La investigación por el delito de ejecución extrajudicial en el caso del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno sería archivado por la Fiscalía General del Estado.
Entre 2019 y 2020, en la Fiscalía General, el caso por el asesinato de Gabela fue enviado a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos para que sea investigado como la sospecha de una desaparición forzada de personas, contemplada en el Código Orgánico Integral Penal, en el numeral 4, del artículo 16, que señala que las infracciones de agresión a un Estado, como genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas, entre otros, son “imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena”.
La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, publicó este martes, 19 de agosto, un mensaje en sus cuentas de redes sociales en el que contó que el fiscal a cargo del caso “archiva la investigación sobre el asesinato del general Gabela hasta que no aparezcan pruebas nuevas”.
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A este acompañó fotografías de un documento denominado Plan de trabajo para la vigilancia de actividades del general Jorge Gabela, que se habría emitido en 2009.
Jorge Gabela fue asesinado en diciembre de 2010, cuando un grupo de delincuentes ingresaron a su casa para, aparentemente, robarle a su hija.
La justicia ordinaria señaló que esto fue un delito común y hubo cinco personas sentenciadas.
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No obstante, el general de la FAE denunció en 2008 la existencia de irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv a la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por más de $ 42′000.000.
La compra se realizó en el gobierno de Rafael Correa, cuando Javier Ponce era ministro de Defensa.
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De los siete helicópteros, cuatro se estrellaron y los tres restantes se inhabilitaron, justamente, por los siniestros ocurridos en los últimos años.
El caso se fiscalizó en una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional en 2018, que en su informe final determinó que lo ocurrido con Gabela fue un “crimen de Estado”.
Ahí se señaló: “De las conclusiones antes mencionadas, se puede establecer que existen evidencias suficientes y constantes de inobservancia a la ley incurridas por servidores en el ejercicio de sus funciones, así como la posible existencia de un crimen de Estado”.
Esa mesa estuvo presidida por el ahora expresidente de la legislatura César Litardo, e incluso se pidió a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigar el patrimonio y los movimientos financieros de los funcionarios, exfuncionarios y sus familiares, unas 50 personas que estuvieron involucradas en acciones institucionales respecto del caso y en la compra de los helicópteros Dhruv.
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Entre ellos el expresidente Rafael Correa, exministros de Estado, exgenerales de las Fuerzas Armadas y un fiscal.
La Corte Constitucional (CC) tramitó también una acción extraordinaria de protección que impulsó Ochoa por la desaparición de documentos de una pericia que se hizo en el régimen de Correa para investigar el asesinato de Gabela.
La CC sentenció que se violó el derecho a la verdad de Ochoa y su familia y ordenó que se vuelva a hacer el informe pericial por parte del experto argentino Roberto Meza Niella, que descartó que el crimen de Gabela fue un delito común.
Por ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información al Estado ecuatoriano para investigar la posibilidad de una violación a los derechos humanos de Gabela y sus familiares. (I)
