La Comisión de Fiscalización, este 29 de junio, elaborará un informe sobre la preclusión de los plazos del juicio político al ex ministro de Energía, René Ortiz, y de esa forma agilizar el inicio de un proceso de fiscalización en contra del contralor del Estado, Pablo Celi De la Torre.
La resolución presentada por el asambleísta Pedro Velasco (BAN) obtuvo el respaldo unánime de la mesa, quienes se comprometieron aprobar hoy mismo el informe y presentarlo al pleno de la legislatura para que resuelva el archivo o continuación del proceso contra Ortiz.
Publicidad
La Comisión de Fiscalización se instaló a las 08:26 de este martes 29 de junio, hasta esa hora según certificó la secretaría de la mesa no fue notificada de la resolución que tomó el pleno de la Asamblea el pasado 25 de junio, donde dispuso que continúe el proceso de juicio político en la Comisión y designó a los asambleístas Salvador Quishpe (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC) como nuevos interpelantes, en vista de que quienes solicitaron el juicio perdieron la calidad de asambleístas con la instalación del nuevo periodo legislativo.
Sin embargo, para el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, los plazos del juicio político contra René Ortiz están precluidos, por lo tanto, será responsabilidad del pleno de la legislatura la que resuelva el archivo.
Publicidad
El compromiso de los integrantes de la mesa es volver a reunirse en la tarde para resolver además el inicio del juicio político en contra del contralor del Estado, Pablo Celi, quien guarda prisión en la Cárcel 4 de Quito, tras una investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado acusado de delincuencia organizada.
En tanto que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, sugirió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), designe a un contralor encargado mientras se desarrolla el juicio político.
Propuestas y debate
La prioridad del país es fiscalizar al contralor Pablo Celi, quien no puede seguir gobernando desde la cárcel, es la consigna de la mayoría de los legisladores integrantes de la mesa de fiscalización que se reunieron este martes.
El asambleísta Roberto Cuero (UNES) planteó el cambio en el orden del día para que la Comisión de Fiscalización analice y resuelva respecto al juicio político en contra del contralor general del Estado subrogante, Pablo Celi.
Seguidamente, Soledad Diab (PSC) planteó una moción para que la Comisión de Fiscalización declare que los plazos para la sustanciación del juicio político del ex ministro de Energía, René Ortiz, se encuentran precluidos, toda vez que la Comisión de Fiscalización en funciones no dispuso oportunamente de la documentación completa y oficial sobre este proceso, que le permitiera sustanciarlo. Esto sin perjuicio que, por estar dentro del plazo legal, se pueda iniciar otro juicio político en contra del mencionado funcionario.
Que se notifique, a la brevedad posible, con el informe de archivo respectivo a la presidenta de la Asamblea Nacional.
Además, propuso priorizar en función de los intereses nacionales y de la ética en el servicio público, y proceder de manera inmediata a conocer y sustanciar la solicitud de enjuiciamiento político al contralor del Estado, Pablo Celi De la Torre, presentada por el asambleísta Juan Lloret (UNES).
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, afirmó que en la sesión del pleno de la Asamblea Nacional del 25 de junio hubo un atropello al procedimiento y una ofensa a la Comisión de Fiscalización.
Que planteará que se observe el comportamiento del secretario general de la Asamblea por su actuación “bochornosa”, porque no permitió que el pleno de la Asamblea conozca el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el pedido respecto a los juicios políticos en trámite desde el periodo anterior.
Indicó que hay un año para enjuiciar a René Ortiz, pero hay una urgencia, frente a una Contraloría tomada por una estructura delictiva.
Villavicencio indicó que la construcción de un informe sobre el juicio político en contra del exministro René Ortiz tomará en cuenta que hasta el 29 de junio no se ha recibido la resolución del pleno, y además que un mes después de integrada la Comisión recién la secretaría general de la Asamblea remitió los expedientes parciales de los dos procesos en contra de Ortiz y el contralor Pablo Celi.
La salida que preparará la mesa de fiscalización será por el interés nacional, dignidad y ética, pues existe un país que reclama el juicio a Celi; “y nosotros no vamos a ser cómplices, aquí no hay rabo de paja, pueden incendiar aquí a mi lado, pero yo no me voy a quemar, yo no tengo glosas”, subrayó.
Dijo que quiere que vaya a la Asamblea el contralor Pablo Celi para que diga quiénes tienen glosas, que informe sobre el incendio de la Contraloría, sobre los $ 844 millones en glosas desvanecidas; los más de 583 exámenes especiales tirados, anotó.
El juicio no es un juicio a Pablo Celi, sino un juicio a una estructura delictiva que se formó en la Contraloría General del Estado, pues el país no puede hablar de derecho si no se tiene un juez de cuentas que se bañe en un poco de ética, afirmó Villavicencio, quien aseguró que la comisión no le va hacer el juego a los “rabos de paja”. (I)