Por un presunto tráfico de influencias en vacunas VIP o por omitir la práctica de diligencias investigativas en un supuesto enriquecimiento ilícito en contra de Mauro Falconí, exministro de Salud, son una parte de las causales -que superan la docena-, con las que se pretende avanzar en un juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Ese planteamiento, que se resume en un supuesto incumplimiento de funciones, tuvo respaldo en el Legislativo para que continúe el trámite.

El pasado lunes, Salazar fue convocada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar las acciones tomadas en los casos denominados León de Troya y La Madrina.

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Correísmo impulsa un nuevo pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar

Esa convocatoria concluyó antes de lo previsto debido a que la presidenta de esa comisión, Pamela Aguirre, permitió a Ronny Aleaga, procesado en el caso Metástasis, a comparecer. Salazar se retiró y nunca hubo la intervención de Aleada por fallas técnicas.

En una entrevista en CNN en Español, la fiscal Salazar calificó de un “show” lo ocurrido y aseguró que las causales planteadas son procesales y estaría en contra de las atribuciones de la Asamblea que van enfocadas en lo político.

En noviembre de 2023, la asambleísta del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) Gisella Garzón presentó doce causales como parte de la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado.

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Y este 14 de mayo de 2024, se sumaron dos del asambleísta (RC) Héctor Valladarez, quien también aduce un presunto incumplimiento de funciones. Primero, porque no se iniciaron procesos judiciales a informes emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y segundo, sobre una supuesta “inacción” de la fiscal en un caso contra Carlos Pareja Cordero.

Estas son las causales planteadas por Garzón:

  • En el caso León de Troya habría una omisión en investigar a los miembros de la Policía Nacional, involucrados en el archivo de este caso dejando en impunidad a malos elementos de la institución, dice la causal. Además de obviar una investigación, donde presumiblemente, los actos de corrupción fueron encaminados a “proteger” al expresidente Guillermo Lasso y a su círculo cercano, mencionaba el correísmo.
  • En el Caso Encuentro, donde uno de los principales sospechosos es Hernán Luque, exgerente de EMCO, la Fiscalía supuestamente no solicitó al juzgador medidas que aseguren su comparecencia a la investigación. Argumentan que se omitió establecer prohibición de salida del país, utilización del grillete electrónico y presentación periódica.
  • Un incumplimiento en el artículo 442 del Código Penal en el caso INA Papers o Sinohydro. Este articulado exige su intervención hasta la finalización del proceso. La causal señala que no se intervino por más de dos años con tres meses de haberse presentado la denuncia.
  • El caso “de lesa humanidad” por las protestas de octubre de 2019 también fue mencionado. Se señala que hubo omisión al haber permitido la impunidad, y supuestamente impidiendo el derecho de las víctimas a la reparación.
  • El caso Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo. El documento indica que “la omisión de la fiscal ha permitido el forjamiento de un caso, la privación de libertad de un inocente que a la actualidad no tiene sentencia ejecutoriada y está en prisión preventiva luego de haber rebasado los límites constitucionales”.
  • El caso de vacunas VIP, que se investigó por presunto tráfico de influencias en donde estuvo involucrado el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos. Aquí se argumenta que ha permitido la impunidad y el retardo injustificado en la administración de justicia, y se ha violado los derechos de las víctimas impidiendo su derecho a la verdad.
  • La falta de formulación de cargos en el caso del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre el cual Santiago Guarderas interpuso una demanda contra Jorge Yunda.
  • El proceso por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de Mauro Falconí, exministro de Salud, en cuyo domicilio, según denuncias de medios de comunicación, se encontraron $ 47.000 injustificados. La interpelante cuestiona que se haya omitido la práctica de diligencias investigativas pese a tener la competencia de dirigir las etapas preprocesal y procesal penal.
  • El presunto incumplimiento de funciones el que denomina caso “consulta popular”. “Fue de conocimiento público en medios tradicionales y digitales, la utilización del presupuesto de las empresas públicas estatales para el financiamiento de la campaña por el sí en la consulta popular del 2018″, según el documento.
  • El caso Petroecuador. El tiempo transcurrido entre el 28 de julio de 2022 hasta el 26 de noviembre de 2023 sin que se haya investigado el presunto delito de tráfico de influencias en la institución es otra de las causales.
  • Otro supuesto incumplimiento de funciones en el caso Sobornos de funciones establecidas en el Código de la Función Judicial, en el artículo 282 numerales 1 y 3. Dicen que hay evidencias de haberse fraguado un resultado para interferir en la democracia y las elecciones del 2021.
  • El caso Narcogenerales, otro supuesto incumplimiento en investigar y no abrir una indagación previa, lo que la haría responsable políticamente.

Estas son las causales planteadas por Valladárez:

  • El asambleísta Héctor Valladárez indicó que entre los años 2019 y 2022, la UAFE emitió 92 alertas de potenciales casos de lavado de activos, “de los cuales la señora fiscal apenas 12 de los casos los procesó e inició un juicio correspondiente”. Dijo que en este tema se está incumpliendo el artículo 284 numerales 2, 4, 11 y 13 del Código Orgánico de la Función Judicial. “Protegió a potenciales lavadores de activos por un monto que sobrepasa los $ 250 millones”, afirmó.
  • La segunda causal que argumentó fue una supuesta “inacción” de la fiscal en un caso contra Carlos Pareja Cordero. Mencionó que en el 2016 la Fiscalía inició una investigación contra Pareja Cordero por presunto lavado de activos. Pero en 2017 el caso fue declarado nulo, luego que la defensa de Pareja Cordero denunció en Miami (EE. UU.) al perito informático de la causa por el presunto delito de hackeo de cuentas personales. Para el asambleísta, “la inacción” de la fiscal “permitió que los bienes incautados, inclusive dinero en efectivo, sean recuperados por el señor Pareja Cordero”. (I)

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