La tarde de este lunes se reinstalará en su quinto día de audiencia de juzgamiento el caso que analiza el delito de concusión contra la exasambleísta por Manabí Karina Arteaga y su exasistente y exjefa de despacho Jenny Muñoz. La diligencia se realizará desde las 17:00 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El Tribunal de Juicio, presidido por la jueza nacional Daniella Camacho, convocó a la Fiscalía, la acusación particular y a las defensas de las dos procesadas únicamente para escuchar los alegatos de cierre, es decir, resumir la teoría del caso que han defendido, con pruebas periciales, documentales y testimoniales, cada uno de los sujetos procesales. La audiencia estaba suspendida desde el miércoles pasado.

Hasta el cierre del cuarto día la Fiscalía presentó un total de 31 pruebas testimoniales y 24 documentales con las que el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, corroboró su teoría del caso sobre la participación de la entonces legisladora Arteaga y su ahora exasesora Muñoz en el delito de concusión.

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Caso Diezmos: Fiscalía continúa presentando su prueba testimonial para fundamentar acusación contra la exasambleísta Karina Arteaga

Toainga sostiene que, en calidad de legisladora, Arteaga habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en la Asamblea a través de terceros, dineros que habrían sido destinados a solventar gastos personales como el pago de tarjetas de crédito, la compra de un vehículo, paquetes de viaje y alícuotas de un inmueble en Quito de la exlegisladora.

Para sustentar esa tesis, hasta el momento se han presentado testigos como Verónica Pinargote, quien explicó que a pesar de percibir un sueldo de $ 2.781, solamente conservaba $ 400. El restante del dinero, indicó la acusadora particular, lo entregaba en efectivo en el domicilio de su entonces jefa.

También intervino de forma personal Freya Orellana, empleada doméstica de Arteaga; Luis I., quien dijo haber entregado $ 100 en efectivo mientras trabajó como asistente en la Asamblea en 2017; Nabrid Medina, guardia de seguridad que indicó al Tribunal que entregó $ 40 por cuatro meses para conservar su puesto de trabajo; Andrea U. fue otra testigo de Fiscalía que refirió que a ella se le pidieron $ 75 como aporte al movimiento político al que pertenecía Arteaga, entre otros.

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José Moreno, abogado de Karina Arteaga, presentó también sus pruebas para descartar las acusaciones de Fiscalía y asegurar que es inocente de lo que se le acusa. Él señaló que financieramente o contablemente la acusación no logró probar nada en contra de la exlegisladora por Manabí por la alianza Unidad Primero-Alianza PAIS.

Lo más probable es que el Tribunal de Juzgamiento escuche los alegatos de cierre y suspenda la audiencia para que sus integrantes: Daniella Camacho (ponente), Luis Rivera y Byron Guillén, de la Corte Nacional, ingresen en una fase de deliberación antes de decidir si emite una sentencia condenatoria contra las procesadas o resuelve un sobreseimiento para una o las dos investigadas.

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El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) refiere sobre el delito de concusión que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (I)