El Gobierno baraja dos escenarios para lograr la aprobación del proyecto económico urgente de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, cuyo trámite consta en la agenda legislativa del viernes 26 de septiembre de 2025.

La primera opción es conseguir el respaldo de los tres legisladores de la región Amazónica que llegaron a la Asamblea Nacional bajo el ala de Pachakutik. La segunda, permitir que la iniciativa entre en vigencia por el ministerio de la ley, plazo que vence el próximo 28 de septiembre.

El proyecto de ley plantea una reforma estructural con tres ejes: fortalecer el manejo de fideicomisos, devolver la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados a sus partícipes para eliminar el subsidio y dotar al Biess de herramientas para generar liquidez.

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Por ello, el objetivo del proyecto es establecer reformas económico urgentes al sistema previsional y financiero del Biess, mediante la regulación del retorno de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados a sus partícipes, la gestión técnica de fideicomisos y la implementación de mecanismos que aseguren la transparencia, sostenibilidad financiera y protección de los derechos de los afiliados, jubilados y beneficiarios.

La legisladora Nathaly Farinango, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), comentó que tiene la certeza de que la quinta ley urgente del Ejecutivo será aprobada el viernes en el pleno de la Asamblea, porque hay muchos asambleístas conscientes que saben la crisis que vive el banco del Instituto de la Seguridad Social (Biess), y que necesita transparencia y rentabilidad para dar beneficios a los afiliados y jubilados.

Explicó que con el proyecto no hay riesgos de los recursos que maneja el Biess, y afirmó que la “mayoría de los jubilados van a estar felices con la decisión que tome el pleno el día viernes, porque es una ley en beneficio de ellos y pensada para ellos, y quienes quieren poner demandas de inconstitucionalidad están en su legítimo derecho y ADN también se defenderá en derecho.

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Para el sector oficialista, existen dos posibilidades para aprobar el proyecto de ley urgente. La primera, consolidar el apoyo de tres legisladores de Pachakutik que representan a la región Amazónica: José Nango (Pastaza), José Nantipia (Morona Santiago) y Edmundo Cerda (Napo).

Desde el lado de Pachakutik existen tres posiciones entre los nueve legisladores que llegaron al Parlamento. El grupo de los legisladores liderados por Mariana Yumbay (Bolívar) anuncia que votará en contra del proyecto urgente, porque los capitales del Biess se ponen en riesgo; en esa misma línea se mantienen las legisladoras Carmen Tiupul (Chimborazo) y Cecilia Baltazar (Tungurahua), y también se sumaría Manuel Choro (Cañar). Según Baltazar, no hay fundamentos claros que permitan respaldar las propuestas del Ejecutivo y hay riesgos de los recursos de los afiliados y jubilados.

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El tercer grupo de Pachakutik es aquel que en los últimos días ha votado junto con el Gobierno de Daniel Noboa, ahí están los representantes de la Amazonía: José Nango, José Nantipia y Edmundo Cerda, su posición es clave en el momento de reunir los 77 votos que se necesitan para aprobar un proyecto de ley. Sin este apoyo, el Gobierno alcanzaría 74 votos a favor.

En caso de que no haya el respaldo suficiente al informe de la mesa de Desarrollo Económico, la siguiente estrategia es esperar que transcurran los 30 días de plazo que tiene la Asamblea Nacional para tramitar el proyecto urgente, que en este caso vence el domingo 28 de septiembre. En caso de producirse este escenario, el presidente de la República a partir del lunes 29 de septiembre podrá ordenar, mediante decreto ley, la publicación en el Registro Oficial.

El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) anticipó que los tres legisladores que posee este partido en la Asamblea votarán en contra del proyecto, porque la iniciativa del Ejecutivo pretende “meterle la mano a los recursos del Biess” para mantener la coherencia del partido y para evitar que los gobiernos de turno conviertan en caja chica los recursos del banco del IESS, esta vez también no aprobarán el proyecto de ley.

Aseguró que con esta ley se pretende convertir al Biess en una institución deudora y no acreedora, porque va a tener que vender la cartera, lo cual pondrá en serio riesgo al sostenimiento de los recursos de los afiliados y jubilados del país.

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Con estas reformas lo que pasará es que el Biess tendrá que endeudarse para poder prestar plata a sus afiliados, y segunda, es vender la cartera vencida segura para darle liquidez, pero al Gobierno como una forma de cubrir el déficit presupuestario del Estado.

La bancada Revolución Ciudadana (RC) también votará en contra del quinto proyecto urgente del Ejecutivo, pues a criterio de la coordinadora de la bancada, Viviana Veloz, se pretende arrebatar los fondos al IESS y al Biess, con ello, dejar en total desamparo a los pensionistas y jubilados del país para dar paso a la privatización.

(I)