Con un juicio político sustanciándose en la Asamblea Nacional, los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decidieron aceptar por unanimidad las impugnaciones que impulsaron los asambleístas de la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES), en contra de once personas que se postularon a ser parte de la comisión ciudadana que elegirá al titular de la Contraloría General del Estado.

Pese a la pugna interna entre los siete consejeros alrededor de la designación del nuevo contralor, la noche de este 5 de octubre, resolvieron de forma unánime aceptar las impugnaciones que interpusieron los legisladores de UNES y descalificaron a once postulantes del concurso público para integrar la comisión ciudadana.

El razonamiento jurídico plasmado en un informe elaborado por la Coordinación Jurídica del CPCCS acogió el argumento de los asambleístas de que dichos concursantes incurrían en la causal de falta de idoneidad y probidad para ser comisionados por constar en una lista elaborada por Alejandro Gallo, exasesor de la consejera y expresidenta, Sofía Almeida, y actual candidato a la Prefectura del Guayas.

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Se inicia etapa de prueba del juicio político a los siete consejeros del CPCCS

En esa lista, que fue la prueba de cargo de los impugnantes, se acusó a los impugnados de ser allegados al gobierno de Guillermo Lasso y haber sido incluidos en ese documento para que sean designados como comisionados.

En febrero pasado, cuando Almeida fue removida de la presidencia por los cuatro consejeros de mayoría, su exasesor difundió esa lista para probar la supuesta ‘injerencia’ del régimen en el concurso de selección del contralor.

Esta se expuso ante la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia de la Asamblea Nacional, de mayoría de asambleístas de UNES y del Partido Social Cristiano (PSC), para que se inicie un proceso de fiscalización en contra de Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, quienes encabezaron la remoción de Almeida y de David Rosero de la vicepresidencia.

En ese contexto, tras aceptar las impugnaciones, el pleno del CPCCS descalificó a

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  • Mercedes Alvear Galarza, Jenny Solís Olalla, impugnadas por el asambleísta José Chávez.
  • Olga Gavilema Vistin, Pablo Andrade Martínez y Digno Calle Jar, objetados por el exasambleísta Humberto Alvarado, hoy candidato a prefecto de Los Ríos por el movimiento Revolución Ciudadana.
  • Norma Oña Changoluisa, por la asambleísta Rosa Mayorga.
  • Emilio Cárdenas Astudillo, por el asambleísta Mauricio Zambrano.
  • Freddy Giler Arteaga, Nelson Suárez Carvajal y Juan Ochoa Cárdenas, por el legislador Ferdinan Álvarez.
  • Una adicional planteada por una ciudadana Diana Vargas en contra de Grace Ponce Almeida.

Se archivaron las objeciones presentadas por José Chávez en contra de Carmen Atupaña Guamán; y, las de Mauricio Zambrano en contra de Marco Chalco Llivisaca y Edison Narváez Zúñiga.

Entre los argumentos legales del CPCCS para descalificarlos, se señaló que es “pertinente que el Consejo como encargada de transparentar los procesos de designación de autoridades, como custodio del proceso, es su deber mantener la transparencia”.

También se esgrimió que aunque el constar en ese listado “no es suficiente motivo para perder la probidad notoria, sin embargo, el mismo hecho hace que el proceso se encuentre en el ojo público y sobre todo, que el mismo sea objeto de observaciones, en tal sentido, al ser custodio de la transparencia del proceso es necesario que el mismo continúe con la misma prolijidad y transparencia”.

En el caso de aquellos que no fueron descalificados, uno de los argumentos del Consejo fue que, por ejemplo, la postulante Carmen Atupaña “comunicó oportunamente la existencia de un listado presuntamente enviado por el Ejecutivo y en posesión del exasesor de una consejera y solicitó se inicie investigaciones respecto a ese hecho, evidenciando así el compromiso con la transparencia del proceso”.

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Durante la plenaria virtual de la noche del miércoles, los siete vocales mantuvieron sus posiciones críticas, pero coincidieron en la necesidad de “transparentar” el desarrollo del concurso.

Sofía Almeida cuestionó que el proceso “carece de legitimidad” por haberse realizado reformas al reglamento para elegir al nuevo contralor, pero respaldó el informe jurídico.

El consejero Francisco Bravo reprochó que si no se hubiera removido a Almeida de la presidencia, “no se hubiese conocido jamás que el asesor de Sofía Almeida mantenía reuniones secretas” con personal de la Presidencia de la República, en el contexto de la conformación de las comisiones ciudadanas. “La pregunta es: ¿quién es el gobiernista?”, dijo en la sesión.

Javier Dávalos opinó que mientras siga vigente el reglamento de designación “no va a haber transparencia y se va a designar a dedo”, pero “estas impugnaciones limpian la cancha”, indicó.

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A criterio del vocal David Rosero, si bien se “da un paso importante” al aprobar estas objeciones, el “Gobierno tiene el control del concurso porque el reglamento está direccionado para imponer un contralor, porque la trampa está en la prueba oral y la reducción de las preguntas del examen de oposición de 2.000 a 60″.

Rivadeneira resaltó la necesidad de elegir un contralor probo, al igual que Estupiñán; mientras que Ulloa insistió en que si no se hubiera conocido el supuesto listado “jamás nos hubiéramos enterado qué se estaba preparando”.

Exaltó que los cuatro consejeros de mayoría no formaron “este problema” y no son cuestionados (en el juicio político) “por haber fraguado una lista”.

Finalmente, el informe que descalificó a los once candidatos y ratificó la participación de tres, se aprobó con los siete votos afirmativos y en los siguientes días se realizará un sorteo público para elegir a las cinco personas, en representación de la ciudadanía, que conformarán la comisión ciudadana.

Con ello, el Consejo de Participación Ciudadana deberá convocar oficialmente al concurso público para designar al nuevo contralor que reemplace a Carlos Riofrío, quien se encuentra prorrogado en funciones.

De forma paralela, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional notificó el pasado 28 de septiembre al organismo, con el inicio del juicio político a sus siete consejeros por supuesto incumplimiento de funciones, establecida en el artículo 131 de la Constitución.

Cumplido este requisito formal, se les da un periodo de quince días para que presenten las pruebas de descargo, en un enjuiciamiento que plantearon los asambleístas de Pachakutik (PK) Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Ricardo Vanegas y José Chimbo, quienes los acusan de supuesto incumplimiento de funciones y falta de transparencia en el proceso de designación del cargo del superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias.

También se los responsabiliza de arrogación de funciones por proceder con la reforma del reglamento de selección y designación del nuevo titular de la Contraloría General del Estado; y, por remover de su consejería en el Consejo de la Judicatura a Fausto Murillo, por un informe elaborado por el exministro de Trabajo, Andrés Isch. (I)