Fiscalía mantiene en el caso Purga otros nombres y hechos bajo su lupa de investigación

Así como en el caso Metástasis, la fiscal general, Diana Salazar, anunció, cuando formulaba cargos contra los 31 iniciales procesados por delincuencia organizada, que se darían nuevas vinculaciones, porque no estaban todas las personas sobre las que había sospechas; en el caso Purga, por varias ocasiones, durante la audiencia de formulación de cargos del 4 de marzo pasado, la titular de la Fiscalía y quien inicialmente investiga a doce involucrados aseguró que ‘esto solo era el principio’.

Uno de esos señalamientos lo hizo Salazar, por ejemplo, cuando relataba las supuestas irregularidades cometidas por jueces del Guayas en una acción de protección con medidas cautelares planteada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito, por un contrato de repavimentación en el que estaban en juego $ 30 millones.

“Una entidad pública favoreciendo a un grupo de delincuencia organizada dentro de la administración de justicia. Y es que esto no queda ahí, también con la participación de la exvocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ) y que renunció hace un par de días (se referiría a Elcy Celi). Ella fue la operadora en este caso. Porque como se puede ver, se van mencionando personas que todavía no han sido vinculadas en esta investigación”, sostuvo la fiscal general.

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Quien tampoco es parte de las doce personas contra las que el juez nacional Javier de la Cadena abrió una instrucción fiscal de 90 días es Mayra S., involucrada en el caso Metástasis y en cuyo celular se habría encontrado información gravitante de cómo operó la estructura que en la dirección tuvo al exasambleísta Pablo M. y en la planificación a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Fabiola G., y el juez penal del Guayas, Johann M.

Mayra S. fue nombrada durante toda la formulación de cargos por mensajes de texto, de voz, videos y otros enviados por WhatsApp y otras plataformas de mensajería instantánea que mantuvo desde su celular con varios de los procesados en el caso Purga hablando desde campañas para la presidencia de la Corte del Guayas, de casos en específico, de la colocación de hijos de jueces en la Función Judicial en Guayas.

La comunicadora y publicista de 36 años se mantiene, por una orden de prisión preventiva, en la Casa de Confianza de Chillogallo, en Quito, y como parte del caso Metástasis ha entregado una libreta con apuntes en los que existiría información relevante para la defensa de quien no solo trabajó en la Corte del Guayas, sino también fue relacionista pública de Cristina Reyes en la Asamblea y en el Parlamento Andino y trabajó junto a María Fernanda Vargas, hoy alcaldesa del cantón Simón Bolívar (Guayas), por la Revolución Ciudadana (RC).

Mercedes V., quien fue directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, también fue mencionada dentro de la audiencia del caso Purga. A ella y a Saúl M., procesados en el caso Purga, se los relaciona con actos cometidos desde sus cargos, y por gestión de Pablo M., para manejar temas como parte de las ofertas de campaña de quien llegó a la presidencia de la Corte del Guayas en enero pasado: Hugo Manuel González. Además, también se la involucra en el archivo de dos de cuatro sumarios administrativos que mantenía Fabiola G. en el CJ.

“El poder político, representado a través de Pablo M., procuraba mantener a los miembros de la delincuencia inmunes a sanciones administrativas, garantizando de esta forma el control de la Función Judicial (en Guayas). Así se preocupaba, por ejemplo, como un buen líder de la estructura criminal, de que los sumarios administrativos iniciados en contra de Fabiola G. no afectaran el desempeño de sus funciones. Para lo cual contaba con la colaboración de la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas, Mercedes V., y de su asesor y mano derecha, Saúl M.”, explicó Salazar.

El actual titular de la Corte de Guayas, Hugo Manuel González, también estaría en el ojo de la Fiscalía. Desde la teoría del caso Purga se sostiene que en la campaña del nuevo presidente intervino Mayra S., el exasambleísta Pablo M. y la exdirectora del CJ en Guayas, Mercedes V., con el fin de que esta estructura continuara “utilizando a sus alfiles, a la justicia como una herramienta de beneficio privado, y no solo para sus intereses, sino también para los del narcotráfico”.

Como parte de la exposición de Diana Salazar dentro del proceso penal del caso Purga, la funcionaria sostuvo que cuenta con evidencia de las conversaciones que mantiene Mayra S. con Daniel Salcedo, los dos procesados en el caso Metástasis, y que darían cuenta de los arreglos en los sorteos de las causas judiciales en los que incluso habría estado de por medio Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura.

Muñoz al momento se encuentra recluido en la denominada Cárcel 4, al norte de Quito, pues es procesado penalmente por el delito de obstrucción de la justicia junto al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, también investigado en Metástasis, la exvocal del CJ Maribel Barreno, y cuatro funcionarios del órgano de gobierno, administración, sanción y vigilancia de la Función Judicial.

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Cuando Mayra S. fue detenida en diciembre pasado por el delito de delincuencia organizada, la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G., marcaba distancia y aseguraba que el cargo como analista de comunicación de su despacho fue dispuesto por el Consejo de la Judicatura (CJ), en Quito, el 1 de octubre de 2023. En ese momento el presidente de la Judicatura era Wilman Terán, a quien se le ubica como colaborador de la estructura manejada por Norero en Metástasis.

El relato de la fiscal general, Diana Salazar, en el caso Purga reflejó que la relación con Mayra S., Pablo M. y Fabiola G. viene desde antes de 2022, fecha en la que se dio la designación como presidenta de la Corte del Guayas. La Fiscalía aseguró que la expresidenta llegó al cargo gracias al trabajo comunicacional realizado por Mayra S., pues la publicista se encontraba a cargo de la campaña de Fabiola G. y que por este trabajo la aún jueza desembolsaba de su sueldo $ 2.500 mensuales.

Así se habrían dado los primeros cuatro meses y luego asumió ese pago el entonces asambleísta Pablo M. Las cosas se mantuvieron de esa forma, contó Salazar, hasta que fue posesionado como presidente del CJ Wilman Terán, quien le habría otorgado un contrato provisional a Mayra S., aunque la pretensión era entregarle un nombramiento definitivo.

“Es que la Fiscalía todavía no alcanza a entender cuál es la labor de una relacionista pública en un despacho judicial. Vaya usted a saber. Aquellos $ 2.500 fueron pactados en el domicilio de Pablo M. Aquí hago una reflexión. ¿Cuánto gana un funcionario judicial o un asambleísta para asumir el costo de una funcionaria que gana $ 2.500 mensuales y en efectivo? ¿De dónde salen esos fondos?”, sostuvo la fiscal general.

Esos pagos, a decir de la teoría de Fiscalía, dejaron de darse cuando la “organización” tuvo la coyuntura de que sea el CJ quien asuma ese pago y así se abra la puerta para que la justicia le pague a Mayra S. los honorarios para las actividades particulares de la organización con la que tenía relación.

Independientemente del caso Purga, por información que ya es parte de este expediente, se investiga la planificación y el cometimiento de otros “delitos graves” como tráfico de influencias, cohecho, prevaricato, ... en los que podrían estar involucrados otros jueces, servidores judiciales, profesionales del derecho e incluso particulares que intervinieron a nombre de otros. (I)