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‘Preocupa que la Asamblea ofrezca otorgar indultos a los miembros de las fuerzas de seguridad que cometan abusos’, dice Juan Pappier, subdirector en la región de Human Rights Watch

El especialista afirma que el decreto que declara el conflicto armado interno en Ecuador tiene errores y no justifica adecuadamente la decisión.

Juan Pappier, subdirector de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW). Foto: CORTESÍA

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Juan Pappier, subdirector de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), indica que la situación de violencia con carros bomba, desmembramientos, masacres carcelarias, una tasa de homicidios que se ha triplicado en los últimos años y las extorsiones, está entre las principales preocupaciones del organismo respecto de los derechos humanos en Ecuador.

El especialista esboza un escenario negativo para el país debido a que las declaraciones de estado de emergencia o de un “supuesto” conflicto armado interno difícilmente, considera, serán la solución a esta crisis.

“Ecuador necesita fortalecer su capacidad judicial para desmantelar a estas organizaciones de crimen organizado, enfrentando el lavado de dinero y la corrupción que permiten que estos grupos operen impunemente en el país”, afirma en entrevista con EL UNIVERSO.

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“Para enfrentar el crimen organizado lo que se necesita no son soldados, sino fiscales”, añade.

La migración irregular de ecuatorianos hacia Estados Unidos es otra de las preocupaciones. Más de 54.000 cruzaron el Tapón del Darién (límite inhóspito entre Colombia y Panamá) en 2023. Fueron la segunda nacionalidad más numerosa, luego de los venezolanos.

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Hay un índice de criminalidad sin precedentes, como lo mencionan en su informe. ¿Cuáles son las causas estructurales que han conllevado a esta situación?

Lamentablemente, las organizaciones criminales que exportan cocaína, en su mayoría de Colombia, han encontrado un ambiente provechoso en Ecuador. Han concluido que allí es más fácil mover la droga, evadir controles y lavar dinero. Esto ha tenido consecuencias dramáticas para los ecuatorianos: se ha triplicado la tasa de homicidios en los últimos años, la extorsión ha llegado a niveles sin precedentes y estamos viendo hechos aterradores de violencia, incluyendo carros bomba, desmembramientos y ataques a jueces, fiscales y políticos, entre otros. Esta es hoy nuestra mayor preocupación sobre la situación de derechos humanos en el país.

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Ecuador terminó el 2023 con una tasa de homicidios de 46 por cada 100.000 habitantes. El 91 % de estos crímenes están impunes. ¿De qué depende reducir esta tasa de muertes violentas?

Las declaraciones de estado de emergencia o de un supuesto conflicto armado interno difícilmente son la solución. En mi reciente visita al país pude observar debilidades importantes en todo el sistema de judicialización del crimen organizado: la policía, los fiscales, jueces y las cárceles. Ecuador necesita fortalecer su capacidad judicial para desmantelar a estas organizaciones de crimen organizado, enfrentando el lavado de dinero y la corrupción que permiten que estos grupos operen impunemente en el país. Para enfrentar el crimen organizado, lo que se necesitan no son soldados, sino fiscales. Ese es el gran desafío que tiene el país por delante.

¿Cuáles son los peligros que pueden darse en un contexto de conflicto interno que el presidente de la República, Daniel Noboa, ha declarado en Ecuador?

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Declarar o reconocer un conflicto armado interno siempre debe ser una decisión técnica basada en los hechos y el derecho internacional. Hay parámetros claros de derecho internacional que Ecuador debe cumplir para tomar una decisión de este tipo. Y lamentablemente el decreto que toma esta decisión está plagado de errores y no justifica adecuadamente esta decisión. Desde un punto de vista jurídico, es altamente cuestionable. Y ello tiene impactos reales en el día a día de la ciudadanía. Declarar un conflicto armado interno abre la puerta a utilizar las normas de derecho internacional humanitario, que son mucho más permisivas sobre el uso de la fuerza letal y prevén la posibilidad de daños colaterales de civiles. Es decir, estamos ante una decisión que puede facilitar gravísimos abusos cometidos con plena impunidad. Además, nos preocupa enormemente que la Asamblea haya ofrecido otorgarles indultos o amnistías a los miembros de las fuerzas de seguridad que cometan abusos. Para enfrentar el crimen organizado, hay que fortalecer el profesionalismo de las fuerzas de seguridad. Estas decisiones, que parecen ser bastante improvisadas, hacen exactamente lo contrario y pueden poner en riesgo a la ciudadanía.

