En manos de la presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, está decidir sobre el archivo solicitado por el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, de la investigación previa abierta ante una denuncia por un supuesto tráfico de influencias y cohecho contra el presidente de la República, Daniel Noboa, su esposa, Lavinia Valbonesi, y directivos de la minera Dundee Precious Metals en Ecuador (DPM Ecuador).
La magistrada ya corrió traslado del pedido de archivo hecho por Alarcón, el 13 de octubre pasado, dentro de un corto tiempo que reemplazó al fiscal general encargado, Wilson Toainga. Tanto los acusadores, el excandidato presidencial Yaku Pérez y otros activistas sociales en defensa del agua, como los acusados dieron respuesta dentro de los tres días definidos para hacerlo.
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Pérez y otros ocho defensores del agua en la provincia del Azuay presentaron una denuncia para que se investigue un presunto acto doloso de tráfico de influencias, cohecho, conflicto de intereses en concurso de infracciones conexos en la entrega de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, en Azuay, a la empresa DPM Ecuador.
Según la denuncia interpuesta el último 26 de agosto, las presuntas irregularidades en las que se habría incurrido son que la minera canadiense entregó ayudas al proyecto social llamado Ana, el cual está encabezado por Lavinia Valbonesi, y aparentes reuniones con autoridades de DPM que el primer mandatario ecuatoriano mantuvo en su viaje a Canadá.
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Fernando Yavar, defensa del primer mandatario y su esposa, explica en el documento de contestación, en el que apoya la solicitud de archivo de la investigación previa abierta, que en la presente causa se evidencia que el denunciante actuó con pleno conocimiento de la falta de fundamento de sus afirmaciones, presentando una denuncia sin sustento fáctico alguno, lo cual constituye un actuar doloso que representa un abuso del derecho.
Tal conducta, anota Yavar, habría generado perjuicios a los denunciados, quienes se han visto obligados a ejercer su defensa ‘frente a una imputación infundada, respecto de un delito que no se configura’. Para los acusados y su defensa, por cuanto el hecho investigado no constituiría delito ni existen elementos para formular cargos a ninguna persona natural o jurídica, creen que lo mejor es solicitar que se declare el archivo de la investigación previa y se declare la “malicia” de los denunciantes.
“Los denunciantes han obrado con malicia al presentar una denuncia en nuestra contra sin previamente haber realizado una investigación integral en sede administrativa que permita arribar a una hipótesis medianamente creíble sobre los hechos denunciados, por el contrario, de forma expresa y directa, se nos imputó dolosamente en la denuncia dos delitos que nunca pudo ser acreditado por los denunciantes”, refiere el escrito ingresado por la defensa de Noboa y Valbonesi.
Por su parte, Yaku Pérez y el resto de denunciantes presentaron un escrito en el que se oponen al archivo de la investigación previa por el delito de tráfico de influencias, cohecho conflicto de intereses, es decir, concurso real de infracciones, y piden que se disponga a la Fiscalía que continúe con la investigación previa cumpliendo con todas las diligencias solicitadas por las víctimas denunciantes y que están pendientes de cumplir.
Además, piden que se permita la activa participación de los denunciantes/víctimas en la investigación previa bajo el cumplimiento estricto del derecho a la defensa, el debido proceso, la tutela efectiva, garantías jurisdiccionales y la seguridad jurídica. Piensan que así se evitará que las víctimas queden en indefensión, más aún, aseguran, cuando las tres concesiones mineras en fuentes de agua de Quimsacocha, en Azuay, estarían vigentes, intactas y no habrían sido afectadas ni mínimamente con la revocatoria de la licencia ambiental y que en cualquier momento podrán volverse a otorgar al proyecto Loma Larga de la multinacional minera de DPM Ecuador y en perjuicio de los Defensores del Agua de Cuenca y Azuay.
El expresidenciable del movimiento Pachakutik Yaku Pérez espera con esta oposición a que se archive la investigación previa la Fiscalía continúe con el proceso de indagación y así se cumpla el debido proceso, la tutela efectiva, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica que están amparados en el Código Orgánico Integral Penal, en la Constitución y en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
“Si se archiva el proceso, pues los denunciantes, que no solamente es Yaku Pérez, somos nueve defensores del agua de Quimsacocha que somos víctimas y denunciantes por ese licenciamiento ambiental (...), analizaremos, conversaremos y tomaremos la decisión. Acudimos a la Corte Constitucional o también podemos acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”, sostuvo Yaku Pérez. (I)