El lunes último, durante la audiencia de revocatoria de la prisión preventiva solicitada por el contralor subrogante Pablo Celi, uno de los trece procesados por el delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres, la fiscal general Diana Salazar aseguraba tener el “convencimiento” de que se han agravado las circunstancias que motivaron en su momento la orden de prisión de Celi.

Los nuevos elementos, a decir de Salazar, consolidan la teoría de que Pablo Celi estuvo en la parte alta de una organización criminal que operó entre el 2017 y el 2020 para desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado (CGE), a cambio de dineros que fueron depositados, en ciertos casos, en cuentas del exterior y que en contraparte servían para agilizar el desembolso de pagos, por ejemplo, en empresas como Petroecuador.

La nueva información habría sido encontrada en el peritaje de los teléfonos celulares de Celi, los cuales fueron incautados durante los allanamientos de abril pasado a su oficina y residencia en Quito. Los chats y audios que serían parte del extenso expediente por delincuencia organizada confirmarían las disposiciones y órdenes directas que daba Celi en relación con el desvanecimiento de glosas y otros temas.

Caso Las Torres: En la Corte Nacional se analiza la revocatoria de la prisión preventiva que pesa sobre Pablo Celi y Adolfo Agusto Briones

Salazar hizo uso de esa información en este momento procesal para contradecir las versiones presentadas por la defensa de Celi, las cuales pretendían apalancar la idea de que el contralor jamás ordenó, dispuso o intervino en las decisiones que se tomaban en la Contraloría por parte de sus subalternos.

Publicidad

La fiscal criticaba que las versiones expuestas, presentadas como evidencias nuevas por Celi, correspondían a personas de su confianza, quienes no contaron toda la verdad.

Por ejemplo, Salazar habló de Daysi Guevara, experta supervisora de Resoluciones de Responsabilidades Civiles en la CGE, pues ella habría indicado en su versión que no ha recibido ningún tipo de disposición de Pablo Celi. Sin embargo, chats encontrados en el teléfono del contralor subrogante revelarían una cosa contraria.

En un chat del 25 de marzo pasado, Guevara le dice a Celi: “Señor Contralor jamás me atrevería a decir nada absolutamente de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó, aún en el caso de CLARO, que sé que está en la Fiscalía. Tenga la plena seguridad que solo diré que usted jamás ordenaría algo en contra de la ley”.

Guevara en sus mensajes a Celi le indica que no entiende por qué le causan tanto dolor y le comenta que despidieron a su hija y ahora a su primo Andrés, de quien dice no tiene responsabilidad por los actos que cometió ella. Además le cuenta que está trabajando en Estados Unidos lavando platos y de mesera y le reitera que “jamás se atrevería a morder la mano” de quien “le dio de comer”.

El mensaje de Guevara de marzo pasado confirmaba lo dicho en versión, el 3 de mayo último, por Nelson Villavicencio, exfuncionario de la Dirección de Responsabilidad de la CGE. Villavicencio dijo que en enero del 2019 se le asignó el expediente relacionado a “Arcotel, Conecel, Claro” en el que existía un proyecto de resolución que “predeterminaba una glosa civil de cerca de $ 112 millones”.

“Luis Miño me solicitó que cambie la resolución basándome en lo indicado en los informes y desvanezca la glosa, a lo que le respondí que no lo iba a hacer, ya que técnica y jurídicamente no era procedente. Insistiendo que debía acatar su disposición o qué hacía en su dirección si no hago lo que él quiere”, apuntó Villavicencio, quien recordó que su negativa a ejecutar el desvanecimiento habría originado no solo su cambio administrativo a otra Dirección, sino también que se le terminó el nombramiento provisional que mantenía.

Publicidad

Pablo Celi y Adolfo Agusto Briones no saldrán de la Cárcel 4

La fiscal refirió que el funcionario tuvo una reunión con el contralor para contarle de la situación y le dejó una carpeta. Lo que Celi le habría indicado, según Salazar, es: “A es el tema de Claro, nosotros estuvimos en una reunión, parece que el equipo auditor se extralimitó en ese informe”. Tiempo después, Villavicencio descubrió que finalmente se había desvanecido la millonaria glosa.

