Luego de diez horas de audiencia, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier de la Cadena entró a deliberar sobre los once pedidos de prisión preventiva y un arresto domiciliario que solicitó como medida cautelar la fiscal general, Diana Salazar, contra los doce procesados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Purga. La resolución se dará a conocer a las 16:00 de este martes, 5 de marzo, en la misma sala del octavo piso de la Corte Nacional, en el norte de Quito.

La diligencia se instaló poco antes de las 21:00 del pasado lunes 4 de marzo y, cerca de las 07:00 del martes 5 de marzo, el juez suspendió la diligencia explicando que tiene información por analizar y documentos por valorar antes de decidir si da o no paso a lo solicitado por la Fiscalía. En la primera parte de la diligencia se debatió sobre la legalidad de la detención, existiendo como resultado la decisión de De la Cadena, quien calificó de legales las doce detenciones hechas en operativos simultáneos hechos en la madrugada del 4 de marzo último en la provincia del Guayas y Pichincha.

Caso Purga: Fiscal pide prisión preventiva para once procesados y arresto domiciliario para uno

En el caso Purga, la Fiscalía investiga una red de corrupción que operó desde las esferas del poder político con el hoy exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo M., y que alcanzó al sistema de justicia del Guayas a través de la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de esa provincia Fabiola G., jueces y otros funcionarios judiciales, que habrían colaborado para obtener decisiones en casos que eran de interés de la cúpula de la estructura.

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En la cúpula de la organización investigada estaría el asambleísta Pablo M., la expresidenta Fabiola G. y el juez Gustavo M., también procesado en el caso Metástasis. A ellos se los ubicó como autores del delito investigado. A los restantes nueve procesados —cinco jueces, una procuradora, un funcionario judicial y el primo y la esposa de Pablo M.— se los investiga en calidad de colaboradores.

Entre los procesos judiciales en los que se habrían detectado actos de corrupción está un caso contra el Banco del Pacífico en el que, por decisión judicial dentro de una habeas data, se pagaron casi $ 4 millones como reparación a Pablo M. y su esposa, Mónica A. Hay otro caso en el que supuestamente el primo de Pablo M. se quedó con un terreno en Durán (Guayas) valorado en $ 200.000 mediante fallos judiciales irregulares.

A cambio de los fallos judiciales obtenidos, en unos casos, se habría entregado dinero; en otros, cambios administrativos para llegar a ser jueces de la provincia del Guayas; e incluso hubo arreglos en el piso donde se ubica el despacho de la presidencia de la Corte del Guayas. También se habla de que fue la propia Fabiola G. quien se acercó a Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, para obtener un beneficio económico a cambio de una resolución favorable dentro de un proceso de apelación que mantenía el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

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Caso Purga: Fiscalía acusó a Pablo M., exlegislador del PSC, como ‘líder del grupo criminal’ de delincuencia organizada

Chats encontrados en el teléfono de Mayra S., procesada en el caso Metástasis, habrían permitido ir tejiendo las relaciones en el caso Purga. Mayra S. habría colaborado en la campaña para que Fabiola G. llegara a la presidencia de la Corte del Guayas, esto mucho antes de que ingresara formalmente a la Corte como comunicadora institucional. Según la Fiscalía, el sueldo de $ 2.500 de Mayra S. lo pagó inicialmente Fabiola G., siendo jueza, y luego se hizo cargo del pago el entonces asambleísta Pablo M.

Únicamente para el juez Reynaldo C., por ser un adulto mayor de 71 años de edad, la fiscal Diana Salazar pidió que se le defina arresto domiciliario. Para el resto, la medida pedida es la prisión preventiva.

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La mayoría de los procesados pidió que no se acojan los pedidos de Fiscalía. En su mayoría alegaron tener problemas de salud que no podrían ser atendidos correctamente si eran enviados a una cárcel. Solicitaron que se les imponga cualquiera otra de las medidas cautelares: arresto domiciliario, uso de grillete, prohibición de salida del país o presentación periódica.

De su parte, la fiscal Salazar se ratificó en su pedido y cree que se debe imponer la prisión preventiva para once de los doce procesados. Esa sería una forma de evitar que exista injerencia, principalmente de los líderes de la organización, en el proceso de investigación y la instrucción fiscal. (I)