“Presidente, lo invitamos a que pruebe en Fiscalía lo que nos acusa a nosotros”, así emplazaron los cinco legisladores de Pachakutik que fueron expuestos por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por supuestos actos de corrupción.

Los asambleístas Celestino Chumpi, Edgar Quezada, Gissella Molina, Rosa Cerda y Cristian Yucailla recibieron ayer el respaldo de la bancada legislativa y anunciaron que responderán ante la Fiscalía. Ellos, aunque no lo expusieron ante la prensa, dijeron que tienen pruebas de que lo señalado por el primer mandatario se queda en la calumnia. Gonzalo Realpe será su abogado en esta causa.

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Su coideario Ricardo Vanegas habló de que los legisladores aludidos por el presidente Lasso poseen audios de las conversaciones que han tenido. “En ellas se observa que funcionarios del Gobierno les han ofrecido cosas a ellos, y no que ellos han pedido; una cosa es cohecho y una cosa es concusión”, advirtió.

La corrupción nace por quien propone, añadió Vanegas, y si han propuesto son los funcionarios del Gobierno, ellos son los corruptos, subrayó, quien dijo que si le piden un consejo jurídico los cinco aludidos deberían presentar la denuncia penal en contra del que les propuso. “Hay que investigar a quién propuso, ya ustedes van a saber quién es”, subrayó.

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Celestino Chumpi, representante de Morona Santiago, afirmó que jamás fue electo para “venir a robar”. Solicitó a la Fiscalía General que determine los indicios de responsabilidad y que jamás huirá de la justicia, que nadie puede acusar a Celestino Chumpi de un delito jamás cometido.

Edgar Quezada, de la provincia de Sucumbíos, reveló que en varias ocasiones se han reunido con varios funcionarios y con el propio presidente de la República, pero jamás para pedir un puesto, jamás para pedir un cargo, todo lo contrario. Y rechazó los epítetos del primer mandatario que los tildó de asambleístas ladrones.

Dijo que dos cosas ha pedido al Gobierno: viabilidad para la provincia de Sucumbíos, porque las carreteras no sirven, y la universidad para los jóvenes amazónicos. Que en las reuniones con ministros y asesores jamás de los jamases se han pedido, como lo dice el Gobierno, recursos económicos.

Quezada comentó que cuando se quiso destituir al gobierno de Guillermo Lasso, a través de los Pandora Papers, él lo defendió y que muchos decían que Edgar Quezada era de CREO; a cambio de nada, sino de la estabilidad del país y de la democracia.

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“Vamos a comparecer, nos vamos a defender y vamos a demostrar que venimos a la Asamblea Nacional a legislar y fiscalizar, y no vamos a permitir que se dañe nuestra honra y dignidad, la de nuestra familia, cuando nuestros actos han sido públicos”, recalcó Quezada.

“Que nos pruebe que tenemos una dirección, una tenencia política, una gobernación o algún cargo en este gobierno, y esperamos que esto no se transforme en una persecución política”, anotó el representante de Sucumbíos.

Quezada dijo que al haber sido notificados de la indagación por parte de la Fiscalía, toda la investigación se vuelve reservada, pero que entregarán a Fiscalía toda la información para que esta determine.

Que esperarán que el presidente de la República, Guillermo Lasso, pruebe y luego como Pachakutik entregarán toda la información que sea necesaria, que primero esperan que diga el Gobierno a qué reunión se refiere, pues en el mes de marzo mantuvieron hasta cuatro reuniones con representantes del Gobierno. Pero que al estar en indagación no pueden adelantar criterios, pero que darán las facilidades a la Fiscalía.

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Gissella Molina, representante de Cotopaxi, expresó que está dispuesta a responder a la justicia y espera que en el tiempo más corto posible el presidente de la República pueda presentar las pruebas para que este acto bochornoso termine.

La legisladora Rosa Cerda, representante de la provincia del Napo, manifestó que ante la denuncia del jefe de Estado está lista para que se haga la respectiva investigación, porque “en su provincia de Napo ella no tiene nada y está limpia”, tras reiterar que no le tiene miedo al presidente de la República. Precisó que es fundamental que el Ejecutivo presente los justificativos de sus acciones.

Indicó que en la provincia de Napo no tiene ningún cargo ni ninguna autoridad y admitió que sí ha mantenido diálogos con autoridades competentes.

Cristian Yucailla, legislador por la provincia de Tungurahua, habló de un desacierto y de una calumnia del jefe de Estado en contra de los asambleístas, que demuestre que se han pedido cargos. “No me vengan a chantajear diciendo que tengo cargos, jamás lo haré, soy hombre de principios que representa una provincia y una nación”, destacó.

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Añadió que si el presidente de la República hubiese tenido la evidencia de los asambleístas debió poner la denuncia de manera inmediata, que él siempre se ha mantenido firme, que en los dos debates de la ley de inversiones votó en contra.

Rafael Lucero, jefe de la bancada, dijo que no sabía de las reuniones que mantenían los cinco asambleístas con funcionarios del Gobierno.

Que jamás ha habido un diálogo con el Gobierno, que los diálogos se han dado a nivel del jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores. Que tampoco hay acuerdos con el presidente Guillermo Lasso. “No ha habido, no habrá y con esto creo que no existirá”. Sin embargo, aclaró que no se cierran al diálogo.

Lucero insistió en que necesitan que el presidente de la República demuestre lo que ha manifestado, y como ya está en indagación respetarán la independencia de la investigación, y que piden al primer mandatario que tampoco interfiera, así como los asambleístas darán todas las garantías necesarias para que los legisladores puedan acudir a la Fiscalía. (I)