La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió el informe sobre la jornada del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025 y examinó aspectos como el uso de recursos públicos antes de las elecciones, la falta de regulación en redes sociales, el cambio de marca de bolígrafos, entre otros puntos.

En el documento, la misión repasa que su delegación llegó al país de manera escalonada a partir del 8 de noviembre y estuvo integrada por 16 personas, entre ellos especialistas internacionales de seis nacionalidades.

La misión precisa que su análisis se centró en diversos aspectos del proceso, como organización electoral, tecnología electoral, justicia electoral, financiamiento político-electoral y democracia directa.

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En este sentido, el informe observa que para este proceso electoral y para resolver posibles inconvenientes con el traspaso de tinta en las papeletas que se hayan presentado en la segunda vuelta presidencial de 2025, la misión consideró positiva la adopción de una nueva marca de bolígrafos para esta ocasión.

A la vez, la misión de observación electoral se pronunció sobre las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, sobre la “tinta mágica”, y recomendó a la autoridad que “se inhiba de polemizar con actores políticos, como lo hizo en el acto inaugural de la jornada electoral”, para evitar cualquier percepción de parcialidad.

Otro de los puntos que recoge la delegación internacional es que en reuniones con organizaciones políticas y sociales, se recibieron quejas de censura previa por parte de las autoridades electorales, en lo que se refiere a los contenidos de su campaña.

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“En materia político-electoral, el rechazo y aprobación a contenidos adquiere relevancia, en virtud de que cualquier acción estatal que implique revisión, aprobación previa, o bloqueo de los contenidos difundidos por organizaciones políticas, sociales o ciudadanas puede afectar directamente a su libertad de expresión, la igualdad de condiciones, y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y oportuna”, dice el texto.

Asimismo, en estas reuniones, precisa el documento, se receptó la denuncia de una agrupación que habría recibido bloqueos de sus cuentas institucionales, ejecutadas por el ente de control bancario, bajo órdenes del Gobierno.

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Las organizaciones políticas y sociales también reportaron a la delegación de la OEA, sobre la campaña del gobierno a favor del “Sí” a través de sus representantes en las redes sociales, de campañas anónimas y también se señaló una denuncia de campaña anticipada y uso de recursos públicos ante el TCE.

En cuanto a la propaganda electoral en plataformas digitales, la Misión de Observación Electoral de la OEA dijo que es fundamental que el CNE avance en su regulación, con el fin de garantizar que esta publicidad no se difunda fuera del periodo oficial de campaña, así como para supervisar el gasto en propaganda electoral en redes sociales, con el fin de imputarlo al tope establecido por la normativa ecuatoriana y, además, prevenir el ingreso de financiamiento ilícito a través de publicidad en espacios digitales.

Respecto al uso de recursos públicos, la delegación internacional repasa que distintas personas entrevistadas “se refirieron a que a pocos días del proceso electoral el gobierno anunció un bono denominado “Legado de Honor” de $ 46 millones para aproximadamente 100.000 policías y militares activos, además de estímulos a personas funcionarias públicas, a través del anticipo del pago del 13º mes de sueldo, apenas a dos días de la jornada electoral".

Sobre este caso, los representantes de la OEA en el referéndum y consulta popular precisan que si bien se ha justificado que esas prestaciones obedecen al interés de reconocer el esfuerzo de las y los servidores públicos, la misión “ve con preocupación el hecho de que la entrega de recursos financieros a unos días de la elección pueda generar percepciones desequilibradas y posibles sesgos, en detrimento de la equidad en la contienda”.

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Entre otras cosas, la Misión de Observación Electoral repasó el incremento de las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, en el marco de las propuestas de reforma que envió el presidente Daniel Noboa al organismo de control constitucional. Asimismo, recopiló que, a diferencia de lo ocurrido en las elecciones generales de 2025, en esta ocasión la presidenta del CNE realizó declaraciones públicas respecto de la necesidad de que las autoridades electas soliciten licencias.

A la vez, la delegación internacional puntualizó que, tal como sucedió en las elecciones anticipadas de 2023, el referéndum y consulta popular 2024 y las elecciones generales 2025, el presente Referéndum y Consulta Popular se desarrolló bajo estado de excepción. (I)