Aunque la comisión ciudadana de selección cerró la etapa de calificación de méritos en el concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de una acción de protección se busca modificar el reglamento respecto de los parámetros de puntuación de los títulos universitarios o de tercer nivel.

Uno de los postulantes de este concurso, Iván Heredia Tello, planteó el 7 de julio de 2023 una acción de protección en la Unidad Judicial de Samborondón (Guayas) que fue aceptada a trámite por el juez Fausto Inca Arellano, quien suspendió provisionalmente el desarrollo del proceso hasta resolver el pedido.

Iván Heredia obtuvo 17 puntos en su nota final de méritos, según consta en el informe de calificación y recalificación de méritos que realizó la comisión ciudadana de selección, y propone con este recurso legal que el concurso se desarrolle con el reglamento que se aprobó en septiembre del 2021, por una mayoría del pleno que funcionó en la presidencia de la exconsejera Sofía Almeida, y no con el que se aprobó el 9 de marzo del 2022 con la «nueva mayoría» que se produjo en la presidencia de Hernán Ulloa, porque se hizo en «medio del concurso público», según consta en el escrito.

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Esto, pese a que la convocatoria para las postulaciones a ser vocal del CNE se realizó del 21 de marzo al 3 de abril del 2023.

Heredia señala que el reglamento establece como materias relevantes para la calificación de méritos aquellas relacionadas con áreas del Derecho Electoral, Ciencias Políticas, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derechos Humanos, Manejo de Datos Informáticos y Manejo de Datos Estadísticos y otras afines a las funciones del Consejo Nacional Electoral.

«Estas materias relevantes van a servir para acumular hasta 20 puntos en formación académica, dependiendo si el título corresponde a Ph. D. o de maestría. Sin embargo, en el área que corresponde a tercer nivel solo se reconoce de forma exclusiva al Derecho como materia relevante. Es decir, no se reconoce a otras materias relevantes en el título de tercer nivel, las cuales sí fueron incluidas para la calificación de méritos para Ph. D. y maestría, como tampoco las áreas afines a las funciones del Consejo Nacional Electoral», señaló en su recurso.

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Añadió que se vulneró la seguridad jurídica porque redujeron al Derecho como materia relevante para ser reconocido como calificación y que se generó «incertidumbre y falta de previsibilidad en el proceso de selección de los consejeros electorales».

El juez aceptó la medida cautelar y suspendió provisionalmente el desarrollo del concurso que se alista para la etapa de prueba oral y escrita, hasta resolver sobre el fondo de la acción.

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Convocó para este 28 de julio a la audiencia de sustanciación y, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, adelantó que están de acuerdo con que se modifique la norma porque la que está en vigencia fue «mal hecha».

Si bien dijo que no se «allanarán» en la causa, comparecerán para exponer que se debe generar un cambio de reglamento, porque el que se aprobó en el periodo anterior beneficiaba a los «amigos» y otros intereses.

«La idea es que se respete el derecho para participar y vamos a comparecer llevando y haciendo una propuesta», anticipó y que, de ser el caso, el juez «ordene volver a la codificación inicial de este concurso o si así se considera por decisión judicial que se haga una nueva codificación. Dependerá de los jueces», dijo este 18 de julio.

Este proceso de elección de autoridades es para renovar a dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral y hay 165 personas que aspiran a llegar a ocupar esa dignidad, de acuerdo con el informe de «culminación de la etapa de calificación de méritos y recalificación» que aprobó la comisión y que lo conoció el pleno del CPCCS en una sesión del 12 de julio de 2023.

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La comisión ciudadana de selección cerró el 28 de junio de 2023 la calificación de méritos, que incluyó la recalificación, con lo que, por el momento, 165 personas participantes serán las convocadas a rendir un examen de conocimientos escrito y práctico que será elaborado por un equipo de catedráticos.

De acuerdo con el reglamento actual, la prueba escrita se calificará sobre 30 puntos y la práctica sobre 20, que en conjunto suman 50. Otros 50 puntos corresponden a los méritos. En total, 100 puntos.

La última etapa del concurso será la impugnación ciudadana, en la que aquellos aspirantes a ser vocal electoral que sigan participando podrán ser objetados por la ciudadanía y organizaciones sociales por falta de probidad notoria o incumplimiento de requisitos. (I)