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¿Cómo actuar en un contexto en el que se filtra la información de los operativos debido a la intromisión de los grupos delincuenciales en cargos altos del mismo Estado?

Ese es uno de los grandes problemas con el crimen organizado. No solo cometen abusos aberrantes, también se infiltran en el Estado y lo carcomen por dentro. Por eso, para enfrentarlo hay que fortalecer los mecanismos para investigar la corrupción en los funcionarios de Gobierno. En noviembre (de 2023) tuve una reunión muy provechosa con la fiscal general, Diana Salazar. Creo que la iniciativa de crear un cuerpo especializado de fiscales que investigue el crimen organizado, acompañado de un cuerpo de jueces, es una primera medida valiosa. Ahora hay que avanzar en la priorización de casos de alto impacto para las organizaciones criminales y ello debe incluir la investigación de la corrupción. Y algo muy importante que resalté en mi reunión con la fiscal general: siempre se debe usar el mismo rasero para investigar y procesar a cualquiera que haya cometido un delito.

En el informe denuncian las masacres en las cárceles. ¿Cómo se llegó a esta situación?

Ecuador ha tomado una serie de decisiones desafortunadas sobre su sistema penitenciario. Primero fue la construcción de megacárceles, que es una mala idea porque se vuelven difíciles de controlar y con ello facilitan los abusos del crimen organizado. Luego, la disolución del Ministerio de Justicia como ente político rector en la materia. Y todo esto acompañado de un aumento en la sobrepoblación carcelaria debido a un uso excesivo de la prisión preventiva, lentitud para implementar los beneficios carcelarios que prevé la ley y falta de estrategia para priorizar la persecución penal en quienes cometen delitos violentos. Debido a estos errores, el crimen organizado ha logrado controlar las cárceles y es hoy quien, a punta de extorsión y reclutamiento, provee los insumos básicos a las personas privadas de la libertad que el Estado no provee. Ecuador necesita recuperar el control de sus cárceles. Y para hacerlo lo peor que se puede hacer es seguir sobrepoblando o construyendo megacárceles.

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Hay una nueva ola migratoria cimentada en la desigualdad social y la inseguridad. ¿Con qué medidas se puede frenar esta migración irregular hacia Estados Unidos?

El aumento de la migración de ecuatorianos es un fenómeno que nos preocupa. Más de 54.000 cruzaron el Tapón del Darién en 2023. Fueron la segunda nacionalidad, luego de los venezolanos. Muchos sufren gravísimos abusos, incluyendo casos de violencia sexual. He podido entrevistar a migrantes ecuatorianos en el Tapón del Darién que nos mencionaban que huían del país por la violencia, la extorsión y el aumento de la pobreza. Esos son los problemas a los que hay que dar respuesta para reducir la migración. Mientras tanto, hay que avanzar con políticas migratorias mucho más serias a nivel regional que faciliten la integración de los migrantes y aseguren vías legales y seguras para aquellas personas que migran o buscan asilo. Las políticas restrictivas de la migración que ha promovido Estados Unidos han fracasado. Buscan reducir el flujo migratorio, pero en los hechos obligan a personas a cruzar caminos peligrosos y fortalecen el crimen organizado. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en el Darién, donde el flujo ha aumentado en parte debido a las restricciones de visado en México y Centroamérica que ha promovido Estados Unidos. Como muchos ecuatorianos no pueden viajar en avión a México para buscar asilo en EE. UU., no tienen otra opción que arriesgar su vida en la selva del Tapón del Darién. (I)

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