mesa, Patricio Chávez (RC), provocaron reclamos de los asambleístas representantes de Pachakutik, Avanza, Construye y socialcristianos que obligaron la suspensión.

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Lucía Posso, delegada de Avanza en la comisión, reclamó que en la primera sesión de la mesa debió elaborarse el plan de trabajo y de manera consensuada se aborden todas las temáticas; y que la convocatoria realizada para este lunes 27 de noviembre no fue aprobada por la mesa, por ese motivo remitió una carta aclaratoria a la presidencia de la Asamblea, dijo.

Manifestó que si se aprueba el orden del día establecido por el presidente de la mesa, se estaría incumplimiento la norma, pues no se ha elaborado un plan general de trabajo donde se pueden incluir las comparecencias previstas para este lunes. Por ello, mocionó que se cancele la reunión y primero se elabore el plan de trabajo de la comisión; “primero es ponerse las medias y luego los zapatos”, anotó.

La legisladora Gissela Garzón (RC) intervino para defender la agenda establecida por el presidente de la mesa y aclaró que no se trata de juzgar a nadie, sino conocer las denuncias sobre irregularidades en el concurso para designar contralor. Su coideario Franklin Samaniego (RC) también intervino y manifestó que es potestad del presidente establecer el orden del día de una sesión de comisión, y planteó que una vez evacuado el orden del día de la sesión de 27 de noviembre, se trabaje en el plan que reclama la legisladora Posso.

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En cambio, la delegada del PSC en la mesa, Esperanza Moreta, afirmó que la fiscalización procederá una vez que el contralor sea posesionado; que lamentablemente las denuncias que se han formulado sobre el concurso de la máxima autoridad de la Contraloría no han sido debidamente socializadas entre los asambleístas integrantes de la mesa, y apoyó la moción de la legisladora Lucía Posso.

La afirmación de Moreta intentó ser desmentida por las legisladoras Viviana Veloz y Gissela Garzón, de la bancada RC, señalando que las denuncias de supuestas irregularidades en el concurso de contralor ingresaron por DTS el pasado 21 de noviembre.

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Mariana Yumbay, del sector de Pachakutik, también reclamó que antes de iniciar la tarea de fiscalización la mesa debe aprobar un plan y visibilizar soluciones a los grandes problemas que el país demanda, como el acceso de los jóvenes a la universidad, al empleo y salud.

Al pueblo ecuatoriano le interesa que la Contraloría General del Estado vuelva a tomar su curso, pues “todos sabemos que se ha convertido en un nido de corrupción, todos hemos venido a este puesto para combatir la corrupción, pero ordenadamente”, indicó.

Yumbay pidió orden en la conducción de la sesión y reclamó que el presidente de la mesa no escucha a todos los legisladores. Insistió en que se debe elaborar un plan, y que no está de acuerdo con la aprobación del orden del día establecido por quien dirige la mesa.

El asambleísta Jorge Chamba, del movimiento Construye, reclamó también al presidente de la mesa por el apuro que tiene por fiscalizar el proceso de selección del contralor, cuando hay temas más urgentes en el país; y más aún cuando el CPCCS ya designó como contralor a Mauricio Torres y la Asamblea solo le resta posesionarlo; por lo tanto, apoyó la moción de la legisladora Lucía Posso para que primero se establezca un plan de trabajo antes de cualquier comparecencia.

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En la sesión también participó la correísta Viviana Veloz, aunque no es parte de la mesa, amenazó a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con iniciar un juicio político en su contra si no vuelven a presentarse ante la Comisión de Transparencia, adonde fueron llamados y enviaron una excusa. La sesión terminó suspendiéndose y los convocados tuvieron que retirarse. (I)