Un nuevo inconveniente amenaza con extender el concurso público para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, que se realiza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a puertas de convocar a la ciudadanía a postularse para ocupar ese cargo.
En la penúltima fase para integrar la comisión ciudadana de selección del nuevo contralor del Estado, la Asamblea Nacional notificó al Consejo de Participación Ciudadana que uno de sus delegados a integrar dicha instancia, ya no es funcionario legislativo.
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Este 16 de octubre, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela informó a los siete vocales del Consejo, que Santiago Cadena Martínez, quien fue designado como delegado de esa función a integrar la comisión ciudadana, no es parte de su nómina.
Por ello exhorta al CPCCS a que “en caso de ser procedente, se requiera la designación de otro funcionario que funja como delegado por parte de la Función Legislativa”, indicó Saquicela en su comunicación oficial.
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La Constitución contempla la conformación de comisiones ciudadanas para la designación de varias autoridades de control del Estado, en las que deben participar cinco representantes de la ciudadanía y cinco representantes elegidos por las funciones del Estado: Judicial, Electoral, Ejecutiva, Legislativa; y, de Transparencia y Control Social. Son en total 20 personas las que deben ser escogidas: diez principales y sus respectivos suplentes.
Por ello, durante un pleno de noviembre del 2021, Cadena fue designado junto a Nary Galarza, como delegados de la Legislatura a ser parte de esta comisión ciudadana.
Casi un año después de esa decisión, Saquicela informó que no cuenta con su delegado para formar esta comisión, para que a su vez, se le solicite el envío de un nuevo integrante que deberá ser elegido en una sesión del pleno, de acuerdo con su procedimiento interno.
Esto ocurre justo cuando el Consejo de Participación Ciudadana se alistaba a realizar el sorteo público para escoger a los cinco miembros de la ciudadanía de un banco de elegibles de 30 personas.
Descalificados
Estas 30 personas superaron la fase de admisibilidad, de calificación de méritos y de escrutinio público que se ha venido realizando desde octubre del 2021, cuando el Consejo convocó a la ciudadanía a participar.
Durante esta última fase de escrutinio, se presentaron impugnaciones a catorce candidatos por falta de probidad e idoneidad, que terminó con once descalificados.
Las impugnaciones las presentaron los asambleístas de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), José Chávez Valencia, Humberto Alvarado Espinel, Rosa Mayorga, Ferdinand Álvarez, Ricardo Ulcuango y Eduardo Zambrano Valle, quienes son miembros de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia.
Ellos argumentaron que los concursantes incurrían en la causal de falta de idoneidad y probidad para ser comisionados porque constaban en una lista elaborada por un exasesor (Alejandro Gallo) de la consejera y expresidenta, Sofía Almeida.
En esa lista, que fue la prueba de cargo de los impugnantes, se los acusó de ser allegados al gobierno de Guillermo Lasso y que por eso fueron admitidos a ser comisionados.
El pasado 6 de octubre, por unanimidad, los consejeros aceptaron once objeciones que hicieron los legisladores y descalificó a ese mismo número de candidatos; en tanto que, ratificó la participación de tres personas.
Concurso en suspenso
Al culminarse esta fase, el presidente del organismo, Hernán Ulloa aspiraba a que en estos días se realizaría el sorteo público para escoger a los cinco comisionados principales y cinco suplentes en representación de la ciudadanía, que intervendrían en la elección del nuevo contralor.
Con ello, el siguiente paso era que el Consejo convoque oficialmente a inscribirse para participar en el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para elegir al contralor.
Según Ulloa incluso se estaba adaptando uno de los pisos de la sede del CPCCS en Quito para que inicien con los procesos reglamentarios para arrancar la selección.
Sin embargo, con la notificación de la Asamblea, el concurso deberá esperar, pues cuando el pleno del Legislativo escoja a su delegado, este ciudadano deberá enfrentar la fase de admisibilidad y escrutinio público, que tomaría varias semanas.
Para elegir al Defensor Público
En tanto en otro concurso de selección, se espera que en las próximas horas, el CPCCS posesione a los diez comisionados ciudadanos que elegirán a la autoridad de la Defensoría Pública, cuyo actual titular, Ángel Torres Machuca, está prorrogado en funciones desde el 2019.
Los integrantes de esta comisión por parte de la ciudadanía y de las funciones del Estado que superaron las diferentes fases son: William Falconí Calderón y su suplente Tania Chamorro Paltin, en su orden; Diana Villacís Acosta y César Enderica Guin; Víctor Vásconez Merelo y Gabriela Cadena García; Gina Montalván Bravo y Eduardo Yánez Meza; y, Jorge Tipán Poma y Kimberly Villagómez Moscoso.
En representación de las cinco funciones del Estado, están los principales y suplentes, en su orden: por la Judicial, Jéssica Burbano Piedra y Paúl Astudillo Valdiviezo; del Legislativo, Diego Berrezueta Carrión y María José Valverde Borja; de la Electoral, Jéssica Rojas Vallejo y Xavier Vera Barros; de Transparencia y Control Social, Luis Mejía López y Ana Hernández Salcedo; y, del Ejecutivo, Isabel Noboa Nowak y Julio Ruiz Zhingre. (I)