Los jueces de la Corte Constitucional (CC) “tienen la obligación de adaptar la norma a la Constitución...”, zanjó la titular del Ministerio de Gobierno, Zaida Rovira, a propósito de los reclamos de los últimos días del presidente de la República, Daniel Noboa, por la suspensión de varios artículos de tres leyes que puso en vigor.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró que la administración de Noboa no ha iniciado ninguna campaña de desprestigio en contra de los nueve jueces de la Corte Constitucional, aunque les aclaró que tienen la “obligación” de actuar apegados a la Constitución y defender la seguridad integral de la población.
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“El hecho de que se presione, y que tampoco lo hacemos nosotros, porque los está presionando la ciudadanía... Nosotros lo que estamos diciendo es ‘Corte sean sensibles’... Yo les digo abiertamente a los jueces de la Corte: ¡por favor! Tienen que ser sensibles y ver la realidad que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Y ellos tienen la obligación de adaptar la norma a la Constitución. Por último... por último... Pero, es la obligación de la Corte Constitucional, en este momento excepcional, actuar de forma en que la ciudadanía sea protegida (…). Si decir eso, es presionar, qué puedo decir”, refirió la ministra Rovira, en una entrevista en radio Sucre de Guayaquil, este lunes.
Su declaración se dio en referencia al trámite de decenas de demandas de inconstitucionalidad que plantearon sectores sociales, económicos, entre otros, en contra de las leyes orgánicas de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública, que aprobó la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), entre junio y julio.
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Adicionalmente, en determinados casos, suspendió la aplicación de algunos de los artículos y disposiciones hasta resolver el fondo de las causas.
Para rechazar esta decisión, el mandatario lideró una protesta el 12 de agosto de 2025 en contra de los magistrados, en la que estuvieron sus ministros, asambleístas y partidarios de su movimiento.
Ellos llegaron hasta el edificio de la Corte en Quito, en el centro norte, junto a sus militantes, para gritar consignas de rechazo a la magistratura.
“Jueces corruptos a la cárcel”, “narcotraficantes”, “narcocorreístas”, “vendidos”, eran algunos de los calificativos que gritaban los simpatizantes del presidente en los bajos de la CC.
Previamente, en sectores de Quito, se difundieron mensajes en vallas publicitarias y en vehículos que responsabilizaban a los nueve magistrados de ser los causantes de las muertes violentas en el país por suspender los artículos de los tres cuerpos legales.
Esta propaganda se atribuyó un colectivo denominado ‘Ecuador merecemos paz’, cuyos integrantes se desconocen. Por su lado, el régimen se ha desligado de estos hechos.
La mañana del 12 de agosto, en sitios transitados, amanecieron colgados cartelones y fotografías gigantes en estructuras de metal con las caras de los nueve jueces, sus nombres y con el mensaje: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.
La ministra aseguró, en la entrevista, que no hay ninguna campaña en contra de la CC.
“No podemos continuar con algo que no hemos iniciado y que no hacemos y que no existe. Eso es totalmente incorrecto. No... en ningún momento y peor de la Corte como institución, jamás”, enfatizó la funcionaria.
Fue consultada también sobre la posibilidad de que el Gobierno promueva una Asamblea Constituyente; sin embargo, descartó la idea.
“Estamos viendo los tiempos y necesidades. Jamás este Gobierno tomaría una decisión por un capricho, estamos evaluando y se ha valorado el tiempo y las necesidades de la ciudadanía y, lo óptimo ahora, es la consulta popular”, dijo.
Añadió que llevar a cabo una constituyente tomará más de tres meses y hará “que el pueblo deba enfrentar tres procesos electorales y en este momento no es lo más conveniente para el pueblo, para ADN quizás sí, pero estamos pensando en decisiones para la mayoría”, comentó.
Daniel Noboa envió la semana anterior un proyecto de enmiendas constitucionales contenidas en cinco preguntas, para que la CC determine la vía de la modificación.
Entre estas preguntas para la ciudadanía propone que los jueces de este organismo sean sometidos a juicio político en la Asamblea Nacional.
El caso está en análisis de la jueza Claudia Salgado. (I)