Caso Purga: Pablo M., Fabiola G. y siete procesados más van a prisión preventiva

Pablo M ., exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC); Fabiola G. , expresidenta de la Corte de Guayas, y el juez Johann M. recibieron orden de prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Purga. El juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), determinó que existen los suficientes elementos para justificar la medida solicitada por la fiscal general, Diana Salazar , quien acusó a los tres en calidad de autores . Gustavo M. además es procesado en el caso Metástasis, pero gozaba de medidas sustitutivas.La resolución del juez De la Cadena se conoció la noche del 5 de marzo . Los tres fueron los primeros procesados sobre los que se pronunció el magistrado.En total son doce detenidos , de los cuales la Fiscalía pidió para uno la medida de arresto domiciliario, por ser una persona de la tercera edad.En ese sentido, tras analizar los elementos de convicción y alegatos de las defensas, el juez Cadena dispuso lo siguiente sobre los otros nueve procesados , quienes son señalados como colaboradores :La fiscal Diana Salazar solicitó que las nueve personas que irán a prisión no sean enviadas a centros de rehabilitación donde se encuentran recluidos involucrados en el caso Metástasis.Al respecto, el magistrado resolvió que ese tema sea decidido por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).La investigación del caso se inició el 20 de febrero, a raíz de la explotación del contenido del teléfono celular de Mayra S., vinculada en el caso Metástasis, y del informe de la Policía Nacional sobre dicho dispositivo.La audiencia de formulación de cargos se realizó la noche del 4 de marzo, el día de las aprehensiones, y se extendió por diez horas.Según la teoría de la fiscal general, Diana Salazar, quien presentó un total de 119 elementos de convicción , Pablo M. sería el líder del grupo criminal que negociaba resoluciones judiciales en la Función Judicial de Guayas para obtener beneficios económicos y materiales. Además habría gestionado favores para impulsar las candidaturas de Fabiola G. y Hugo Manuel González para que lleguen a la presidencia de la Corte provincial, respectivamente.El exparlamentario se habría aprovechado de su cercanía con jueces y altas autoridades de la Corte de Guayas para ganar, de forma fraudulenta, una demanda de $ 3,9 millones contra el Banco del Pacífico. También habría tenido una estrecha relación con Mayra S., con quien coordinaba acciones irregulares para alcanzar sus propósitos, incluyendo publicación de mensajes en redes sociales a través de un troll center que ella manejaba.Asimismo, se lo acusa de haber influenciado en procesos judiciales de la Corte de Guayas, como el caso del Banco del Pacífico y una causa de Adolfo Macías, alias Fito , prófugo líder de Los Choneros, entre otros.En la fundamentación de su teoría la fiscal Diana Salazar hizo varias revelaciones sobre las doce personas que, por el momento, son vinculadas al caso Purga.De Fabiola G. dijo que habría aprovechado su cargo para favorecer con arreglos judiciales, que manipulaba las causas y negociaba con otros jueces montos económicos. Que buscó acercarse a alias Fito , a través de su abogado, para obtener un beneficio económico a cambio de su resolución, ya que ella era parte del Tribunal que conocería una apelación del SNAI ante una decisión de un juez que ordenó que Fito regrese a la cárcel La Roca.La titular del Ministerio Público adelantó en la audiencia de formulación de cargos, que en los siguientes días será vinculado en la causa el actual presidente de la Corte de Guayas, Hugo Manuel González, quien también habría sido parte de la estructura delictiva.La esposa del exlegislador, Mónica A., participó en el crédito que inicialmente otorgó el Banco del Pacífico a Pablo M. y que terminó en la demanda millonaria, valiéndose de documentos adulterados.Sobre Fausto A., la fiscal señaló que sería el testaferro de su primo, el exlegislador Pablo M. Además, que Fausto A., mediante una demanda de habeas data, tuvo a su favor una sentencia judicial sobre un bien inmueble que no le pertenecía legítimamente. Los jueces que atendieron su causa le habrían permitido eliminar una ficha catastral y en su lugar legalizar otra ficha, de manera ilegítima.En la causa también se investiga un fallo judicial que, a cambio de dádivas, habría beneficiado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en una acción de protección contra la Empresa Pública Municipal de Obras Públicas de Quito, valuada en más de $ 30 millones. En esto habrían intervenido Ruth S. y Gustavo M.Esos fueron algunos de los múltiples hallazgos encontrados durante la investigación previa del caso. Para la Fiscalía, los elementos dan cuenta del cometimiento de otros delitos, como prevaricato, tráfico de influencias, falsificación de documentos y cohecho.Además de la prisión preventiva y el arresto domiciliario, la Fiscalía solicitó medidas cautelares sobre bienes por un monto de $ 35 millones, que se distribuirán entre todos los implicados.Sin embargo, el juez Cadena no acogió porque no se fundamentó la proporcionalidad de la suma. Pero precisó que las únicas cantidades correctamente determinadas ascienden a $ 3,9 millones, valor que corresponde aplicar en forma equitativa para los doce procesados.Se acogió la retención e inmovilización de cuentas , pólizas e inversiones que tengan los procesados en el sistema financiero nacional. Prohibición de enajenar bienes muebles, inmuebles, vehículos, acciones, participaciones, títulos, valores y fideicomisos que los acusados posean a su nombre.El magistrado estableció el periodo de instrucción fiscal en 90 días. (I)

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