Faltando un mes para que se cumpla un año de haberse dado la lectura de la resolución oral en el caso Encuentro, en la que fueron sentenciados como autores del delito de delincuencia organizada Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Clemente Icaza Morla, exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), el Tribunal de Juzgamiento notificó la sentencia por escrito en 355 fojas.
La notificación se dio el 8 de octubre pasado, 322 días después de que, el 20 de noviembre de 2024, por unanimidad, los jueces anticorrupción Víctor Barahona (ponente), Kevin Cabezas y Consuelo Tapia sentenciaron como autor directo a Carrera a diez años de cárcel y a Icaza Morla, como colaborador, a nueve años y cuatro meses de prisión.
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En la sentencia se ratifica la multa para cada uno de los sentenciados: 40 salarios básicos unificados (SBU) ($ 18.800) para Carrera; mientras que para Icaza, 20 SBU ($ 9.400), y se define una reparación integral de $ 682.188,08 que debe ser pagada por cada uno de los condenados.
Respecto a la reparación integral económica, se aclara, se habría identificado que el perjuicio ocasionado probado en la audiencia suma $ 4′775.316,59, los cuales fueron otorgados a una persona natural y a tres consorcios que estaban vinculados a la misma red de corrupción en la que existen siete personas vinculadas.
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“Se dividen los $ 4′775.316,59 para siete, dando como resultado $ 682.188,08 para cada uno en su parte. En tales circunstancias la reparación integral corresponde a Danilo Carrera Drouet la cantidad de $ 682.188,08 y a Antonio Icaza Morla $ 682.188,08”, explica la sentencia del Tribunal de primera instancia.
Además, en relación a la reparación inmaterial, la condena señala que con la finalidad de reparar la reputación y la credibilidad de las empresas del Estado, en este caso CNEL EP, se dispone a las máximas autoridades de esta entidad que se promueva a través de los canales comunicacionales la existencia y el uso de buzón de transparencia a disposición de la ciudadanía en general.
En este caso la Fiscalía investigó una trama en la que se habían establecido acuerdos para direccionar contratos y ubicar, de manera fraudulenta, a personas para ocupar cargos en empresas públicas como la CNEL, Aduanas del Ecuador y BanEcuador. El grupo investigado, según la fiscal del caso, Luzmila Lluglla, habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas a empresas del Estado, todo con la finalidad de obtener réditos económicos.
En relación a Danilo Carrera y Antonio Icaza, en la sentencia se aclara que una vez que esté ejecutoriado el fallo ambos deberán cumplir su pena en un centro de privación de la libertad. Carrera actualmente mantiene arresto domiciliario, pues es un adulto mayor que tiene 83 años de edad.
Lluglla en la audiencia de juzgamiento afirmó que en este caso existió una red de corrupción que tenía como objetivo obtener réditos económicos de empresas públicas, que estaba liderada por Danilo Carrera y Rubén Cherres, empresario asesinado en 2023 en Santa Elena, y que contó con la colaboración de funcionarios públicos y privados como Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); los operadores de Cherres, Leonardo Cortázar y Gabriel Nain Massuh; y las empresarias Karen Leonor C. O. y Erika Tatiana F. M.
Según Lluglla, la línea de responsabilidades llevaría a definir que Carrera y Cherres se valieron de la designación de Luque Lecaro en la EMCO para nombrar a Antonio Icaza en la gerencia general de la CNEL y este a su vez habría direccionado contratos del sector eléctrico a favor de empresas relacionadas con Karen Leonor C. O. y Erika Tatiana F. M. En cambio, Cortázar y Massuh habrían ejercido acciones de intermediación para concretar el direccionamiento de contratos.
Massuh, Cortázar, Luque Lecaro, Erika F. y Karen C. también fueron llamados a juicio, pero este quedó en suspenso hasta que sean detenidos o se presenten voluntariamente ante la justicia. Los tres primeros permanecen detenidos en Colombia, Panamá y Argentina, respectivamente, a la espera de que se resuelva el proceso de extradición que mantienen en su contra. Erika F. es ubicada como prófuga de la justicia y Karen C. mantiene presentación periódica dos veces por semana hasta que complete su periodo de gestación, luego de lo cual se procederá con la etapa de juzgamiento. (I)