Tal como se había anunciado, la Fiscalía General del Estado informó la tarde del lunes 23 de octubre que presentó una acción extraordinaria de protección con la que se busca revertir el auto de sobreseimiento y caducidad del denominado caso Dhruv, que fue dictado el pasado 10 de octubre, por voto de mayoría del Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La Fiscalía precisó que la finalidad es que “se revisen las acciones de las autoridades judiciales que vulneraron los derechos constitucionales”.

En un comunicado, el Ministerio Público explicó que la acción de protección pretende que se disponga una reparación integral, dejando sin efecto el auto emitido y que se disponga a la Sala de la CNJ que “convoque y sustancie la audiencia de apelación, como corresponde en derecho”.

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El 10 de octubre debía instalarse la audiencia por la apelación interpuesta por la fiscal general, Diana Salazar, y la Procuraduría General del Estado (PGE) en rechazo al auto de sobreseimiento dispuesto el 19 de junio por el juez Luis Rivera a favor de las 18 personas investigadas por el presunto delito de peculado en la compra de siete helicópteros Dhruv, en el año 2008.

Sin embargo, la diligencia no se instaló, ya que los abogados de los procesados alegaron que venció el plazo máximo de 60 días, según el artículo 655 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para que la Corte se pronuncie sobre el recurso de apelación, ya que al momento habían transcurrido 85 días.

La fiscal Diana Salazar se opuso y señaló que no corren cuando se trata de la fundamentación de recursos, de acuerdo con el artículo 573 del COIP.

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Dos de los tres jueces que integraban el Tribunal votaron a favor del argumento de la defensa técnica. Así se resolvió determinar la caducidad del proceso penal y ratificar de forma definitiva el sobreseimiento de los 18 procesados, por confirmación del Ministerio de la Ley.

Entre los 18 beneficiados con la decisión se encuentran dos ministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa: Javier Ponce y Wellington Sandoval. También está el representante legal de la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para Ecuador, Juan Cortez; el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Rodrigo Bohórquez y varios integrantes de la FAE en servicio pasivo (s. p.).

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La teoría fiscal en esta causa apuntaba a que se cometieron irregularidades en el proceso precontractual, contractual y de ejecución en la compra de siete helicópteros Dhruv a la compañía HAL, de la India, ocurrido en 2008, durante el gobierno de Correa, por un monto superior a $ 45 millones.

En aquella operación el Estado estuvo representado por el Ministerio de Defensa, mientras que la empresa HAL fue representada en Ecuador por la firma Sumil C. A. La transacción habría significado un perjuicio de $ 66,4 millones para el Estado.

La Fiscalía sostiene que las personas investigadas, valiéndose de sus cargos en la función pública, no velaron por la correcta administración pública, sino que violaron la ley y beneficiaron a la empresa HAL en la adjudicación del contrato sobre la compra de los helicópteros Dhruv. (I)