Sobre el supuesto desvanecimiento de la glosa relacionada con la operadora Claro, la fiscal informó que existe una investigación previa.

Salazar también recordó que otras versiones indican que el contralor Pablo Celi y los funcionarios de la Contraloría Valentina Zárate, Lincoln Larrea y Luis Miño, de manera conjunta, en el orden antes indicado, ejecutaban el desvanecimiento de glosas a los subordinados de las áreas pertinentes. El relato de Fiscalía incluyó información de que a través del recurso extraordinario de revisión, Celi habría desvanecido una glosa por $ 7,5 millones por servicios médicos privados.

Conversaciones de chat con Betty Michell Cedeño, quien era directora de Predeterminaciones de la CGE, para Fiscalía indicarían que ella reportaba a Pablo Celi y a su vez recibía directrices acerca de lo que debía hacer en determinados casos, como por ejemplo, el chat del 9 de septiembre de 2020.

En ese chat Celi le dice: “Por favor hay que confirmar hoy la destitución de Véliz, rector de la universidad de Manabí”. A lo que Cedeño, su subordinada, le respondió: “Buen día doctor, ya coordino, no se preocupe”. En ese punto Diana Salazar resaltaba: “Orden, disposición y cumplimiento, de los que dijo ella (Cedeño en su versión) jamás haber recibido nada”.

En otra conversación del 15 de diciembre de 2020, Pablo Celi ordena que se conceda un recurso, disposición a la que responde Cedeño: “Bueno doctor, ya lo hacemos”. Salazar explicaba que consta con relación a esto un documento adjunto en el que se interpone un recurso de revisión a una resolución de la CGE.

“No es que pasaba un proceso para llegar a establecer si se desvanece o se determina, no, era una orden que daba el contralor a sus subalternos”, le comentaba la fiscal al juez Felipe Córdova.

De la conversación del 23 de diciembre de 2020 la fiscal Salazar dijo que se desprende que Celi indica: “Hola Michell, mire esto. Paola me dice que le reenvió, si aún no notifican veamos si podemos ayudar antes”. Cedeño le responde: “Doctor esa negativa es de octubre, no es la que me dijo que pare, es la del 6 de octubre. Cuando me la regresen la guardo hasta que me indique lo que debemos hacer”.

“Dele de baja”, le ordena Celi, a lo que ella asiente con un “Bueno doctor”.

El 2 de febrero pasado Celi le pide vía chat a Cedeño que mire cómo ayudar en un caso específico, mientras el 10 de marzo último la subalterna del contralor le escribe un mensaje en el que adjunta un documento en PDF relacionado con un acto administrativo de la CGE y comenta: “Esto está donde Luis, doc. Yo hablé con él de este documento, pero está como a la defensiva, igual voy a insistir”.

Diana Salazar tenía la certeza de que se refería en ese mensaje a Luis Miño, director de Responsabilidades de la Contraloría, de quien dijo se encontraba a la defensiva porque ya no quería desvanecer o acatar las órdenes de Celi.

Parte del expediente también sería una conversación vía chat entre Miño y Celi, en el que este último le pide al director de Responsabilidades: “Luis, mire esto por favor”. Miño le responde que ese mismo día ya va a firmar la resolución. El contralor le consulta de “cómo está” la misma y su subalterno le confirma que “desvanecida y ya procede a notificar”. La plática termina con el agradecimiento de Celi, quien le pide que le envíe una copia.

La defensa de Celi, Marcelo Ron, al ser consultado si esta nueva información pesó para que el juez Córdova niegue la revocatoria de la prisión preventiva que pesaba sobre su cliente, el abogado respondió que no y aclaró que los elementos señalados por la fiscal Salazar en la audiencia son propios de la agenda del contralor como máxima autoridad de la CGE. (I)