La Asamblea Nacional estrenará su periodo 2025-2029 con el tratamiento de un proyecto de ley presidencial que buscaría disolver los negocios irregulares que financian a los grupos criminales, aunque se desconoce cuánto dinero mueven en la economía formal y en dónde.
Daniel Noboa Azín, presidente de la República, remitió este sábado, 17 de mayo, el Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, calificado como urgente en materia económica, para que el Legislativo trate en 30 días o regirá por el ministerio de la ley.
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La iniciativa, según el Gobierno, busca interrumpir los flujos económicos ilícitos que alimentan y sostienen a las organizaciones armadas organizadas con un plan que estaría diseñado para “producir efectos económicos atacando sus fuentes de financiamiento, de operación financiera, redes de extorsión y blanqueo de activos, así como sus mecanismos de captura territorial”.
La consecuencia para el país es que generaría condiciones “propicias para la inversión, el empleo y la recuperación económica en las zonas que han sido escenario de operaciones violentas por parte de estos grupos”.
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No obstante, la motivación de este texto borrador no detalla a cuánto asciende el monto que generan las actividades ilícitas que han producido un incremento “exponencial” de los homicidios y la violencia.
De lo descrito, el crimen organizado consolidó sus zonas de injerencia en todas las provincias con negocios ilegales como narcotráfico, contrabando, minería ilegal, tráfico de armas, delitos hidrocarburíferos, a la fauna, recursos naturales como minería ilegal, lavado de activos, trata de personas, además de secuestro, secuestro extorsivo y extorsión.
Esto se concentra en Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Orellana por ser corredores estratégicos para el narcotráfico o recursos naturales altamente explotables como el oro y el petróleo. También la provincia de Sucumbíos, pues está rodeada de grupos armados de Colombia.
Y también en Guayas, en donde operan once agrupaciones delictivas, entre las que destacan Los Tiguerones, Los Choneros, Los Lobos, Las Águilas y Latin King y sus brazos territoriales, detalla el informe gubernamental.
En lo que va de 2025, el presidente Noboa decretó estado de excepción en tres ocasiones, porque el Estado no tendría la fuerza para contenerlos, requiere del apoyo militar y apela a la figura del conflicto armado interno, que le ha significado llamados de atención de la Corte Constitucional (CC).
Con este proyecto, el régimen no aborda una cifra que detalle cuánto dinero generan estos delitos y solo hay información dispersa que publican instituciones, organismos internacionales o investigaciones periodísticas.
Para sustentar la declaratoria de estado de excepción en marzo pasado se citó un análisis del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que describía que en 2024 se hicieron 330.472 operaciones militares en las que se incautaron “110,3 toneladas” de sustancias sujetas a fiscalización, que se convertirían en 110,3 millones de dosis que se venderían en el mercado internacional y producirían ingresos por $ 2.206’148.200, según los cálculos oficiales.
Al narcotráfico se le vinculan otras actividades, como la minería ilegal de oro, que —según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Quito— sirve para “financiar el crimen organizado y facilitar el lavado de activos”.
La exportación ilegal de este recurso no renovable se estimó en $ 1.300 millones hasta enero de 2025, detalla la agencia internacional en un despacho, refiriendo información del Ministerio del Interior.
En una recopilación de artículos escritos por actores políticos y de la sociedad civil, publicada por la Fundación Konrad Adenauer, Economías criminales, el exministro del Interior Patricio Carrillo reconoce que calcular la magnitud de la economía criminal es un desafío por su naturaleza y porque oculta sus actividades.
En contraparte, Carrillo alude a un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Los costos del crimen y de la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe, en el que se estima que lo que cuesta el crimen a un país alcanzaría los $ 261.000 millones, con datos a 2014.
En esta iniciativa legal, Noboa integra la determinación de un régimen de conflicto armado interno que se declarará por decreto ejecutivo y que es diferente a un estado de excepción.
En ese espacio de tiempo, según la propuesta, la Policía y las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso directo de la fuerza en contra de los miembros de los grupos armados organizados, especialmente cuando estos se encuentren armados o inicien ataques hostiles”.
“El presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene el mando supremo en la toma de decisiones relacionadas con el conflicto armado interno” y, bajo el principio de soberanía, el Estado estaría “facultado para tomar sus propias decisiones y gobernar al interior del país, sin permitir que otros Estados, organismos multilaterales u otras instituciones del derecho internacional interfieran en sus decisiones soberanas”.
Para reparar económicamente se plantean dos reformas, sobre las que no hay estudios claros y que tendrían impacto en el Presupuesto General del Estado.
Como, por ejemplo, se reformaría la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas para evitar las bajas voluntarias en medio de un conflicto armado interno y la Ley de Régimen Tributario para reducir el impuesto a la renta (IR) a quienes hagan donaciones de suministros para la fuerza pública.
El Ministerio de Economía y Finanzas, en el dictamen de factibilidad de llevar a cabo esta propuesta legal si llega a ser aprobada, señala que deberán regularse las excepciones para las bajas voluntarias, porque podrían necesitarse recursos, cuyo desembolso debe considerar los criterios de sostenibilidad fiscal.
En cuanto a la deducción del IR para donaciones, se debe observar que estas tengan origen lícito y que, al ser una disposición que está contemplada en la ley, se aclare cuál será la que regirá: si la existente o la que se apruebe.
Asimismo, se crearían incentivos económicos para la ciudadanía, esencialmente, para las zonas afectadas por el crimen organizado.
Pero se advierte que “por ser temporales deberán ser incluidos en un proyecto de inversión, a fin de orientar las fuentes de financiamiento adecuadas en función de la disponibilidad de los recursos fiscales y garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales.”
El Servicio de Rentas Internas (SRI) había advertido —según consta en el informe— que la inclusión de este incentivo de deducción del IR no permite estimar su impacto porque no hay información actualizada, pero podría “generar un incremento en el gasto tributario, reduciendo potencialmente los ingresos fiscales”. (I)