En el análisis de 68 exámenes especiales realizados entre el 2020 y 2021 a la entrega de carnés de discapacidad, la Contraloría General del Estado identificó 282 procedimientos irregulares en los que habrían incurrido entidades del Ministerio de Salud Pública para emitir certificados de calificación de discapacidad.

La Contraloría General del Estado informó este 8 de junio que, en el análisis de 68 informes aprobados entre el 2020 y 2021 a los procesos para la entrega de carnés de discapacidad que realizaba el Ministerio de Salud, se observaron al menos cuatro anomalías recurrentes para calificar una discapacidad.

Según el organismo, se examinó la emisión de certificados para la calificación de discapacidades y la entrega de carnés por parte del Ministerio de Salud entre el 2014 y 2020, que se encuentran consolidados en un quinto reporte de control público. Este reporte agrupó los 68 informes de exámenes especiales, de los que se extrajeron 282 hallazgos relacionados con irregularidades. Así se recoge en el comunicado institucional.

Una de las falencias recurrentes es que se incumplieron normativas y regulaciones, debido a que los equipos conformados para calificar las discapacidades no requerían informes de especialistas médicos ni la evaluación de trabajo social.

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Esto provocaba que se valoraran porcentajes de discapacidad sin una evaluación completa, por ejemplo, incluyendo factores sociales y complementarios de los pacientes. Se empleaban criterios sin evidencia científica y no se incluía un análisis biopsicosocial y de derechos humanos, lo que afectó la calidad de la evaluación de los pacientes. Esto a su vez restaba sustento técnico y veracidad a las calificaciones otorgadas.

Se emitían carnés de discapacidad en un solo día, y en esos casos se evidenciaron porcentajes que estaban sobrevalorados en la calificación de factores sociales, por lo que se otorgaban carnés con porcentajes que no correspondían a la realidad de los pacientes.

Otra de las falencias determinó que se efectuaba la calificación y recalificación de las discapacidades en personas que no cumplían porcentajes mínimos de discapacidad; y, pese a ello, fueron acreditadas en esa condición sin cumplir requisitos.

“En varios expedientes se determinó que la calificación de discapacidades físicas, auditivas y visuales (fue hecha) por profesionales no aptos para determinar ni evaluar este tipo de condiciones”, cita la información oficial.

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Había errores en la sumatoria de porcentajes, sin que estas certificaciones contuvieran los nombres o firmas de responsabilidad de los servidores que efectuaron estos procesos, a lo que se sumó que no había supervisión y control de la autoridad correspondiente.

También se detectó falta de documentos físicos y digitales, en los que se observó que había historias clínicas que no contaban con documentación que justificara los porcentajes o tipo de discapacidad acreditada a varios pacientes.

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Las calificaciones de discapacidades las hacían personas no calificadas o equipos incompletos que no contaban con certificados de actualización de conocimientos, aprobación de capacitación virtual y de observador de procesos de calificaciones. Esto sucedió porque las autoridades encargadas de acreditar no verificaron la idoneidad de los profesionales a cargo.

Finalmente, se observó que los beneficiarios de carnés de discapacidad tenían puntuaciones que no estaban sustentadas en criterios técnicos, pues los equipos calificadores no contaban con el personal necesario para valorar o recalificar. (I)