La propuesta de referéndum del presidente del Gobierno de Guillermo Lasso ajusta la ejecución de las actividades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos cinco consejeros deberán definir si habrá una sola papeleta u ocho que integre cada una de las ocho preguntas de enmienda a la Constitución.

El decreto ejecutivo 607 que suscribió el presidente de la República, Guillermo Lasso convocando a un referéndum de ocho preguntas de enmienda llegó al CNE la tarde-noche del 29 de noviembre y puso a los vocales electorales a acelerar las actividades administrativas, operativas y técnicas para operativizar ese proceso.

Lasso esperaba que la ciudadanía se pronuncie sobre once preguntas: ocho de referéndum y tres de consulta popular, pero la Corte Constitucional (CC) frenó ese propósito al descalificar las tres últimas, porque contenían textos que incumplían los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.

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De esa forma, el jefe de Estado divulgó el decreto ejecutivo 607 con las ocho preguntas de referéndum y en el que dispone al Consejo Electoral convocar al proceso electoral en el plazo de 15 días y organizarlo en los siguientes 60 días.

Con esos plazos de por medio, la expectativa en el CNE es que ese proceso se sume a las elecciones seccionales y de los siete siete miembros del Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 5 de febrero del 2023, para lo que entre este jueves y viernes se prevé aprobar el Plan Operativo Electoral (POE) que incluye el presupuesto específico que se aproximaría a los $ 20 millones, estimó el consejero José Cabrera.

Este presupuesto es independiente del que dispone el CNE para la organización de los comicios seccionales y del CPCCS, para el que el Ministerio de Economía y Finanzas asignó $ 97,3 millones.

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Al conocer el decreto ejecutivo presidencial, Cabrera junto al vicepresidente Enrique Pita, convocaron a los funcionarios del Consejo para analizar aspectos relacionados con la ejecución de este referéndum, relacionados con el presupuesto, diseño de papeletas, campaña electoral, entre otros.

Según Cabrera, la meta es afinar el presupuesto en las próximas horas para aprobarlo en conjunto con el POE y con ello elaborar el proyecto de convocatoria a las urnas para este proceso, que se divulgaría a nivel nacional el 7 de diciembre y de esta forma, “empatarlo” con el sufragio del 5 de febrero próximo.

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El consejero explicó que el pleno del CNE debe establecer, con base en el presupuesto, si se imprime una sola papeleta que contenga las ocho preguntas del referéndum y al reverso los anexos; o, al contrario, se impriman ocho papeletas para cada pregunta, debido a la extensión de los anexos, en los que se explica el objetivo de las enmiendas a la Constitución para conocimiento del electorado.

Lo que sí es seguro, de acuerdo con Cabrera, es que habrá ocho actas de escrutinio por cada una de las ocho preguntas para que sean llenadas por los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) el día de la elección, pues se deberá contabilizar los votos por el Sí, No, Blanco, Nulo.

Por lo pronto, dependiendo la residencia electoral, el ciudadano recibirá entre siete y ocho papeletas: una para alcaldes; una para prefectos y viceprefectos; una para concejales urbanos; una para concejales rurales; y una, para los miembros de las juntas parroquiales.

A estas se sumarán las tres papeletas para la elección de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana: una que contiene los rostros de los 20 candidatos hombres; otra papeleta para las 17 mujeres; y otra, para los 8 postulantes por los pueblos, nacionalidades indígenas, montubios, afroecuatorianos y ecuatorianos en el exterior.

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En el caso de que el CNE resuelva imprimir una sola papeleta para integrar las ocho preguntas del referéndum y sus anexos, los consejeros analizan que podría ser de tamaño A 3.

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Adicionalmente, el organismo electoral debe definir los rubros para la promoción electoral de este referéndum y cómo se procederá con la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y políticas a inscribirse para que participen de la campaña a favor o en contra de esta iniciativa.

Desde el Consejo de Participación Ciudadana surgieron las primeras voces de descontento. En el cuestionario del referéndum hay dos preguntas relacionadas con el CPCCS. Una para quitarle su atribución de designar autoridades de control y traspasarla a la Asamblea Nacional y la segunda, para cambiar el mecanismo de designación de los siete consejeros, para que ya no sea mediante el voto popular, sino por un proceso de méritos que realice la Legislatura.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, expresó este miércoles que se debería hacer una consulta para “fortalecer las instituciones, en lugar de debilitarlas”.

La consejera Ibeth Estupiñán opinó que hay “acción orquestada por parte del Ejecutivo y del Legislativo por tomarse la designación de autoridades”, por lo que lamentó que estas acciones restan el ejercicio de la participación ciudadana. (I)