Hasta el próximo 7 de febrero, la Comisión de Fiscalización tendrá plazo para presentar el informe respecto a la solicitud de juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui Solano, acusada de incumplimiento de funciones.
La comisión aprobó una moción planteada por la legisladora Ana Belén Cordero de solicitar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, cinco días adicionales para presentar el informe conforme lo establece el artículo 82 de la Ley de la Función Legislativa, tomando en cuenta que el plazo ordinario que tenía la mesa vence este 2 de febrero.
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El equipo asesor de la Comisión de Fiscalización expuso los avances del informe y determinó que hay un progreso del 50 %, y según esos resultados, se sugirió solicitar una prórroga para poder recibir los aportes de los asambleístas miembros de la mesa.
Son ocho las acusaciones que enfrenta la funcionaria y que fueron planteadas por un asambleísta del movimiento Pachakutik, Darwin Pereira: se refieren a supuestas irregularidades en la designación de los defensores del cliente de las instituciones financieras, incumplimiento en el control de operaciones financieras no autorizadas —como el caso Big Money—, un supuesto fraude informático en instituciones financieras, supuestas irregularidades en la renegociación de deudas entre usuarios y banca privada, durante la pandemia de COVID-19.
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Del informe dependerá que la funcionaria pueda ser llamada a juicio político ante el pleno del Legislativo, aunque el informe que presente la mesa de fiscalización no es vinculante, pues serán los 137 asambleístas quienes resuelvan si absuelven o censuran y destituyen a la funcionaria principal de la Superintendencia de Bancos. Para la censura y destitución se necesita de al menos 70 votos. (I)