Asamblea no trató moción para reconsiderar votación de las reformas al COIP sobre violencia sexual digital

La moción para reconsiderar la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre violencia sexual digital se suspendió “por minutos”, pero no se volvió a instalar en la continuación de la sesión 704, de este 7 de mayo.

La normativa se aprobó la noche del jueves con 107 votos a favor y cuatro en contra, y en ella se incluyeron artículos que afectarían a la libertad de expresión que preocupan a sectores de la sociedad civil, e incluso a la Fiscalía General del Estado.

El asambleísta, José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia, que elaboró el informe para segundo debate, rechazó en la reinstalación del pleno de este viernes, las críticas a la modificación del artículo 178 del COIP.

Ofreció que presentaría una moción para reconsiderar la votación y eliminar ese texto sobre “violación a la intimidad”.

Asamblea Nacional aprueba sanción a quien haga uso indebido de datos de terceros sin su consentimiento

Este artículo con el COIP vigente, sanciona con uno a tres años de cárcel a aquellos que “sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenido de terceros datos y documentos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, fotos personales, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, contenidos digitales o comunicaciones privadas o reservadas por cualquier medio”.

Con lo aprobado el jueves, se le aumentó la frase o “por cualquiera de las tecnologías de información”.

La Fiscalía fue más allá y expresó su desacuerdo, al advertir que se eliminó la excepción sobre “la comisión del delito a la violación de la intimidad cuando una persona divulga grabaciones, de audio y vídeo en las que interviene personalmente, y cuando se trata de información pública”.

Añadió que esto “elevaría el índice de impunidad porque las actuaciones se considerarían ilegales, y no serían utilizadas como prueba en los juicios penales”.

“Esto causa un efecto negativo en las investigaciones penales que dirige la Fiscalía, tomando en cuenta que muchas de las evidencias importantes, que permiten develar grandes tramas de corrupción, delincuencia organizada y otros tipos penales, se producen y obtienen mediante esta clase de excepciones, contempladas en la norma penal”, precisó el organismo en un comunicado, difundido la noche de este viernes.

Previamente, durante la plenaria, Serrano reprochó las críticas y justificó: “Aquí no nos vamos a cubrir de ninguna situación oscura, gris alrededor de una ley que tratamos, para prevenir y combatir la violencia sexual digital. Los observadores y al mismo tiempo reaccionarios a los derechos de las mujeres, niños, adolescentes de las personas con discapacidades, puedan ejercer ese derecho frente al acoso cibernético, frente al hostigamiento cibernético, frente al bullying cibernético, no nos vamos a quedar con dudas sobre la ley que se aprobó. Aquí está en juego que nuestras hijas, hermanas, madres, amigas o ciudadanos que están todos los días utilizando las redes sociales, dejen de ser víctimas por delitos execrables que son los que hemos puesto en la ley de violencia sexual digital. Ese fue el gran objetivo con el que planteamos la ley”.

Añadió, que ellos no están “para perder votitos ni para querernos creer grandes ministros el día de mañana. Ya veremos cuál es la gestión de legislar y ejecutar la normativa que aprueba la Asamblea, vamos a ver cuándo haya que estar en el territorio. Estamos para enfrentar, poner la cara. No estamos para ocultarnos, no nos hemos ocultado ante los grandes delincuentes del país, ante el crimen organizado, aquí no estamos escondiendo nada. Que nos busquen donde quieran, ¡porque aquí, aquí! hay nombres, apellidos, familias que no pueden ser cuestionadas por ese bullying, por ese acoso”, dijo desafiante.

En ese sentido, anticipó que pedirá la reconsideración de la votación y que se elimine el artículo 178 que está vigente desde el 2014.

Se esperaba que dicha moción se someta a votación, después de que el pleno se pronuncie sobre el indulto a un ciudadano, Oswaldo García Macías.

Se aprobó el indulto a García, y el pleno no trató la reconsideración.

La moción no llegó a la Secretaría y el presidente de la Legislatura, César Litardo, suspendió la sesión por unos minutos. Se volvió a reinstalar, y finalmente, la reconsideración no se trató y el pleno quedó “suspendido”.

La Fiscalía en su misiva, enfatizó que “ninguna norma debería propender a garantizar la impunidad, sobre todo en un momento, en el que el combate a la corrupción representa uno de los mayores retos”.

Y en esa línea, anticipó que enviará un informe técnico a la Presidencia de la República, para que sea tomado en cuenta en su análisis ante un posible veto.

Desde la sociedad civil, la organización no gubernamental, Corporación Participación Ciudadana, consideró que el texto legal tiene “disposiciones que violentan los derechos y los Tratados Internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión”, por lo que pidió a la Función Ejecutiva que vete este artículo.

Que “se tome en cuenta estas y otras objeciones a fin de evitar que la reforma aprobada, lejos de lograr su objetivo de proteger los derechos de las personas y evitar la violencia digital, se constituya más bien en un elemento que abone a la falta de transparencia, o limite el trabajo periodístico y de investigación enmarcado en la ley y garantizado por nuestra Constitución”, expresó el colectivo en una misiva.

De igual forma, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) divulgó una carta abierta al presidente, Lenín Moreno, solicitándole que se vete el artículo 178, porque su “redacción es ambigua y puede afectar a quienes ejercemos el periodismo y a los medios de comunicación del país”. (I)