El viernes 18 de agosto está previsto conocer la resolución judicial en un recurso de acción de protección, en el que se solicita que se retrotraiga el concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la primera etapa de la convocatoria de postulaciones de candidatos y que se reforme el reglamento para la elección de las autoridades.

Este concurso público lo lleva a cabo una comisión ciudadana de selección, en la que participan 165 postulantes a ocupar dos vocalías principales y dos suplentes del Consejo Nacional Electoral, como parte de su primera renovación parcial.

El proceso se encuentra en la fase de calificación de méritos y, debido a la interposición de esta acción de protección, el juez de la Unidad Multicompetente de Samborondón (Guayas), Fausto Inca Arellano, aceptó un pedido de medida cautelar que mantiene suspendidas las actividades en la comisión ciudadana, hasta que se resuelva el fondo de la causa.

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El accionante es el postulante a ser vocal del CNE Iván Heredia Tello, quien obtuvo 17/50 puntos en la calificación de sus méritos, e interpuso este recurso alegando que el reglamento para elegir a estos consejeros, aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en marzo del 2022, en el periodo del exvocal y expresidente Hernán Ulloa, vulnera los derechos a la seguridad jurídica y a la igualdad de oportunidades y no discriminación.

Heredia acusó que se limitó su derecho a la participación, porque la normativa establece como materias relevantes para la calificación de méritos aquellas relacionadas con áreas del Derecho Electoral, Ciencias Políticas, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derechos Humanos, Manejo de Datos Informáticos y Manejo de Datos Estadísticos y otras afines a las funciones del Consejo Nacional Electoral.

«Estamos causando una discriminación indirecta, en el sentido de que solamente los abogados van a tener un puesto seguro, de manera indirecta estamos beneficiando al gremio por medio de una normativa que debería ser todo lo contrario, una normativa inclusiva, democrática y participativa», argumentó la defensa técnica de Heredia, durante la audiencia de sustanciación que se efectuó el 8 de agosto pasado.

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Como medidas de reparación, Heredia pidió que se deje sin efecto el reglamento vigente para la realización del concurso y que se ordene al pleno del CPCCS «realizar un nuevo reglamento para este procedimiento y se disponga al CPCCS y la comisión ciudadana retrotraer el concurso a la fase de convocatoria con los requisitos que disponga el nuevo reglamento aprobado por el CPCCS y como garantía de no repetición que no se vuelvan a imponer las mismas violaciones que atentan en contra de los derechos constitucionales», según consta en el acta de la audiencia.

En la diligencia, la defensa técnica del Consejo de Participación Ciudadana coincidió con los argumentos del demandante y exhortó al juez Inca a «resarcir ese daño ocasionado, que se pueda restablecer el derecho al estado constitucional de derechos y justicia, a fin de que todos estos ciudadanos puedan ser parte de este concurso».

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Exhortaron al magistrado a que en su sentencia disponga al CPCCS «realizar la codificación que garantice los derechos de todos los individuos, que garantice los derechos de participación y además disponer las medidas que crea pertinentes para resarcir el daño ocasionado».

La representación legal del CPCCS explicó que «en derecho corresponde y sobre todo que se garantice a quienes deseen ser parte del concurso, puedan participar todas las personas de diferentes ramas por cuanto esto garantizará el estado de derecho y justicia, en consecuencia, sería importante que se le disponga al pleno realizar una codificación en la cual se garantice todos los derechos a los ciudadanos y puedan postular».

La oposición a este recurso fue de la Procuraduría General del Estado, que consideró que la posible vulneración de un derecho por el reglamento de selección la debería resolver la Corte Constitucional.

«Mal podría usted (juez) declarar cualquier tipo de vulneración, lo que se debería de hacer en caso de existir violación conforme lo ha manifestado la parte accionante, o como lo ha aceptado el Consejo de Participación Ciudadana de una forma muy extraña, es presentar esta acción en la Corte Constitucional para que así sus jueces competentes la revisen» se dijo en la audiencia y solicitaron que se declare «sin lugar la acción« y se archive.

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El magistrado suspendió la diligencia y convocó a la reinstalación para este 18 de agosto a las 16:00, en donde informaría de su resolución.

Con una medida similar, el concurso público para la selección del titular de la Contraloría General del Estado se retrotrajo a la fase de postulación con 103 concursantes.

También, por efectos de una acción de protección, la elección se realiza con el reglamento que se aprobó en el pleno del CPCCS en el periodo de la exconsejera Sofía Almeida, en el que se incluyó un punto por ser mujer, como acción afirmativa.

Al momento se encuentra en la fase de impugnación ciudadana. (I)