El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE), una unidad militar adscrita a las Fuerzas Armadas, deslindó tener relación con el caso Purga y desvinculó a Ruth S. P. (luego que ella renunció), quien es procesada por presunta delincuencia organizada en esta investigación que lidera la Fiscalía General del Estado.

Luego de producidos los allanamientos y la audiencia de formulación de cargos, entre este 4 y 5 de marzo, en la que se ratificó la medida de prisión preventiva en contra de Ruth S. P., en el caso Purga, el Cuerpo Ingenieros del Ejército divulgó, este 6 de marzo, un comunicado en la red social X, en el que aclara que los hechos denunciados «no tienen relación alguna con actividades de carácter institucional».

«Las acciones que podrían haber sido ejecutadas, en este caso, por los servidores públicos son de su entera responsabilidad, sin el conocimiento y autorización de las autoridades del CEE», se expresa.

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Según la entidad, se desvinculó a Ruth S. P., quien renunció a sus funciones este 6 de marzo de 2024, al ratificarse la medida de prisión en su contra.

«Ratificamos la transparencia, ética y el honor militar con los que trabaja el CEE, que ha permitido cumplir con proyectos estratégicos de calidad y generando ahorros significativos al Estado», detalla la misiva, en la que ofrecen «brindar las facilidades para las investigaciones a las autoridades que lo requieran».

En el caso Purga, la Fiscalía investigó un tejido de corrupción liderado por el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo M. A., que involucró a once personas más, como Fabiola G. R., expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; y, Ruth S. P., ahora exprocuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

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La exfuncionaria se involucra en el caso debido a una puja por un contrato de repavimentación vial calculado en $ 30 millones que mantenían el CEE y la Empresa Pública de Movilidad y Obras de Quito (Epmop).

El Cuerpo de Ingenieros presentó una acción de protección con medida cautelar en contra de la empresa capitalina, pero una jueza de Samborondón (Guayas) la había negado.

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Entonces, el CEE apeló y la causa recayó en un tribunal conformado por los jueces Fabiola G. R., Henry T. T. y Guillermo V., quienes revocaron la sentencia de primera instancia y aceptaron la acción de protección a cambio de un beneficio material.

Ruth S. P., como procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros, habría pagado $ 1.400 por la mano de obra para la remodelación del piso del salón de la presidencia de la Corte Provincial del Guayas, de acuerdo con los indicios recabados por la Fiscalía, titular de la acción penal.

Los actores mencionados están detenidos como sospechosos de delincuencia organizada, luego que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier de la Cadena aceptó el pedido de la fiscal de la nación, Diana Salazar Méndez, en la audiencia de formulación de cargos que se realizó entre el lunes y martes. (I)