Paralización de un servicio público, lesiones, terrorismo, robo, sabotaje, daño a bien ajeno, intimidación, homicidio, delitos contra el agua, extralimitación de funciones, delito de odio y tentativa de homicidio son los delitos que por el momento la Fiscalía investiga si se habrían dado en el contexto de las manifestaciones convocadas por el sector indígena como parte de un paro nacional indefinido que se inició el 13 de junio pasado.

De los veinte casos informados por la Fiscalía General del Estado en estos quince días de paro nacional a través de sus redes sociales oficiales, en trece se abrieron investigaciones previas para analizar los hechos sucedidos, mientras que en otras siete causas ya se formularon cargos y se iniciaron procesos judiciales. Aún la Fiscalía no ha emitido un informe oficial con el consolidado de investigaciones previas y en fase de procesamiento que existirían por los hechos ocurridos en lo que va de junio de 2022.

Uno de esos casos por los que ya existe un procesamiento penal es el abierto el pasado 14 de junio contra Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), por el delito de paralización de un servicio público. En la causa existirá un procesamiento directo que se resolverá en una sola audiencia el 4 de julio próximo.

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Entre otros hechos por los que se formularon cargos está el relacionado con la quema de un patrullero en Quito, caso en el que hay cuatro procesados; otras catorce personas son judicializadas por la paralización de un servicio público ocurrida en la provincia de Orellana; otra persona es investigada por una tentativa de homicidio ocurrida en Riobamba; dos son procesados por terrorismo por los ataques al edificio principal de la Fiscalía General y a las unidades fiscales de Tránsito de Pichincha; y dos más son procesados por terrorismo por un patrullero incinerado y el ataque a cinco policías en el cantón Santa Lucía (Guayas).

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El presidente de la República, Guillermo Lasso, recordó en la cadena nacional del domingo último, en la que anunció la reducción de diez centavos de dólar en los precios de las gasolinas extra, ecopaís y diésel, que durante estos días el país ha sido objeto de múltiples actos de “barbarie y sabotaje”, por lo que —advirtió— ninguno de esos delitos quedará en la impunidad y todos aquellos que los han perpetrado serán llevados a la justicia.

Vamos a realizar inmediatamente las respectivas denuncias ante la Fiscalía para que estos delincuentes respondan ante la ley. Para los que siguen con la violencia y causando terror, nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza, para restablecer el orden y devolver a la ciudadanía la tranquilidad que requiere para vivir en paz y trabajar y prosperar”, apuntó.

Con corte al 27 de junio, la Policía asegura que ha presentado 62 denuncias, pues 218 policías han resultado heridos en 4.440 eventos de alteración pública ocurridos en estos días de protestas. Un total de 144 personas habrían sido aprehendidas por hechos ocurridos en el contexto de las manifestaciones; 29 policías habrían sido secuestrados, todos ya liberados; seis UPC y una Unidad Distrital de Policía, destruidas; 17 vehículos (entre motos y patrulleros), totalmente destruidos, y otros 83 con daños de diferente tipo.

“Creemos que la fuerza jurídica es la que hoy debe imponerse, más allá de una fuerza en un enfrentamiento entre delincuentes que, armados, pretenden sobrepasar una barrera y una formación policial. Pero nosotros continuaremos; el dispositivo de Policía continúa para garantizar y tutelar derechos”, señaló este lunes el ministro del Interior, Patricio Carrillo, al tiempo de anunciar que se presentarán las denuncias respecto de cada uno de los hechos en los que han sufrido lesiones graves.

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El ministro refirió que lo que la Policía está haciendo es alimentar las investigaciones que están abiertas en la Fiscalía desde el primer día del paro; que están entregando los registros de video y todos los demás registros que puedan encontrar para que sea la administración de justicia la que determine los niveles de responsabilidad.

“Estamos analizando a todos aquellos que se presentan como líderes en los cierres; tendrán que ir a la administración de justicia, para que ahí presenten las pruebas de descargo respecto de los registros que la Policía ha realizado. Luego hablarán de criminalización de la protesta: no va por ahí. Han cometido muchísimos delitos que no son de carácter político, como sabotaje; delitos que tienen que ver con otros mecanismos graves no solamente de rebelión, sino delitos que atentan contra la integridad de las personas”, anotó Carrillo.

Con base en un corte realizado el 25 de junio pasado, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras organizaciones aliadas señalan que los resultados de un monitoreo realizado a los días de paro nacional revelan 73 incidentes de vulneraciones a los derechos humanos, 5 personas fallecidas, 200 personas heridas y más de 145 detenciones.

Pese a que estas organizaciones sociales hablan de cinco personas fallecidas en el contexto de las movilizaciones, el ministro Carrillo sostiene que al menos uno de esos fallecimientos se dio por muerte natural, pues un protocolo de autopsia señalaría que fue por cirrosis; y otra de las muertes se habría dado por precipitación a una quebrada de 200 metros en un espacio sin iluminación.

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“En los tres casos restantes lo que pedimos es transparencia en la investigación; que las pericias las haga gente independiente de la institución, gente que realmente (las) realice (de forma) independiente, pero que no se juzguen a través de medios y redes. Este es un tema de la administración de justicia, y les compete que en transparencia se defina así”, refirió el ministro del Interior.

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Entre las investigaciones previas abiertas de oficio por la Fiscalía se registran cuatro que buscan analizar los hechos en los que se produjeron las muertes de Johnny F., quien cayó a una quebrada en la vía Collas, en Quito; de Byron Holguer G., fallecimiento registrado la noche del 21 de junio pasado en Puyo (Pastaza); de Henry Ernesto Q., quien habría fallecido en las inmediaciones del parque El Arbolito, en el centro-norte de Quito; la muerte de Franco Eduardo I., la cual ocurrió la noche del 23 de junio en San Antonio de Pichincha, noroccidente de Quito. Todas supuestamente acaecieron en el contexto de las manifestaciones.

Intimidaciones a periodistas; actos de odio; delitos contra el agua, tras la contaminación de las vertientes de agua que ingresan a las plantas de tratamiento de la Empresa de Agua Potable de Ambato; intimidación por el atentado contra Leonidas Iza, la tarde del sábado 18 de junio: estos son, entre otros, los delitos que se mantienen en la etapa previa y reservada de investigación en la Fiscalía General. (I)