De positivo calificaron los voceros de las cinco fuerzas políticas que actúan en la Asamblea Nacional lo alcanzado este 30 de junio entre el Gobierno nacional y los dirigentes del movimiento indígena campesino con la mediación de la Iglesia católica y evangélica del país, que permitió levantar el paro de actividades luego de 18 días.

Los asambleístas comentaron que vigilarán el cumplimiento de los compromisos de ambas partes y además anuncian tareas de fiscalización para establecer los sectores o personas que estuvieron detrás del vandalismo que mantuvo en zozobra al país, así como determinar responsabilidades por los fallecidos durante la protesta.

El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, tras la firma del acuerdo, comentó que “a todas luces se puede observar que el Gobierno nacional lo que no quiso es que Virgilio Saquicela esté frente a ese diálogo”, pero que no es el momento de lamentaciones, sino de esa paz, de que se sintonice no solo con el acuerdo alcanzado, sino con las necesidades reales en seguridad, educación y salud del pueblo ecuatoriano.

Invitó a todos los sectores a trabajar, incluida la Asamblea Nacional, por los derechos de los ecuatorianos. Hoy retorna la paz en el Ecuador, y más allá de quienes hayan estado o no en una mesa en donde se ha firmado un acuerdo, lo fundamental es eso de que el Ecuador camine, funcione, triunfe y de que los ecuatorianos vivan mejor, anotó.

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Estos son los compromisos del Gobierno y del movimiento indígena para terminar el paro nacional que vivió el país durante 18 días

La oficialista Ana Belén Cordero (CREO) manifestó que es importante que los dos sectores hayan llegado a puntos de encuentro deponiendo posiciones, en el tema de combustibles, minería y derogatorias de decretos. Pero también dijo que se debe preguntar a la bancada de Pachakutik si está dispuesta a apoyar las modificaciones presupuestarias que se tendrán que realizar en lo posterior para cumplir con los acuerdos, sin subir impuestos a la gente.

También es importante que se investigue a nivel de la Fiscalía General del Estado y de la legislatura quién estuvo detrás de estas manifestaciones, porque ante los ojos del país no solo fueron demandas legítimas de la comunidad indígena, sino que hubo mucho más que eso, vandalismo, violencia y afanes desestabilizadores.

El socialcristiano Esteban Torres consideró que el Ecuador ya esperaba paz, pues la manifestación por aspiraciones legítimas al inicio fue pacífica, pero derivó en vandalismo, asedio a las ciudades y ataques a personas inocentes, y además significó muertes de personas, lo cual es lamentable.

Para la ejecución de los temas acordados, según Torres, espera que el movimiento Pachakutik en la Asamblea Nacional tenga un comportamiento afín a los planteamientos, porque se necesitarán recursos para financiar en los próximos años, pues en el presente año se podrán ocupar los $ 1.000 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional.

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Me alegro que se haya llegado a firmar el acuerdo, ahora lo difícil está cumplirlo y llevarlo a la práctica, porque incumplirlo puede ser peor de lo sucedido ahora, advirtió el legislador de Tungurahua.

Todos los hechos registrados en las manifestaciones, como acciones vandálicas, terrorismo y muertes, tienen que investigarse y fiscalizarse, porque no se puede permitir ni destrucción ni muerte ni violencia en la impunidad luego que ha pasado en el Ecuador. Los juicios penales contra los líderes de la manifestación tendrán que continuar su camino.

El coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, dijo que es un respiro para el país el acuerdo suscrito entre las organizaciones indígenas y campesinas con el Gobierno, porque ya no hay más riesgos de más muertes o actos violentos que ocasionaron grupos de vandálicos infiltrados.

Sin embargo, sostuvo que el acuerdo deja un sabor agridulce por lo alcanzado respecto a los combustibles, pues la perspectiva del movimiento indígena era reducir a un mínimo de $ 0,20 el galón, pero que no fue posible.

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Pedirá información sobre el acta suscrita para conocer a fondo lo que se tendrá que ejecutar y determinar acciones de cumplimiento. Pero que desde la bancada se tendrá que hacer lo necesario en función de cumplir con los compromisos con la ciudadanía. Dijo que está insistiendo al Gobierno los montos del dinero extrapresupuestario que está llegando a las arcas fiscales por el buen precio del petróleo a nivel internacional que supera los $ 100.

Quishpe comentó que se tienen que investigar los hechos de violencia que se registraron alrededor de la movilización, pues dijo que está claro que asambleístas utilizaron distintas maneras para retrasar el diálogo entre el Gobierno y la Conaie; “si no hubieran metido las manos, los correístas, tratando de reorientar el objetivo de la movilización hacia el “fuera, Lasso, fuera”, el diálogo desarrollado este 30 de junio pudo haberse dado hace muchos días.

Por el bien del país se dio el acuerdo, pero eso también significa que todos los actores políticos y la Asamblea Nacional debemos asumir una enorme responsabilidad para que nunca más se repita el junio de 2022, si vuelve a ocurrir significará que la clase política y el Gobierno han fallado, afirmó Marlon Cadena, jefe de la bancada de la Izquierda Democrática.

Cuestionó que se haya registrado una escalada de violencia con la operación de vándalos que se tomaron las calles, porque hubo lugares donde hubo delincuencia. Es necesario que el país dé respuestas a los sectores marginados, reprimidos y que se atienda con cuestiones reales y en el plazo mediato las peticiones que hicieron los estados movilizados. La ID encabezará desde la bancada la presentación de leyes para que los compromisos asumidos en el diálogo se cumplan, anotó.

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Para el legislador de UNES Juan Cristóbal Lloret, tras la suscripción del acuerdo en el país no hay ganadores sino perdedores, porque pierde el Gobierno, pierde el país con 18 días de movilizaciones y hay pérdidas económicas que superan los $ 500 millones.

Dijo que existe expectativa enorme de que se puedan cumplir las aspiraciones de los sectores movilizados, si bien se firmó un acta, pero se deja abierta a que se pueda contratar a través de otros mecanismos como mesas de diálogos. En todo caso la expectativa sigue pendiente, subrayó.

Lloret considera que no se necesitaría hacer ajustes presupuestarios para poder cumplir con la rebaja de los $ 0,15 en el precio de los combustibles, porque existen excedentes de la venta del petróleo, pues el precio del barril estaba en $ 69 y actualmente se vende superior a los $ 100. Este sector político también anuncia un proceso de fiscalización por delitos de lesa humanidad durante el paro nacional que se inició el 13 de junio y que concluyó este miércoles 30. (I)